Expediente Posadas: Dos décadas de impunidad

A 20 años de que el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fuera asesinado con 14 tiros “directísimos”, el caso no se ha cerrado pero las autoridades federales siguen apegadas a sus dos hipótesis: la de su muerte “accidental” en el fuego cruzado entre bandas de narcos y aquella de que sicarios del cártel de Tijuana lo “confundieron” con El Chapo Guzmán. La conducción errática del caso marcó la trayectoria del entonces procurador Jorge Carpizo, pero dejó a salvo de mayores indagaciones al presidente Carlos Salinas y a su familia, a quienes algunos indicios apuntaban como probables responsables. Ninguna de estas suposiciones fue demostrada satisfactoriamente y tanto el autor intelectual del crimen como sus motivos siguen en el misterio.

GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- Dos décadas después del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, se ignora el motivo. El autor o los autores intelectuales nunca fueron identificados y el caso, prácticamente cerrado, parece condenado al olvido. Aun así, la hipótesis del enfrentamiento entre bandas rivales de narcotraficantes y aquella de que confundieron al prelado, se enquistaron en el discurso oficial.

En su número 1284, del 10 de junio de 2001, Proceso dio a conocer una carta escrita en latín clásico por un sacerdote de la diócesis de Cuernavaca. Ahora se sabe que el autor de la misiva, fechada el 25 de mayo de ese año, fue el padre José Uribe Nieto, de la parroquia de San José Tlahuapan, Morelos, quien la dirigió al cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.

En ese documento se exponen las presuntas razones que dieron pie al obispo de Cuernavaca, Luis Reynoso Cervantes, a modificar su postura en relación con el asesinato de Posadas, para aceptar la versión del gobierno mexicano.

Se dice que Reynoso, admitió, casi al final de su vida que el asesinato fue “directo e intencional”, y que además sabía el nombre del autor intelectual.

La carta original dice:

D. Sandoval

Mense Jun. A 99 D. Aloysius Reynoso mihi, coram testitus, dixit occissionem Domine Joannis Jesu directe et intentionaliter privatem fuisse, minime ob confussionem sine adjuvante sed a sicariis foraneis an hoc insuper se cognoscere nomen mandantis sed… non posse loqui neque te certiorem facere.

Valeas.

(Rúbrica)

José Uribe

Traducción: “Sr. Sandoval. En el mes de junio del 99, el Sr. Luis Reynoso me dijo a mí, delante de testigos, que el asesinato del Sr. Juan Jesús fue directo e intencional, que de ninguna manera por confusión o por las circunstancias, sino por sicarios foráneos (contratados) para el caso.

Más aún, que él conocía el nombre del mandante, pero… que no podía hablar ni decírtelo a ti.

Que estés bien”.

Según la descripción que hizo Uribe el 20 de diciembre de 2001 ante el Ministerio Público federal asignado al Grupo o Comisión Interinstitucional que reinvestigó el caso, Reynoso Cervantes hizo dicha declaración en junio de 1999, tras la celebración de la fiesta del Sagrado Corazón.

En la cena correspondiente, cuando estaban presentes el declarante, el sacerdote Martín Juárez y dos laicos, uno de éstos, Ladislao Guerrero, le preguntó al obispo Luis Reynoso acerca del caso Posadas.

El prelado le respondió: “Ya está todo aclarado. Tenemos argumentos jurídicos que prueban que la muerte del señor Posadas fue directa e intencional, por pistoleros traídos de fuera”. Agregó que incluso sabían quién había ordenado la ejecución.

De acuerdo con la actuación ministerial, Guerrero le sugirió a Reynoso que pasara los datos a Sandoval, a lo que el obispo replicó: “No podemos hasta que pase el año de las elecciones y haya un cambio de gobierno, gane el que sea; además, el señor Sandoval es muy bocón, nos llamó obispos ruines y haría todo público; entonces va a reaccionar Carpizo, que es otro bocón”.

En esa declaración, José Uribe señala que cuando Sandoval Íñiguez manifestó que el homicidio de cardenal Posadas era un crimen de Estado y provocó reacciones contra él, una de ellas que le llamaran mentiroso, decidió escribirle la carta en latín para informarle del comentario de Reynoso en la cena mencionada. La carta fue incluida en la averiguación previa.

Reynoso Cervantes, quien había participado en la citada Comisión Interinstitucional, falleció desangrado el 20 de diciembre de 2000 en un hospital de la Ciudad de México, tras una intervención quirúrgica simple. El obispo era uno de los pocos jerarcas católicos que no impugnaban la versión oficial que dio a conocer en su momento el procurador general de la República, Jorge Carpizo.

Como se publicó en la edición 1284 de Proceso, en el ocaso de su vida, Reynoso Cervantes expresó: “Ojalá hubiera sido un accidente, pero los disparos a quemarropa hacen pensar otra cosa… quisiera creer que fue un accidente, pero me hace dudar que a un metro y medio de distancia se le haya vaciado una metralleta”.

En el mismo número del semanario se reportó que Reynoso hizo una gran amistad con el entonces procurador Carpizo, que se habría iniciado o fortalecido cuando éste fue rector de la UNAM y el prelado catedrático de derecho. Además, Reynoso se hizo amigo del gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, quien según documentos entregados por el arzobispo Juan Sandoval Íñiguez al Vaticano en 2003, fue como director del Instituto Nacional de Lucha contra el Narcotráfico (INLN, ya desaparecido) que instruyó el operativo el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara aquel lunes 24 de mayo para que asesinaran al cardenal Posadas Ocampo.

En la propia edición 1284 de Proceso se recoge la versión de que Sandoval Íñiguez recibió información de un alto exfuncionario federal que reveló la supuesta autoría intelectual del expresidente Carlos Salinas de Gortari y de su hermano Raúl, “por sus implicaciones en el narcotráfico”.

Según esa versión, Carrillo Olea organizó el operativo y quien lo realizó directamente fue Rodolfo León Aragón, a la sazón director de la Policía Judicial Federal, con el apoyo de las autoridades estatales, entre ellas los sucesivos gobernadores de aquel entonces, Guillermo Cosío Vidaurri y Carlos Rivera Aceves.

En su declaración ministerial del 29 de agosto de 2001, Humberto Rodríguez La Rana, uno de los sospechosos, admitió que estuvo en el aeropuerto el día de los hechos. Ahí, dijo, se percató de que en el “lugar había varias personas armadas y con conchas, vestidos de civil, al parecer judiciales (…) así como dos vehículos oficiales del Ejército, tres de la Policía Federal de Caminos”. Dijo que reconoció al entonces director de la Policía Federal, Rodolfo León Aragón alias El Chino, quien iba acompañado de El Chapo y otras cinco o seis personas, “quienes llevaban armas largas listas para accionar y conchas (credenciales metálicas) de las que usaba la policía federal, y quienes ibas escoltándolos” (sic).

Por su parte, Juan Enrique Vazcones Hernández, un pistolero del barrio Logan, de San Diego, California, declaró ante el MP que el día del homicidio fue a Guadalajara con Ramón Arellano Félix, al que le habló por teléfono Rodolfo León para citarlo el 24 de mayo en el aeropuerto de esta ciudad.

Según Vazcones, cuando llegaron a la terminal aérea vieron que El Chino estaba con sus agentes en la entrada de vuelos internacionales, en el pasillo adonde llegan los taxis, pero que los policías no los vieron. Entonces Ramón Arellano le dijo al pistolero que mejor se fueran, por lo que de inmediato abordaron un vuelo a Tijuana.

Vazcones también recordó que posteriormente Rodolfo León le pidió a Ramón Arellano que entregara a dos de sus hombres para “enfriar el asunto” del homicidio del cardenal, y se comprometió a dejarlos libres después. El 28 de mayo de 1993, Vazcones y su amigo Ramón Torres Méndez, El Spooky, se entregaron, pero León no cumplió el acuerdo.

Los representantes del gobierno de Jalisco en el Grupo Interinstitucional lograron que el MP también llamara a declarar al expresidente Salinas de Gortari, pero no le avisaron a los abogados del Ejecutivo estatal para que estuvieran presentes en la diligencia del 2 de agosto de 2006.

Las preguntas que hizo el MP a Salinas fueron irrelevantes, por lo que los abogados del gobierno jalisciense pidieron que ampliara su declaración. Esta solicitud fue rechazada.

“Es evidente que las gestiones políticas que ha estado haciendo Carlos Salinas de Gortari para cerrar la averiguación previa del caso Posadas están teniendo efecto”, comentan José Antonio Sánchez Ortega y Fernando Guzmán Pérez Peláez en su libro La verdad os hará libres, que recopila parte de las últimas actuaciones ministeriales sobre el caso.

Comida en Los Pinos

 

En su declaración del 14 de abril de 1999 ante los integrantes del Grupo Interinstitucional –creado en 1998 por el procurador Jorge Madrazo a insistencia de Sandoval Íñiguez, asesorado por el diputado local del PAN y después secretario general de Gobierno, Guzmán Pérez Peláez–, el obispo de Nezahualcóyotl, José María Hernández González, confirmó que Posadas Ocampo fue invitado a una comida en Los Pinos en mayo de 1993, donde se trataron cuestiones muy delicadas.

Según el obispo Hernández Aguilar, los motivos del asesinato obedecerían a un reclamo airado de Posadas –entonces vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano– al mandatario porque su familia estaba involucrada en el narcotráfico.

En declaraciones ministeriales ante el mismo grupo, los sacerdotes Miguel Pérez Velasco y Rafael Uribe Pérez confirmaron ese encuentro, donde se mencionó entre los presentes a Manuel Camacho Solís (hoy senador del Partido de la Revolución Democrática) y el malogrado candidato del PRI a la Presidencia Luis Donaldo Colosio, además del asesor de cabecera de Salinas, José Córdoba Montoya.

En una ocasión posterior a esa comida en Los Pinos, varios sujetos vestidos de negro saltaron el muro de la casa del cardenal Posadas en Tlaquepaque, aparentemente para robar la documentación que pudiera comprometer a la familia de Salinas. Dos días después el jerarca católico fue asesinado.

 

Testimonios

 

En la edición 865 de Proceso, publicada el 31 de mayo de 1993, una semana después del asesinato de Posadas Ocampo, los reporteros Alberto Aguirre, Felipe Cobián y Guillermo Correa recogieron las voces de varias personas que estaban en el aeropuerto cuando se cometió el crimen.

Un estudiante que fue a la terminal aérea a recoger a un familiar de un compañero, destacó: “Alrededor de las 3:45 de la tarde salíamos hacia el estacionamiento, que se encontraba lleno. En el exterior vi una corretiza en los momentos en que entraba el Grand Marquis blanco del arzobispo. Muchos, como siete, salieron corriendo hacia el carro. Recuerdo bien que el cardenal tenía un pie fuera del coche. Ellos lo observaron, lo identificaron, pues vieron perfectamente su traje oscuro y su pectoral”.

El testigo señaló que el arzobispo trató de incorporarse de su asiento para salir del coche, pero se encontró de repente frente a sujetos fuertemente armados. Trató de cerrar la puerta para protegerse, pero uno de los pistoleros, situado al lado derecho del Grand Marquís, se lo impidió. Con la mano izquierda dio un jalón para abrirla, se auxilió con la metralleta, interpuso la pierna derecha y, de arriba hacia abajo, a bocajarro, le vació el cargador:

“No creo que haya habido confusión. Yo estaba como a 20 pasos del auto (calle de por medio, del lado del edificio). Vi cómo, cada vez que recibía los disparos, se estremecía el cuerpo de don Jesús”.

Semanas después, tres menores que se dedicaban a limpiar zapatos en los alrededores del estacionamiento del aeropuerto, narraron a Proceso que cuando el auto blanco del arzobispo tapatío pasó la caseta de acceso, dos o tres individuos que estaban cerca dispararon ráfagas al aire –que fueron la contraseña– y se escuchó que alguien dijo por radio: “Ahí va el señor, es él”. Al poco rato los menores oyeron otras descargas “y fue cuando mataron al cardenal, a su chofer (Pedro Pérez) y las otras personas”, siete en total.

Esta versión coincidió con la que aportaron dos policías estatales durante la reinvestigación del caso que estuvo a cargo del Grupo Interinstitucional (éste formado por agentes ministeriales de la PGR y representantes de la Iglesia y del gobierno de Jalisco, cuyos coordinadores jurídicos fueron Fernando Guzmán Pérez Peláez y José Antonio Ortega).

Atrás del Grand Marquis modelo 1993 del cardenal ingresó un Buick gris, que resultó ser del presidente municipal de Arandas, quien buscaba un lugar para estacionarse y se encontró con el vehículo de Posadas. Como el alcalde vio los hechos de frente, fue ejecutado instantes después. Ambos vehículos chocaron levemente.

Se supo que el arzobispo estaba en el lugar para recibir al nuncio apostólico Girolamo Prigione, quien vino a un acto privado.

Esa noche, el procurador general dio la primera versión de los hechos en los noticiarios de televisión con la ayuda de lo que pronto se conoció como “el nintendo de Carpizo”.

Éste afirmó que Posadas Ocampo murió en el fuego cruzado entre dos células de narcotraficantes, una perteneciente al cártel de los Arellano Félix y otra de la organización de El Chapo Guzmán. Pero el prestigiado médico forense Mario Rivas Souza lo desmintió al día siguiente: “Los 14 disparos que recibió el señor cardenal Posadas fueron directísimos a su persona”. Agregó que su chofer recibió nueve impactos, también directos.

Incluso Patrocinio González B. Garrido, quien era secretario de Gobernación cuando Carpizo dirigía la PGR, le reprochó a éste en un desplegado que hizo publicar el 18 de mayo de 2002, como respuesta a una afirmación que hizo en su libro Asesinato de un cardenal, ganancia de pescadores:

“En la página 111 crees que corres el velo de la verdad cuando dices que yo no te quería prestar los cuadros hechos por el Cisen en relación con el asesinato del Cardenal. Sin embargo, afirmas que en ellos ‘no había algo que la PGR no conociera con anterioridad’.

“Ahí tus palabras son claras. No te quejes de que te hayamos querido privar de información. Al contrario, afirmas que ya tenías toda la que estaba representada en esos cuadros. Destacas que te queríamos privar de esos cuadros, que no te servían para la averiguación. ¿Será que te da rubor decir con claridad que los querías para jugar al nintendo, en la televisión? Si quieres decir la verdad, basta con que señales que estuve en contra de tu nintendo, que me parecía precipitado y carente de seriedad y que así lo sigo pensando”.

Autoridad ausente

 

Los reporteros de Proceso consignaron que a pesar de la presencia de muchos policías en el aeropuerto, entraron en acción mucho tiempo después del asesinato. En el aeropuerto civil, a menos de 500 metros del internacional y con permanente vigilancia, está el hangar de servicios aéreos de la PGR, donde había 15 helicópteros, que el día del crimen permanecieron en tierra. También se quedaron en sus puestos el cuerpo de seguridad del aeropuerto, los agentes judiciales federales y los aduanales.

Sólo pasadas dos o tres horas, un helicóptero de la Policía Federal de Caminos sobrevoló durante más de dos horas la terminal aérea y un batallón de la XV Zona Militar acordonó la zona. En ella se encontraron 23 vehículos con impactos de balas de grueso calibre.

El Grand Marquis de Posadas Ocampo tenía al menos 38 y, según las indagatorias de la PGR y la procuraduría jalisciense que se dieron a conocer 28 horas después del crimen, el cardenal recibió 14 tiros. A 10 metros de su vehículo quedó un Century azul con placas JPG779, en cuyo asiento del conductor estaba sin vida Martín Alejandro Aceves, con cinco heridas de bala.

El mismo informe menciona que como a 25 metros se encontraron los cadáveres de Ramón Flores Flores y José Rosario Beltrán, originarios de Sinaloa. Francisca Rodríguez Cabrera y su sobrino Juan Manuel Vega Rodríguez fueron recogidos aún vivos en los módulos de acceso al aeropuerto.

La PGR informó que en el estacionamiento se hallaron otros vehículos con fusiles de asalto AK-47; un rifle M-16; tres pistolas de calibre 9 milímetros, 45 y 38 súper; nueve granadas de fragmentación; seis chalecos antibalas; 70 cargadores para AK-47 y para las pistolas mencionadas; 789 cartuchos útiles de diversos calibres; dos escáneres y cuatro teléfonos celulares.

De inmediato la procuraduría federal comenzó a difundir que los asesinos provenían de Tijuana, Baja California, el bastión del cártel de los Arellano Félix. Tras el desmentido del médico forense Rivas Souza y al leer en la Casa Jalisco un fax enviado desde la PGR, el procurador estatal Leobardo Larios Guzmán dijo que se contaba con los elementos necesarios para demostrar que la balacera en el aeropuerto de Guadalajara se debió a que el grupo de los Arellano Félix intentaba asesinar al El Chapo Guzmán.

La solución oficial

 

A la misa previa al sepelio de Posadas Ocampo asistieron más de 70 obispos mexicanos y extranjeros; aproximadamente 800 sacerdotes; la esposa del presidente Carlos Salinas, Cecilia Occelli, el secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido; el gobernador interino de Jalisco, Carlos Rivera Aceves, y miembros de su gabinete acompañados de sus esposas; el Congreso casi en pleno; dirigentes empresariales; líderes obreros, rectores de universidades y funcionarios municipales.

Los reporteros de Proceso narran que miles de personas se quedaron fuera de la catedral tapatía, participando en la misa a través de altavoces y monitores. Por cierto, estos aparatos fueron contratados por el Arzobispado pero fueron monopolizados por Televisa para su propia cobertura.

La ceremonia duró dos horas y media. La homilía estuvo a cargo de monseñor Adolfo Suárez Rivera, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, quien clamó:

“No debemos apresurar juicios y señalar culpables irresponsablemente ante los hechos que nos han conmovido. Frente a la amenaza de un severo rompimiento de la tranquilidad pública, urge responder con cordura, promover acciones visibles y eficaces que permitan que prevalezca en nuestra patria el estado de derecho, de justicia y paz.”

El cardenal fue despedido entre llantos, aplausos y vivas. Ya en la cripta se depositaron en el ataúd una mitra, un rosario, monedas, rosas púrpura y escritos sobre la vida y obra del arzobispo. Alfredo Sandoval Jáuregui, su médico de cabecera, certificó y selló el catafalco.

Aunque el asunto no se cerró oficialmente, la PGR se apegó primero a la hipótesis del fuego cruzado entre células de cárteles rivales, y hasta le puso precio a los sicarios: 15 millones de pesos a quien aportara información para capturarlos. Después, cuando Rivas Souza dijo que todos los tiros fueron “directísimos” contra el purpurado, la dependencia federal adoptó la hipótesis de la confusión.

Consultado al respecto por este semanario, Fernando Guzmán Pérez Peláez dice desilusionado: “El caso Posadas no está archivado. No se han atrevido a hacerlo, pero no se ha movido. No ha variado, hay muy pocas nuevas. Pero si ni en los gobiernos panistas se avanzó mucho, menos se va a avanzar ahora con los priistas. No veo por dónde”.

Comentarios