Recordatorio

Todo indica que el combate a la corrupción ha dejado de ser una prioridad para la actual administración y sus aliados en el Pacto por México. La firma del adéndum del pacto, tanto en la Ciudad de México como en Veracruz, revela el acuerdo de no llevar hasta sus últimas consecuencias las denuncias presentadas por el PAN y el PRD contra el gobernador de Veracruz y la secretaria de Desarrollo Social. Bastó con la remoción del tesorero jarocho y de los funcionarios de nivel medio en la secretaría. Ni Duarte ni Robles tendrán ya que preocuparse; sí, en cambio, Madero y Zambrano.

Mal precedente, sobre todo si se le compra con la obligada aunque tardía renuncia del titular de la Profeco. Las consideraciones políticas se ubican por encima de la aplicación rigurosa de la ley. No es esa la vía para implantar un auténtico estado de derecho ni para combatir la corrupción, con eficacia y sin doblez, como se ofreció al inicio del sexenio. De ahí el propósito de este recordatorio.

La corrupción es la marca de la ignominia sobre la faz de México. Junto con el hambre y la violencia que asuelan al país, la corrupción es el problema más lacerante, además de estar en el origen de ambos desafíos. Tanto la pobreza como el crimen organizado nacen y se nutren de la corrupción arropada por su hermana gemela, la impunidad. Al mismo tiempo, la corrupción es el mayor obstáculo para alcanzar dos metas impostergables e inseparables: la instauración de un verdadero estado de derecho y la consolidación de la democracia.

La corrupción no se limita al peculado, sino que corroe el sistema de justicia y pervierte la cultura política del país. Adicionalmente, tiene un alto costo económico. Sólo por concepto de mordidas, se estima que en 2010 el costo fue de 33 mil 224 millones de pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003-2010, elaborada por Transparencia Mexicana.

La corrupción va de la mano del mal gobierno, lo cual significa que produce pobreza y bajo crecimiento económico. Un estudio del Banco Mundial revela que si el gobierno de un país en desarrollo fuera capaz de controlar la corrupción, su ingreso per cápita podría aumentar hasta 400%. Del mismo modo, en naciones donde la corrupción es menor y los derechos de propiedad y el imperio de la ley son vigentes, el crecimiento del sector privado aumenta 3% anual, en promedio. Lo mismo ocurre con  la tasa de crecimiento de la economía: la diferencia entre un país en el que la corrupción se combate de manera eficaz y uno en que eso no ocurre, como el nuestro, puede variar entre 2% y 4%.

Por ello es preciso rectificar la senda de engaño y simulación a que se ha reducido la historia del combate a la corrupción en México, desde tiempos remotos hasta el presente. A partir de la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1988, las instituciones concebidas para combatir la corrupción han estado limitadas por la voluntad presidencial y en los hechos han fungido como instrumentos de encubrimiento, dando lugar a una impunidad institucionalizada.

Asimismo, al no estar dotada de autonomía constitucional, la actuación de la Auditoría Superior de la Federación también se ha visto coartada por los intereses políticos y económicos representados en el Congreso. La existencia de una amplia red de complicidades ha propiciado el libre ejercicio de la corrupción basada en el ocultamiento de la malversación de fondos públicos en el pasado, e incluso de adversarios políticos. Al estar todos los partidos políticos implicados en actos de corrupción, se opta por no abrir la caja de Pandora. Equivocada decisión, aparte de ilegal, claro.

Si el Pacto por México, o lo que queda de él, se convierte en el pacto del silencio cómplice, se derrumbaría la credibilidad de ese acuerdo en lo tocante a la “gobernabilidad democrática”, así como la legitimidad de sus firmantes. Más aún, quedaría en entredicho la aplicación honesta y eficaz de las reformas surgidas del pacto.

Así, por ejemplo, la reforma energética, prioritaria entre todas las demás, quedaría coja si no se acaba con el lodazal de corrupción que sustenta a la dirigencia del sindicato petrolero y el impacto que tiene sobre las finanzas y la salud administrativa de Pemex. En congruencia con el encarcelamiento de la lideresa del sindicato magisterial, el magnate del proletariado petrolero, que sin pudor alguno ostenta su mal habida fortuna, también debe ser llamado a la justicia. No se puede tomar en serio una reforma ni un gobierno que sostiene a un personaje de esa calaña como representante de los trabajadores de la empresa más importante del país.

Si bien sancionar a esos arquetipos de la corrupción resulta indispensable para erradicar el imperio de la impunidad que prevalece en el país, no es suficiente. Lo mismo debe hacerse con los gobernadores que dilapidan los recursos del erario estatal y endeudan a sus estados sin medida ni castigo. Es necesario aplicar la ley por igual, sin distingos de rango o colores partidarios, a quienes utilizan fondos públicos en beneficio privado, abusan del poder que ostentan para enriquecerse, incurren en conflicto de intereses, reciben un porcentaje del monto de contratos u obras públicas o bien fungen como encubridores o socios del crimen organizado. Sin sanción no existe procuración ni impartición de justicia.

El gobierno mexicano debe asumir los lineamientos establecidos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, abierta a firma en Mérida (México) en 2003, y aprender de los casos de éxito de combate a la corrupción, como Hong Kong, Singapur o Brasil. Sobre todo, es imprescindible dotar de independencia del poder político a la institución encargada de prevenir, detectar, investigar y sancionar a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción; además de exigirle transparencia, rendición de cuentas y publicación de sus resultados. Para hacer realidad la oferta de transformar a México es imperativo erradicar la corrupción impune prevaleciente.

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