Amnistía Internacional alza la voz

PARÍS.- El título del informe de Amnistía International (AI) es desgarrador: No tengo razón para creer que algún día saldré vivo de esta cárcel. Y explícito es el subtítulo: Sigue en Guantánamo detención por tiempo indefinido; 100 detenidos en huelga de hambre.

El documento de 20 páginas, publicado el viernes 3, tiene toda la información que AI pudo reunir sobre la huelga de hambre iniciada el pasado 6 de febrero por los detenidos de Guantánamo, la alimentación forzada a la que son sometidos y las reacciones internacionales al respecto.

También denuncia la política de Barack Obama, quien lleva cinco años sin cumplir su solemne promesa de cerrar esa prisión. AI considera que el presidente estadunidense carece de determinación para vencer la oposición sistemática del Congreso de su país a la clausura de Guantánamo y que mantiene posiciones ambiguas respecto al destino de los detenidos.

La organización insiste en la desesperanza de los 166 presos que aún están en la base naval y enlista las múltiples advertencias hechas a las autoridades estadunidenses en años recientes.

Y destaca que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), única organización autorizada a visitar a los presos de Guantánamo, rompió su tradicional discreción en 2004 al declarar públicamente que había observado “un deterioro preocupante de la salud psicológica de un gran número de detenidos afectados por el régimen de detención ilimitada”.

Indignado por la desidia de las autoridades estadunidenses a lo largo de tantos años, Peter Mauer, presidente del CICR, instó el pasado 11 de abril al gobierno de Obama y al Congreso a que buscaran “urgentemente una manera de resolver todos los problemas humanitarios, legales y políticos relacionados con los presos que siguen detenidos en Guantánamo”.

Cinco días después el Reino Unido publicó su informe anual sobre derechos humanos en el que calificó de “inaceptable” la detención indefinida y sin juicio de los presos de Guantánamo e insistió en la “necesidad urgente” de cerrar esa prisión.

El 5 de abril Navi Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ya había lanzado un grito de alarma exigiendo que Washington respetara las leyes y normas internacionales.

Hasta dentro del ejército estadunidense hay inquietud.

El pasado 20 de marzo el general John F. Kelly, jefe del Comando Sur, explicó en dos juntas internas que la orden ejecutiva de cerrar Guantánamo –firmada el 22 de enero de 2009 por Barack Obama– había generado expectativas entre los presos y que en los tres últimos años su frustración iba creciendo alarmantemente.

Recalcó que el desasosiego aumentó cuando supieron que se había cerrado la oficina del enviado especial para la clausura de Guantánamo a principios de 2013.

Kelly concluyó que los detenidos tenían la convicción de que Obama había renunciado a cerrar Guantánamo y que eso tenía consecuencias “devastadoras”. La huelga de hambre de los detenidos es la más grave de éstas. Pero las autoridades militares temen también una ola de suicidios.

A lo largo de los 11 últimos años y a pesar de la estricta vigilancia de la que son objeto, tres presos se suicidaron en 2006, uno en 2007, otro en 2009, uno más en 2011 y un séptimo en septiembre de 2012.

 

Oposición médica

 

Según AI, en las últimas semanas las organizaciones médicas empezaron a movilizarse contra la alimentación forzada de los huelguistas de hambre.

A finales del mes pasado las fuerzas navales estadunidenses reforzaron su equipo médico enviando a Guantánamo a 40 personas más para enfrentar la huelga de hambre.

Y el pasado 25 de abril Jeremy Lazarus, presidente de la Asociación Médica de Estados Unidos (AMA, por sus siglas en inglés), le escribió a Charles Hagel, secretario de Defensa, para exponerle los graves problemas éticos que plantea a la profesión médica la alimentación forzada de los presos.

En su carta Lazarus se refirió a las declaraciones de Tokio (1975) y de Malta (1991) adoptadas por la Asociación Médica Mundial, a la que pertenece la AMA. La primera afirma que un preso en plena posesión de sus capacidades mentales tiene el derecho absoluto de rechazar toda forma de alimentación forzada o artificial y especifica que sólo un experto independiente puede dar fe de su estado de conciencia.

La segunda subraya que la alimentación forzada de un huelguista de hambre viola la ética médica. E insiste en que “las autoridades no deben exigir de su personal médico actos que estén en contradicción con su juicio profesional o con la ética médica internacionalmente reconocida”.

James Welsh, especialista de AI en cuestiones de salud en cautiverio, va más lejos. Afirma: “Cualquier proceso de alimentación artificial y obligatoria es considerado un trato cruel, inhumano o degradante que viola el derecho internacional si se lleva a cabo de tal manera que provoca dolores o sufrimientos inútiles”.

Insisten los autores del informe: “Les corresponde a la administración Obama y al Congreso la obligación de remediar la situación actual. No lo deben hacer quebrando la huelga de hambre con alimentación forzada, llevando acciones punitivas o aislando a los detenidos. Les toca poner en marcha medidas reales de justicia y de respeto a los derechos humanos. Es la única forma de resolver el problema de las detenciones.

“Deben hacer por fin lo que hubiera debido hacerse desde hace años: Liberar a los detenidos que Estados Unidos no tiene la intención de enjuiciar, y ofrecer un juicio equitativo en una corte civil independiente que no recurra a la pena de muerte contra quienes decida perseguir judicialmente.”

Preocupa a los investigadores de AI el hecho de que si bien Obama repite que quiere cerrar Guantánamo, sigue siendo partidario de mantener en detención indefinida a 48 presos. Se apoya en el informe que le entregó la fuerza de tarea que creó en enero de 2009 para analizar la situación de cada uno de los 166 hombres encarcelados en la base naval.

También los inquieta el destino de los 86 detenidos juzgados aptos a ser liberados. La mayoría de ellos son oriundos de Yemen. Hasta el año pasado ese país se rehusaba a recibirlos y de todos modos Washington no quería devolverlos.

AI considera que esa ambigüedad no debe servir de pretexto a la inacción de la Casa Blanca y que por el contrario, encontrar un país huésped, respetuoso de los derechos humanos de todos los presos “liberables” debería ser una prioridad del gobierno de Obama.

Interrogada al respecto por la corresponsal, Anne Fitzgerald, directora general de Investigación de AI, enfatiza que la organización llevaba años haciendo labor de cabildeo en el Parlamento Europeo, con Estados de la Unión Europea y de otros continentes, para convencerlos de tener un gesto humanitario y otorgar asilo a quienes no pueden regresar a su país por temor a represalias.

El pasado 22 de marzo AI escribió al secretario de Defensa de Estados Unidos para comunicarle sus preocupaciones acerca de la salud de los detenidos e instar al gobierno de Obama y al Congreso a resolver el problema de la clausura de Guantánamo y del destino de los detenidos.

“Seguimos esperando respuesta”, comenta Fitzgerald. “El hecho de que Obama haya vuelto a tocar públicamente el tema de Guantánamo después de meses de silencio es esperanzador. Pero estamos atentos. Cerrar Guantánamo y colocar a los detenidos en otro centro de detención ilegal no sería la solución.”

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