Exigen en redes liberación de víctima del llamado “Monstruo de Iztapalapa”

MÉXICO, DF, 3 de junio (apro-cimac).- Activistas lanzaron una campaña en redes sociales para solicitar que el gobierno del Distrito Federal, a la PGJDF y al TSJDF que reconozcan que Clara Tapia Herrera fue víctima y no cómplice del presunto violador y corruptor de menores Jorge Antonio Iniestra Salas, el “Monstruo de Iztapalapa”.

En la campaña se denuncia (como lo documentó Cimacnoticias) que la PGJDF –cuyo titular en su momento era el hoy jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera–, incurrió en anomalías al detener y presentar a Clara ante los medios de comunicación sin orden de aprehensión ni aviso previo, como fue comprobado por la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF).

Clara es una mujer que vivió violencia desde la infancia. En octubre de 2004 conoció a Jorge Antonio, quien se hizo su amigo y a finales de enero de 2005 se fue a vivir a la conserjería de la escuela primaria donde ella vivía; ahí aprovechó para alejarla de sus tres hijos y su familia.

El sujeto comenzó a abusar sexualmente de las dos niñas y amenazarlas con no decir nada a su mamá, mientras que a Clara le pedía dinero para no dañar a sus hijas. La violencia psicológica y emocional que vivió Clara no fue suficiente, pues una vez que denunció enfrentó la revictimización por parte de las autoridades.

Tras más de siete años de maltrato y humillaciones, en 2011 Clara decidió poner fin a los abusos y denunciar a Jorge Antonio ante la PGJDF por diversos delitos contra sus dos hijas e hijo y de ella misma; una denuncia que fue recibida en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa.

El 1 de julio de 2011 las autoridades capitalinas abrieron una averiguación previa en contra de Jorge Antonio y sus cómplices por los delitos de corrupción de menores, explotación laboral infantil, violación equiparada, retención y sustracción de menores, amenazas, extorsión, robo y abuso de confianza.

El 6 de septiembre de 2011 Clara recibió una llamada de la PGJDF para pedirle que se presentara en el “bunker” de la Procuraduría, para reconocer a las personas detenidas por su denuncia.

Sin perder tiempo, Clara acudió con la esperanza de reencontrar a sus dos hijas, a quienes no veía desde 2009 cuando fueron secuestradas por Jorge Antonio, quien supuestamente se las llevó para protegerlas porque en ese año entraron a robar a la conserjería.

Cuando acudió a reconocer a los detenidos, en el lugar había mucha gente, fotógrafos y camarógrafos. Una mujer le dijo que pasara para que le hicieran un examen médico, pero minutos después, Clara apareció sentada junto a Jorge Antonio y sus supuestos cómplices. Era su presentación ante los medios.

En marzo de 2012, gracias a esa escena, el caso de Clara –entre otros similares– dio origen a la recomendación 3/2012 de la CDHDF, para solicitar a la PGJDF elimine la práctica de exhibir ante los medios a presuntos delincuentes.

La recomendación enfatizó que tal exhibición es violatoria del derecho a la presunción de inocencia, a una defensa adecuada, a los derechos de igualdad ante la ley y los tribunales, a la honra, la reputación, la vida privada y la intimidad, además de ser un trato cruel, inhumano y degradante.

Con esa resolución, la CDHDF determinó que además de la violencia que padeció a manos de Jorge Antonio, Clara fue estigmatizada por un juicio mediático que la sentenció mientras el proceso judicial apenas empezaba.

Y peor aún, sin ninguna consideración por parte de la PGJDF, Clara se enteró que una de sus hijas murió presuntamente asesinada por Jorge Antonio cuando las y los reporteros comenzaron a interrogar a los detenidos sobre el cautiverio de las dos adolescentes y la muerte de una de ellas.

Incluso la CDHDF pidió la reparación del daño para las personas afectadas por la actuación de la autoridad capitalina, algunas de las cuales ya habían sido liberadas al no comprobarse que cometieron algún delito, sin embargo Clara está por cumplir dos años en prisión acusada de corrupción de menores contra sus tres hijos.

No obstante y pese a las evidencias mostradas por el organismo, la PGJDF rechazó la recomendación al argumentar que la exhibición de presuntos delincuentes como Clara tiene una función social, pues sirve para que la ciudadanía reconozca y denuncie a los posibles responsables del delito.

El pasado martes 28 de mayo, activistas lanzaron la campaña “LibertadClara” a través de Facebook, Twitter y WordPress, y crearon una petición web para que las y los interesados envíen cartas al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y al presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, para que la mujer quede en libertad.

Asimismo se pueden dirigir misivas al procurador General de Justicia capitalino, Rodolfo Fernando Ríos Garza.
El caso está en manos del Juzgado 64 Penal, que analiza los alegatos, y en la Sala Octava del TSJDF, la cual debe determinar si se desvanecieron las pruebas que la acusaban y la deja en libertad.

En tanto y mientras se suman más muestras de solidaridad, Clara envió -a través de su hermana Cruz- una carta de agradecimiento a quienes la han apoyado. “Gracias les doy por ser personas tan sensibles y nobles desde que supieron toda la violencia-tortura que vivimos mis hijos y yo. Gracias”, dice la nota que circula en la página web de la campaña.

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