OAXACA, Oax. (apro).- “¡Eso ya es historia!”, exclamó con enfado la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, al pretender atajar la pregunta sobre los procesos judiciales y administrativos en contra de funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. —¿A usted, en verdad, le parece historia el que hayan saqueado el estado y que los ulisistas (integrantes del equipo del exgobernador) hayan provocado un quebranto patrimonial de cuatro mil 200 millones de pesos? —se le insistió. Para lavarse las manos, la panista justificó: “Es que parece repetir lo mismo que ya se ha dicho en los periódicos, aunque claro que es un tema bastante delicado y preocupante”. Todavía fue más allá, y culpó de esta inacción al procurador de justicia del estado, Manuel López López, lo que demuestra que las diferencias en el gabinete de Gabino Cué Monteagudo no se han superado sino profundizado. —Las auditorías y responsabilidades ya quedaron bajo disposición del órgano competente, que es la Procuraduría (estatal), y yo ya estoy al margen del asunto —dijo. —Contralora, ahora mismo están los casos de corrupción de los exgobernadores Andrés Granier, de Tabasco; Marco Antonio Adame, en Morelos; Juan Manuel Oliva, de Guanajuato; y Luis Armando Reynoso de Aguascalientes, ¿qué pasó con Ulises Ruiz de Oaxaca? —se le insistió. Dijo: “Efectivamente hicimos una declaración a la prensa (el 11 de julio de 2011) del resultado que arrojaron las auditorías, pero en el curso de los procedimientos administrativos de responsabilidad muchos de los exfuncionarios solventaron observaciones, de tal manera que el escenario de un principio varió, porque disminuyeron las cuantías”. Sin embargo, dijo, “eso no quiere decir que no haya habido responsabilidades, tan es así que continuamos en los procedimientos, pero desgraciadamente se interponen recursos y se llevan al Tribunal contencioso administrativo; más tarde se van a revisión y hasta al amparo. Son escenarios donde tienen una defensa exagerada y no podemos verles el final por lo que hace a responsabilidad administrativa”, aclaró. “Ya por la responsabilidad penal por ilícitos que presuntamente se cometieron se hizo del conocimiento de la procuraduría”. —¿Cuántas órdenes de aprehensión se han librado? —El conocimiento lo tienen ustedes, yo leo en la prensa las declaraciones que hace el procurador, que dice que hay seis o siete órdenes. Ya no puedo tener un interés muy particular de conocer. Todo queda en hombros del señor procurador. Hay cosas que yo ya no puedo informar, porque son confidenciales. El funcionario que tiene dar respuesta a la sociedad es el procurador, ya no está en mi radio de competencia. Al preguntarle sobre las responsabilidades administrativas, dijo que “son bastantes, el número exacto no lo tengo pero han sido económicas”. Se limitó a decir que “unos 10 o 15 ex funcionarios han sido inhabilitados por términos de dos o seis meses y el máximo es de 20 años, pero todavía están en el contencioso administrativo defendiéndose”. Para la contralora todos estos casos “ya son cosa juzgada y son irreversibles”.