Gran Bretaña: Indigna tráfico de influencias en el Parlamento

LONDRES (apro).- Un escándalo por tráfico de influencias en el Parlamento británico provocó graves consecuencias políticas para el gobernante Partido Conservador y orilló a la dimisión de un lord británico y a la suspensión de otros dos por haber aceptado dinero a cambio de favorecer en la Cámara Alta a una empresa surcoreana.

Quedó involucrado también en otro caso de “tráfico de influencias” el parlamentario conservador Patrick Mercer, quien renunció a la jefatura de la agrupación en la Cámara de los Comunes.

El lord John Laird se dio de baja del Partido Unionista del Ulster (UUP, en sus siglas en inglés), en tanto que los lores Jack Cunningham y Brian Mackenzie of Framwellgate fueron suspendidos del Partido Laborista.

El exjefe de la Policía británica, el lord Mackenzie, y el exministro del gobierno, el lord Cunningham, fueron grabados in fraganti en dos hechos separados por periodistas encubiertos del dominical The Sunday Times, que se habían hecho pasar por representantes de grupos de cabildeo.

Los tres lores negaron de inmediato haber violado regulaciones parlamentarias y sus casos fueron referidos al Comité de Estándares de la Cámara de los Lores, que ya investiga los casos.

Los lores fueron filmados en grabaciones secretas aceptando dinero a cambio de presionar por nuevas leyes en el Parlamento que beneficiaran los negocios de firmas ficticias.

De acuerdo con la investigación del Sunday Times, publicada el pasado 2 de junio, y que tuvo mucha repercusión en el resto de los medios de comunicación de Gran Bretaña, Mackenzie y Laird admitieron ante las cámaras ocultas cómo algunos lores también estaban confabulados para esconder del escrutinio público sus negocios y acuerdos ilegítimos.

Indicaron que algunos de sus colegas en la Cámara de los Lores intercambiaron dinero de empresas y grupos privados para favorecer ciertas leyes, en su mayoría de negocios y finanzas.

En una de las grabaciones secretas del Sunday Times, Cunningham pidió 144 mil libras esterlinas (unos 220 mil 250 dólares) al año por servicios personales de cabildeo a los periodistas encubiertos que se hicieron pasar por representantes de una compañía de energía solar de Corea del Sur.

El lord inglés, de 73 años, que fue legislador por la circunscripción inglesa de Copeland de 1983 a 2005, y que sirvió bajo el gobierno de Tony Blair —de quien sigue siendo un fuerte aliado—, dijo a uno de los periodistas encubiertos: “¿Está sugiriendo 10 mil libras (15 mil 300 dólares) al mes? Mejor digamos 12 mil libras al mes (18 mil 350 dólares). Creo que podemos hacer un acuerdo bajo esa cifra”.

Después del gesto de aprobación de los reporteros encubiertos, el lord fue filmado estrechando la mano de ambos, en un gesto de aceptación del acuerdo.

También dijo que podía presentarles políticos de alto rango de los principales tres partidos políticos británicos, el Conservador, el Laborista y el Liberal Democrático, para hacer acuerdos comerciales similares de tráfico de influencias.

El lunes 3 de junio, un día después de la revelación del Sunday Times, el programa de investigación periodística de la BBC, Panorama, emitió un especial en el que reveló cómo dos de sus periodistas engañaron al lord Laird y al parlamentario Mercer, también en un caso de tráfico de influencias.

Laird fue engañado por dos periodistas encubiertos de la emisora pública, que se habían hecho pasar por asesores de la firma ficticia Alistair Andrews Communications.

Este lord, de 69 años y propietario y director de la empresa de relaciones públicas John Laird Public Relations, dijo no haber violado ninguna ley, ya que no aceptó dinero alguno.

“En los últimos días he sido blanco de un complot de periodistas que se hicieron pasar por asesores de comunicación. Esto llevó a acusaciones acerca de que violé normativas de la Cámara de los Comunes, algo totalmente falso”, indicó el lord Laird en un comunicado difundido por su empresa, el pasado día 3 de junio.

Por su parte, Mercer, un exparlamentario conservador, renunció a su partido a finales de mayo, luego de haber sido acusado de cobrar 4 mil libras (6 mil 120 dólares) para influenciar y abrir un debate parlamentario para favorecer al gobierno de Fiyi.

El legislador por la circunscripción inglesa de Newark, de 56 años, también fue acusado de proveer de un pase de acceso al Parlamento a representantes de una empresa ficticia fiyiana. Incluso estuvo cerca de conseguir viajes gratis para varios legisladores ingleses y sus esposas a Fiyi, entre ellos el laborista Keith Vaz, presidente del Comité parlamentario de Cuentas Públicas, y los conservadores Julian Brazier y Mark Field.

El 15 de mayo pasado, Mercer hizo preguntas en el Parlamento a varios ministros del gobierno acerca de Fiyi y sostuvo en una moción que “no hay justificativo para la continua suspensión de Fiyi de la Mancomunidad de ex colonias británicas (Commonwealth)”.

Ese país había sido miembro del Commonwealth y del Foro de las Islas del Pacífico, pero fue suspendido en 2009 debido a un golpe de Estado.

Actualmente existen preocupaciones por parte de organizaciones internacionales sobre Fiyi. Desde la subida del gobierno de Frank Bainimarama al poder a través de un golpe de Estado en 2006, grupos de derechos humanos han observado que el gobierno ha seguido una política que pone en amenaza los derechos a la libertad de expresión, de la prensa y de libre asociación.

Tras el escándalo, Mercer dijo que buscará asesoría legal contra las acusaciones, aunque admitió renunciar de la agrupación “para salvar al Partido Conservador de la ignominia”. El legislador admitió además que no se presentará como candidato para las próximas elecciones generales, previstas para 2015, aunque podría verse obligado a renunciar antes.

La polémica generó que muchos parlamentarios, ONG en defensa de derechos civiles y grupos independientes exigieran al primer ministro británico, David Cameron, que introduzca normativas más estrictas para controlar a los parlamentarios británicos, principalmente en el caso de tráfico de influencias.

El código de conducta del Parlamento prohíbe a todos sus miembros “traficar influencias”, además de exigirles una declaración de todos sus intereses financieros y comerciales.

En ese sentido, el pasado 3 de junio el viceprimer ministro, el liberal democrático Nick Clegg, confirmó que en julio el gobierno propondrá ante el Parlamento una serie de reformas al respecto.

Clegg confirmó al periódico Daily Telegraph que Cameron está “determinado” a emprender dichas reformas y agregó que el escándalo por tráfico de influencias “es perturbador, pero no sorprende a nadie”.

“Estas acusaciones son sintomáticas de un sistema político que pide a gritos una reforma de pies a cabeza”, subrayó. “Los parlamentarios están acusados de abusar de su posición, y los empresarios, de estar demasiado próximos al poder político”, agregó el vicepremier.

Clegg dijo sentirse “decepcionado” que la propuesta para “democratizar” la Cámara de los Lores por parte de los Liberales Democráticos —quienes entre sus promesas electorales en 2010 habían incluido una reforma para tener mayor control en el Parlamento— haya sido bloqueada.

“Seguimos creyendo que hay que poner fin a una cultura de bancadas heredadas (en los Lores), que virtualmente garantiza a dichos políticos un trabajo de por vida. Hay que ser realistas, no hay una solución mágica y única contra políticos determinados a obrar de forma poco ética o inapropiada”, destacó el vicepremier.

Y se mostró a favor de nuevos poderes que obliguen a renunciar a los parlamentarios culpables de mal comportamiento o mal desempeño de funciones.

Por su parte, el diputado conservador Robert Buckland, miembro del influyente Comité parlamentario de Estándares y Privilegios, sostuvo en una entrevista con la radio 4 de la BBC emitida el mismo día 3 que debe instaurarse un sistema “justo y robusto” acerca del comportamiento de los legisladores y lores.

En ese sentido, el lord liberal democrático Matthew Oakeshott indicó que la Cámara de los Lores debe ser reformada “por completo”, debido a que es demasiado grande y muchos de sus miembros están allí gracias al patronazgo o por haber hecho enormes donaciones a partidos políticos.

“Honestamente, (La Cámara de los Lores) es un lugar bastante vergonzoso al que pertenecer en este momento”, indicó el lord inglés, quien se mostró a favor de penas de entre cinco y 10 años para parlamentarios corruptos.

Esta no es la primera vez que el Parlamento británico queda envuelto en un escándalo de tamaña magnitud.

En mayo de 2009 y durante varios meses durante el último gobierno laborista de Gordon Brown, el periódico Daily Telegraph reveló abusos cometidos por numerosos legisladores al sistema de gastos parlamentarios, con fondos de los contribuyentes.

El Daily Telegraph, un diario de tendencia conservadora, publicó datos sobre los gastos de los legisladores, comenzando por los ministros del gabinete, todos del Partido Laborista. En días posteriores amplió gradualmente la información, tomada en gran parte de un CD perteneciente a la dependencia oficial encargada de supervisar los gastos, y desenmascaró a unos 30 parlamentarios por gastos ilegítimos, en algunos casos por decenas de miles de dólares del tesoro público.

Ese escándalo llevó a una reforma completa al sistema de dietas y gastos parlamentarios, actualmente supervisados por un ente independiente.

Lo cierto es que la nueva polémica por el tráfico de influencias pone otra vez en cuestión la legitimidad de un anticuado sistema político británico que se resiste a más reformas, pero que deberá someterse a mayores controles si busca superar la creciente desconfianza pública en esa medieval institución y en todo el aparato político del país.

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