Primer semestre

Bajo la divisa de transformar a México, el presidente Enrique Peña Nieto ha delineado ya las principales metas y métodos de su gobierno. A seis meses del inicio de su mandato, se pueden vislumbrar prioridades, medios para intentar cumplirlas, así como los retos y resistencias a enfrentar. A pesar de sus tropiezos y limitaciones, el Pacto por México ha permitido romper la inercia de inmovilidad prevaleciente desde 1997, permitiendo la aprobación de reformas tan relevantes como la educativa o la de telecomunicaciones. No obstante, la aprobación no garantiza el acatamiento ni la aplicación de dichas reformas.

Los grupos de presión han hecho sentir su fuerza en diversos frentes. La suspensión y postergación del apagón analógico en Tijuana, apenas un día después de que el presidente Peña ordenara que se proveyera del decodificador para recibir la señal digital a los 200 mil telehogares que no lo tuvieron a tiempo, revela el poder de las televisoras en la defensa de sus intereses empresariales. Lograron revertir una decisión hecha púbica por el Ejecutivo. Así se trate de una posposición de 40 días, el proceso de toma de decisiones muestra que los tentáculos del duopolio televisivo alcanzaron a una institución supuestamente autónoma como el IFE, y lograron imponer su dominio sobre la Secretaría de Comunicaciones y la Cofetel, con la anuencia presidencial.

A pesar de que la Cofetel logró una cobertura de 93.1% –superior a los parámetros internacionales y a su propia meta de 90%– antes del apagón analógico, el poder de las televisoras fue capaz de doblegar al Comité de Radio y Televisión del IFE, integrado por los consejeros Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños, bajo el pretexto de que 7% de los electores no podría recibir los mensajes televisivos de los partidos y candidatos que contienden por la gubernatura, cinco alcaldías y 24 diputaciones en Baja California. A nadie escapa el gato encerrado en esa maniobra: la banda de 700 MHz que los concesionarios se resisten a devolver al Estado como parte de la transición a la Televisión Digital Terrestre.

La pregunta es si las televisoras acatarán la reforma de telecomunicaciones, cuya esencia es acotar el poder monopólico y propiciar la competencia, o si impondrán sus intereses en la redacción de las leyes secundarias que emanen de las reformas constitucionales. Y la otra gran interrogante es si aun con nuevas leyes e instituciones autónomas los poderes hegemónicos de facto serán capaces de salirse con la suya contando con la aquiescencia o complicidad de los poderes constituidos.

En última instancia, lo que está en juego es la autonomía del Estado y el imperio de la ley frente a los poderes fácticos.

En el caso de la reforma educativa, la estructura de poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sigue inmune, a pesar del cambio de dirigencia tras el encarcelamiento de la maestra Gordillo. Por otra parte, la oposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio lugar a manifestaciones masivas, entre ellas la toma de la carretera México-Acapulco durante el periodo vacacional de Semana Santa, así como asaltos a centros comerciales en Acapulco. Ello obligó al gobierno a negociar con los representantes gremiales de los maestros, lo cual podría tener resultados positivos, siempre y cuando no se trastoquen los objetivos centrales de la reforma: devolver al Estado el mando de la política educativa, capacitar a los maestros y seleccionar a quienes tengan los méritos académicos requeridos para desempeñar su labor, mediante un proceso riguroso y transparente, con el fin insoslayable de asegurar una educación de calidad para niños y jóvenes. Ésta debiera ser la reforma prioritaria del país.

Por otra parte, nuestra democracia púber aún se muestra indefensa ante los lobos de la perversión electoral. Más de tres décadas de reformas político-electorales, una sólida legislación electoral y la autonomía constitucional del IFE no han bastado para eliminar trampas como la compra del voto o el mercado negro de la publicidad política. Por ello es de primordial relevancia conocer la resolución definitiva del IFE sobre el Monexgate, al que al PRI le urge dar carpetazo (Proceso 1909). En tanto la turbiedad siga prevaleciendo sobre la integridad en los procesos comiciales, no se puede ser complaciente frente a la inconclusa transición democrática. No hay reforma ni ley capaz de frenar al corruptor electoral mientras no se ejerza justicia real, no cosmética, sobre el infractor.

La eficacia de las reformas depende en buena medida de la solidez de las instituciones encargadas de instrumentarlas, así como de la confianza y respeto que los involucrados y la sociedad tengan de éstas. El principal sustento de la fortaleza, confianza y respeto de la institucionalidad democrática es el imperio de la ley. Por el contrario, la arbitrariedad, el abuso de poder y la manipulación de la ley con fines políticos, no sólo obstaculizan la instauración de un verdadero estado de derecho, sino que disminuyen la confianza en las instituciones, lo cual entorpece la gobernanza y la eficaz aplicación de las políticas públicas. La corrupción de la ley y de la política mina la legitimidad gubernamental y, por ende, el desempeño de la administración.

Por más que el actual gobierno se ha esforzado en minimizar la violencia y la inseguridad, los salvajes efectos del crimen organizado no han menguado. Las cinco metas del Plan Nacional de Desarrollo –un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global– se podrán alcanzar a condición de que los ciudadanos confíen en que el gobierno y sus instituciones son capaces de brindar solución a sus problemas con eficacia y justicia. Por más que las políticas públicas estén rigurosamente planeadas y plasmadas en reformas estructurales, el presidente Peña Nieto sólo podrá ofrecer resultados si se erradican los tres grandes enemigos del buen gobierno: simulación, corrupción e impunidad.

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