MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Procuraduría General de la República, (PGR), a revelar los nombres y cargos de los funcionarios públicos implicados en las averiguaciones previas abiertas contra el narcotraficante Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, detenido en enero de 2008 en el estado de Sinaloa, junto con tres lugartenientes. En particular, la PGR deberá dar a conocer los nombres de los servidores y exservidores públicos ligados en casos donde haya sentencias condenatorias y hayan causado estado, es decir, en aquellas donde ya no se admite recurso legal alguno. Asimismo, el órgano de transparencia federal accedió a clasificar los nombres de los servidores públicos que hayan recibido sentencia absolutoria en el proceso penal federal que se les haya iniciado por su presunta colusión con la organización de los Beltrán Leyva. A través de dos solicitudes de información, una particular pidió conocer el nombre y puesto de los servidores públicos, municipales estatales y/o federales, incluidos diputados y senadores, que aparecieran en las averiguaciones previas contra Alfredo Beltrán Leyva, entre ellas la número PGR/SIEDO/UEIDCS/128/2008. Además solicito saber qué proceso se les siguió a dichos servidores públicos. La PGR respondió que la Unidad de Enlace no era el medio idóneo para solicitar información inmersa en averiguaciones previas y sugirió a la particular que acudiera personalmente ante el Agente del Ministerio Público ya que la información que le solicitó se encuentra en el rubro de datos personales, clasificada como “confidencial” y reservada por un periodo de 12 años. Inconforme con la respuesta, la recurrente presentó un recurso de revisión ante el IFAI en el que rechazó la clasificación invocada por la PGR al considerar que la información relacionada con un servidor público “es de evidente interés general” y puede resultar relevante para la evaluación de su desempeño. El asunto quedó en manos del comisionado presidente, Gerardo Laveaga. Durante la etapa de alegatos, la PGR mantuvo la clasificación de la información y argumentó que a fin de garantizar el acceso a la información pública gubernamental, únicamente podría proporcionar una versión pública de la resolución de no ejercicio de la acción penal. El comisionado ponente interpuso un Requerimiento de Información Adicional (RIA) y, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la PGR modificó su respuesta inicial e indicó que en las averiguaciones previas instruidas contra Alfredo Beltrán Leyva no había servidores públicos involucrados. En ese sentido Laveaga señaló que la respuesta debía transformase en una “manifestación de inexistencia”. Mediante un segundo RIA, el comisionado ponente solicitó a la PGR realizar una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes para conocer las averiguaciones previas seguidas en contra de Alfredo Beltrán Leyva. Sin embargo, no hizo pronunciamiento alguno. Tras realizar el análisis jurídico del caso, Laveaga encontró que además de la SEIDO, la PGR cuenta con otras unidades administrativas que podrían tener relacionada con averiguaciones previas y procesos penales federales: la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SEIDF) y la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA). Además determinó que al no tener respuesta al segundo RIA, no fue posible advertir por qué delitos se investigó a Alfredo Beltrán Leyva y que pudieron haber sido distintos a aquellos que investiga y persigue la SEIDO a través de sus Unidades Especializadas, y en cuyas indagatorias pudieron estar involucrados servidores públicos. Laveaga refirió que en una búsqueda de información pública encontró el boletín de prensa de la PGR número 92/08 del 14 de abril de 2008 en el que se indica que Alfredo Beltrán Leyva tenía a su cargo las operaciones de transporte de droga, lavado de dinero y cooptación de funcionarios públicos para su organización, en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit por lo que consideró que las delegaciones de la PGR en los seis estados son competentes para conocer de la solicitud de la recurrente. Además el comisionado ponente concluyó que no hay certeza en la exhaustividad de la búsqueda realizada por la PGR, sobre todo porque a la fecha en que resolvió el recurso de revisión no hay constancia alguna de que el Comité de Información de la PGR haya emitido la resolución formal de inexistencia de la información. Por ello Laveaga propuso al pleno del IFAI revocar la inexistencia de información referida por la PGR e instruirla a realizar una nueva búsqueda exhaustiva de lo solicitado en los archivos de todas sus unidades administrativas competentes, entre ellas la SEIDF, la SCRPPA y las delegaciones de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit, a fin de ponerla a disposición de la particular. Asimismo instruyó a la PGR a entregar solamente versión pública de sentencias condenatorias, en las que deberá testar los datos personales de los servidores públicos involucrados, excepto nombres y ocupación, oficio o profesión.