Turquía vuelve a ser noticia por las masivas manifestaciones de sus jóvenes y la represión contra ellos que ejerce el gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. El actual conflicto no es el único síntoma de que al gobierno turco opta por la represión: así lo demuestra el secuestro de un activista kurdo en Grecia y su traslado ilegal a Estambul, la embstid policiaca contra trabajadores que intentaban marchar el 1 de mayo y el encarcelamiento de opositores y periodistas incómodos. El arma favorita del régimen: el gas. MÉXICO, D.F. (Proceso).- A las nueve y media de la noche del pasado 30 de mayo, pocas horas antes de que la policía turca lanzara en el parque Gezi el ataque que dio origen a una gran ola de protestas juveniles, un turco de origen kurdo fue secuestrado en la capital de Grecia. Dos días más tarde, el sábado 1, su familia dio a conocer que Bulut Yayla, un activista opositor de 24 años, había aparecido en un cuartel de la Unidad Antiterrorista en Estambul. En vez de protestar por el secuestro y repatriación ilegal de un extranjero, el gobierno griego negó tener registros de la entrada y permanencia de Yayla en el país, pese a que tres semanas antes éste había formalizado una petición de asilo político luego de haber sido torturado en su país, según el Consejo Griego para los Refugiados. Esta organización también envió una petición urgente a la Corte Europea de Derechos Humanos para evitar que las autoridades griegas concedieran la extradición de Yayla a Turquía. “Las placas del automóvil privado que se usó para la abducción fueron anotadas por los testigos y corresponden a un vehículo­ de la policía griega”, explica la abogada Eleni Spathana, del Grupo de Abogados por los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados (GADIR). Cuando sus parientes lograron hablar con él, Yayla les contó que varios hombres que hablaban griego lo capturaron con violencia y lo encapucharon para después entregarlo a otras personas también grecoparlantes que lo hicieron pasar por debajo de una cerca metálica, en lo que él supone era la frontera con Turquía, donde lo recogieron individuos que se comunicaban en turco y en inglés, quienes finalmente lo llevaron a un cuartel en Estambul. El domingo 2, debido a las manifestaciones de protesta contra la represión que se extendían por toda Turquía, pasó inad­vertido el comunicado del GADIR que denunciaba los “acuerdos internacionales secretos que conducen a la persecución sistemática de los refugiados turcos”, pues el de Yayla es sólo el último de muchos casos de colaboración entre las autoridades griegas y turcas para capturar a personas acosadas por sus posturas políticas, especialmente activistas de izquierda o pertenecientes a organizaciones kurdas. “Fascismo de Estado”, lo describió el grupo de abogados, pues los gobiernos de Turquía y Grecia “usan fuerza brutal y violencia arbitraria, como si el orden legal y los humanos como sujetos de la ley fueran inexistentes”. Grecia es un Estado miembro de la Unión Europea (UE), entidad supranacional que se somete a su Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Además de estar en negociaciones para unirse a la UE, el Estado turco es presentado por los países occidentales como modelo de democracia para las naciones musulmanas. El 20 de enero de 2012 el presidente estadunidense Barack Obama le dijo al periodista Fareed Zakaria, de la revista Time, que uno de los cinco líderes mundiales a quienes considera sus amigos es el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan.   “Gazman”   Para los cientos de miles de manifestantes que han tomado las calles de las ciudades turcas, en cambio, Erdogan personaliza su indignación. Lo culpan de haber desatado una represión injustificada y excesiva contra un pequeño grupo de jóvenes pacíficos que había acampado en el parque Gezi, al lado de la céntrica plaza de Taksim, foco principal de la vida en Estambul, para oponerse al proyecto municipal de destruir la zona verde a fin de construir un centro comercial. Estos jóvenes se quejaban de que la decisión se había tomado apresuradamente –sin preguntarles a los ciudadanos si estaban de acuerdo en desaparecer uno de los pocos espacios verdes de la ciudad– y pedían ser recibidos por el alcalde para presentar sus objeciones. A las 05:30 del 31 de mayo –mientras Yayla era ingresado ilegalmente en Turquía– grupos antimotines atacaron a los jóvenes que dormían en tiendas de campaña en el parque Gezi. Los videos captados con los teléfonos celulares llevaron velozmente a todo el país escenas de brutalidad innecesaria y de un uso excesivo de gas lacrimógeno. Se difundieron imágenes de jóvenes envueltos en densas nubes de humo, algunos de ellos caídos y convulsionándose, y de pelotones de la policía disparando latas de gas por docenas. “Este gobierno no ama a la gente, pero ama el gas lacrimógeno”, declaró el político opositor Umut Oran en su blog. “Desde ahora el nombre del primer ministro es Gazman (hombre del gas)”. Una fotografía sintetizó lo que estaba ocurriendo: Una joven con vestido rojo y un bolso blanco colgando de su hombro, con la actitud pacífica de quien pasea por un parque, empieza a recibir una descarga de gas pimienta que le arroja un policía con tanta fuerza que el cabello de la muchacha se levanta como si estuviera frente a un ventilador. La chica de rojo se ha convertido en el símbolo del descontento. Otra gráfica, captada esa misma tarde, en el de la reacción popular: Los puentes que unen Europa con Asia aparecen repletos de gente que marcha en protesta contra la violencia gubernamental. Según datos de los activistas, hubo manifestaciones en 67 ciudades, incluyendo Ankara, la capital. El lunes 3 el resultado de los enfrentamientos era de tres muertos, mil 500 heridos y mil 700 detenidos, según cálculos de la oposición. Ese día el secretario de Estado estadunidense, John Kerry, expresó la “profunda preocupación” de Estados Unidos por “el uso excesivo de la fuerza por la policía”, le pidió “contención” al gobierno turco y que las partes “eviten provocaciones y violencia”. Washington tardó en darse cuenta, sin embargo, de que los actos desproporcionados de represión son cotidianos para las fuerzas de seguridad del país que, después de Israel, es su más importante aliado en Medio Oriente. El gobierno ha prohibido, por ejemplo, las celebraciones del Día del Trabajo. El 1 de mayo, cuando miles de sindicalistas turcos desafiaron las restricciones, la policía empleó contra ellos 14 toneladas de gas lacrimógeno mezclado con agua y miles de latas de gas se amontonaron en las calles, según el diario Zaman. Por lo menos 16 personas fueron hospitalizadas por los efectos de los químicos. Mayo fue un mes en el que el olor del gas lacrimógeno no dejó de sentirse en numerosos lugares de Turquía, como en Bursa, donde el día 7 fue empleado para disolver un pleito en un partido de futbol de adolescentes; en Estambul, el día 11, donde se produjeron protestas de los seguidores del equipo Besiktas por la inminente demolición de un estadio; y en esta misma ciudad, el día 15, cuando un pequeño grupo de estudiantes trató de manifestarse contra la política de su gobierno hacia Siria. La afición de la policía turca al gas lacrimógeno es tal que para facilitar la identificación de quienes habían participado en las manifestaciones del parque Gezi, le fue añadida una tintura anaranjada que creó pánico cuando se esparció el rumor de que se trataba del químico conocido como agente naranja, famoso por las deformaciones congénitas que les causó a miles de niños en Vietnam tras su uso por el ejército estadunidense. La represión de actos públicos y la persecución de opositores en el extranjero no son, sin embargo, los únicos actos por los que se cuestiona al primer ministro Erdogan. El 5 de septiembre de 2012 demandó que el Poder Judicial investigara a miembros del Partido de la Paz y la Democracia (BDP, organización kurda que rechaza la violencia) y les pidió a sus correligionarios del oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo que despojaran del fuero a 10 dipu­tados opositores con base en leyes que impiden la libertad de expresión al castigar con cárcel expresiones políticas de disidencia, descritas como “daños a la nación”. Actualmente legisladores de los tres mayores partidos de la oposición están encarcelados: cinco del BDP, dos del Partido Popular Republicano y uno del Partido del Movimiento Nacionalista. En 2009 y con el fin de forzar a la organización guerrillera Partido de los Trabajadores del Kurdistán a aceptar un acuerdo de paz, lanzó una operación masiva contra miembros de base del BDP, que actualmente tiene a 8 mil de sus activistas en prisión, incluidos funcionarios municipales electos. En respuesta varios dirigentes del BDP y cientos de kurdos encarcelados realizaron una huelga de hambre que duró 68 días, exigiendo que se reconociera el derecho de los prisioneros kurdos a defenderse en su lengua materna (y no en turco). A pesar de que al primer ministro se le atribuye el desmantelamiento de la red de poder del ejército, que mediante golpes de Estado determinaba el curso político de la nación, su imagen positiva se ha erosionado hasta casi desaparecer. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Periodistas han señalado a Turquía como el país con el mayor número de reporteros detenidos, además de mencionar que reconocidos informadores han sido despedidos por intervención personal del jefe de gobierno. Por ejemplo el reportero Rozh Ahmad, quien pasó 11 meses y 13 días en prisión. El 1 de octubre de 2011 cubría las campañas electorales en la ciudad de Mersin cuando fue arrestado en la calle, sin explicaciones. Lo reunieron con otros 41 detenidos y a todos los acusaron de pertenecer a organizaciones ilegales kurdas: “Yo era el único periodista. Los otros eran activistas de la sociedad civil, miembros del BDP e individuos que no tenían nada qué ver con política”, explica Ahmad. “Nos sometieron a juicio y a pesar de que los jueces no nos sentenciaron, nos llevaron a prisión. Así es que pasé casi un año tras las rejas sólo por ser periodista”. “Demócrata”   “Había ido a un centro comercial en el centro (de Ankara) con tres amigas”, cuenta una mujer de 26 años detenida el domingo 2 y quien pidió que su nombre se mantuviera en reserva. “La policía arrojó gas lacrimógeno dentro del edificio, los antimotines atacaron a la gente, nos golpearon y nos forzaron a ir a la planta baja”. Hicieron que todos se arrodillaran entre insultos. “Un policía nos preguntó: ‘¿A cuál de ustedes se le antoja complacerme?’”, continúa. “Luego nos patearon, nos esposaron y nos subieron a un autobús para llevarnos a un centro de detención. Éramos como 300 personas”. Ahí les dijeron que eran terroristas, que sus padres no las habían “educado apropiadamente” y fueron “aconsejadas por falsos abogados que convencieron a algunas de firmar papeles con declaraciones fabricadas. A quienes no quisimos hacerlo, nos maltrataron. A mí me golpearon ocho policías hombres. Apenas podía caminar. Vi gente con manos y dedos rotos por los policías. Mis amigas y yo vimos golpizas y torturas”. Tras 30 horas de detención, sin ver jamás a un juez, esta muchacha fue liberada gracias a los “abogados verdaderos” de la Barra de Ankara. “Así son las cosas bajo Erdogan, al que los estadunidenses y los europeos tanto admiran… el demócrata Erdogan”, concluye.