CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El candidato del PRI a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Jaime Orozco Madrigal, fue sepultado esta tarde por familiares y amigos. Luego de una misa de cuerpo presente que se celebró en el auditorio municipal, los restos de Orozco Madrigal fueron llevados al panteón localizado a la entrada del municipio que pretendía gobernar. El pasado lunes 10, el aspirante priista, de 40 años de edad, fue secuestrado por hombres armados que ingresaron a su domicilio y lo sacaron por la fuerza. Pese a que la familia pagó 2 millones de pesos por su rescate, Orozco Madrigal fue ejecutado y su cadáver fue hallado ayer en el entronque de los caminos a Baborigame, El Tule y Tahonas, cerca de la cabecera municipal. El gobernador César Duarte Jáquez aseguró que el asesinato del priista no afectará los avances logrados hasta ahora en materia de seguridad, y rechazó que el crimen tenga relación con la delincuencia organizada. En el mismo sentido se pronunció el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Fernando Herrera, quien descartó que el homicidio afecte el proceso electoral, pues a Orozco Madrigal, dijo, lo mataron a consecuencia del secuestro, no por ser candidato. En respuesta, Héctor Ortiz Orpinel, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso local, exhortó al presidente del IEE a hacer su trabajo y no a hacerla de investigador, pues es a la fiscalía a quien corresponde indagar las causas del homicidio, apuntó. Por separado, el presidente estatal de Acción Nacional, Mario Vázquez Robles, exigió la seguridad de todos los ciudadanos en Chihuahua, pues sólo de esa manera, agregó, puede haber libertad democrática. En medio de un ambiente de incertidumbre, de temor y presiones de todo tipo, subrayó, no puede haber libertad plena para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto. Mario Vázquez mencionó que su partido analiza la situación de cada candidato para definir si es necesario reforzar su seguridad, ya que al menos 20 municipios representan riesgos por el clima de violencia que viven. Luego de señalar que es responsabilidad de los gobiernos estatal y federal garantizar la seguridad en Chihuahua, el panista señaló que solicitarán la definición de un mapa de riesgos en la entidad y la focalización de esfuerzos para recuperar el orden y la tranquilidad en los municipios donde haya complicaciones. Manifestó que el homicidio de Jaime Orozco vino a manchar el proceso electoral, y demandó la actuación de las autoridades para evitar sucesos similares. El dirigente estatal del PAN criticó que a partir de que el PRI asumió el gobierno federal se ha instrumentado una campaña mediática con la que se pretende hacer creer a los mexicanos que el problema de la inseguridad ya está resuelto, y eso –dijo– ha sido respaldado por Duarte Jáquez cuando dice que en Chihuahua hay seguridad y que los municipios están tranquilos. “El PAN ha contravenido y contrariado al PRI-gobierno en Chihuahua, por las complicaciones de inseguridad en muchos municipios de la sierra y de la llanura, principalmente. Desgraciadamente con el crimen del candidato del PRI se confirma que la seguridad en los municipios está en un clima denso que afecta al proceso electoral”, añadió. Corral pide que cese de la violencia El senador Javier Corral Jurado envió una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para solicitarles la inmediata instrumentación del Acuerdo para la Seguridad y la Justicia en la zona serrana de Chihuahua, específicamente en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde sus habitantes padecen una escalada de violencia. “Es un hecho lamentable que obliga a la autoridad federal a actuar en el marco de colaboración con las autoridades locales y de conformidad con el Acuerdo para la Seguridad y la Justicia establecido en el Pacto por México, por lo que le solicito su intervención para solucionar la problemática de inseguridad en base a sus compromisos”, dice la misiva. Añade: “Los habitantes del municipio de Guadalupe y Calvo no deben ser desoídos en sus demandas y encontrar en la autoridad federal el respaldo necesario para continuar con sus actividades cotidianas en un clima de paz, seguridad y servicios indispensables para su desarrollo”. El panista puntualiza que el Acuerdo para la Seguridad y la Justicia establece la instrumentación de un Plan Nacional de Prevención y Participación Comunitaria, a través del cual se focalizará el avance del nuevo Sistema de Seguridad Social Universal en los municipios con más violencia. En el documento, el legislador destaca los programas de combate a la pobreza y escuelas de tiempo completo, así como el programa de empleo para jóvenes y la recuperación de espacios públicos junto con las comunidades, y puntualiza la necesidad de reformar los cuerpos policiacos a partir de un esquema de policías estatales coordinadas.