GUANAJUATO, Gto. (apro).- Autoridades estatales y del municipio de León –surgidas de PAN y PRI, respectivamente-- se responsabilizaron mutuamente de la atención a los cientos de jornaleros indígenas guerrerenses que laboran en campos de chile, cebolla y pepino y quienes viven en condiciones infrahumanas en comunidades rurales guanajuatenses. Mientras en la capital del estado se llevaba a cabo una reunión entre funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, la delegación de Sedesol y representantes de los cinco municipios donde se ha detectado la presencia de jornaleros, en León la alcaldesa priista Bárbara Botello Santibáñez aseguraba que no había sido convocada. La reunión fue convocada el miércoles 12 por el Secretario de Desarrollo Social y Humano, Éctor Jaime Ramírez Barba, quien advirtió que convocaría a delegados y a autoridades municipales “para exigirles que se respeten los derechos humanos” de los jornaleros indígenas asentados temporalmente en comunidades de León, Silao, Romita, San Francisco del Rincón y Manuel Doblado. La situación de los jornaleros y sus familias fue denunciada por el Centro Loyola, tras lo cual la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos envió personal a realizar una visita, que constató las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que viven mientras laboran en la cosecha del chile y la cebolla en esta región. El ombudsman Gustavo Rodríguez solicitó al gobierno estatal desplegar medidas precautorias para subsanar la falta de servicios médicos, de agua potable y para revisar las condiciones laborales de los jornaleros. Según la coordinadora de la Zona 3 de la Secretaría de Desarrollo Humano del estado, Cecilia Arévalo Sosa, en la reunión efectuada hoy –a la que no hubo acceso para la prensa-- se encomendaron tareas específicas a los gobiernos municipales, las cuales “brindarán lo que esté a su consideración” en materia de apoyo de salud, educación y protección civil. “La consigna es dar una respuesta inmediata, hoy mismo. Nosotros les vamos a dar acompañamiento, el censo que vamos a levantar lo trabajaremos de la mano”, dijo la funcionaria estatal. Arévalo Sosa explicó que algunas autoridades municipales ni siquiera se habían percatado de que los jornaleros estaban ya asentados en sus comunidades agrícolas. “Estas personas llegan sin hacer mucho ruido”, dijo. Luego anunció que a partir de la semana próxima personal de la delegación de la Secretaría del Trabajo efectuará visitas de supervisión para revisar las condiciones laborales de los indígenas guerrerenses y acordar con los patrones algunos servicios que tendrían que prestarles. El martes próximo, los representantes de los cinco municipios involucrados deberán presentar un informe sobre lo que se haya avanzado en la atención a estos grupos vulnerables asentados temporalmente en Guanajuato. Sin embargo, la alcaldesa priista de León, Bárbara Botello, no sólo criticó las condiciones en que deben emigrar los indígenas “porque les falló el presidente del empleo”, sino que pidió al titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado “que se ponga a trabajar” para aplicar recursos estatales en mejorar las condiciones de vida de estas personas. “El presidente del empleo nos falló, aquí está la prueba de que la gente se tiene que ir de otros estados a buscar en condiciones tan adversas el pan de cada día… no hay que buscar culpables, mejor hay que ponerse las pilas y trabajar para que el estado y los municipios tengan condiciones para atraer a los inversionistas y generar empleos bien pagados”, dijo la alcaldesa. En el Congreso, diputados locales acordaron hoy exhortar al gobierno federal y al ombudsman estatal para que “intervengan enérgicamente” en las comunidades que albergan a los jornaleros y verifiquen las condiciones de trabajo, el respeto a sus derechos, y les otorguen asesoría y acceso a los programas federales de empleo temporal. Los legisladores acusaron a los patrones y empleadores de estos trabajadores de fomentar condiciones similares a la esclavitud, aprovechándose de su necesidad extrema.