MÉXICO, D.F. (apro).- La organización El Barzón, encabezada por Alfonso Ramírez Cuéllar, denunció al gobierno de Chihuahua por actuar en complicidad con la mina canadiense Mag Silver y su filial Cascabel, para acusar de delitos prefabricados a defensores de trabajadores y del medio ambiente. En un comunicado, criticó que se pretenda criminalizar la protesta social, luego de que este viernes, en diversos medios de comunicación estatales, difundieron que la Fiscalía General del Estado inició una investigación por presunto robo y destrucción en propiedad privada en contra de más de 200 habitantes de la comunidad Benito Juárez, ubicada en el municipio Buenaventura, Chihuahua. Según la filial de los canadienses, los activistas robaron y destruyeron muestras de extracción minera con un valor de 550 millones de pesos. Para El Barzón esta acción es una venganza del gobernador Horacio Duarte contra su organización. “El Barzón Chihuahua ha enfrentado una campaña sistemática de desprestigio, orquestada desde el gobierno estatal que pretende sumergir en el descrédito a sus dirigentes y provocar el rechazo de la sociedad exhibiéndolos como personas violentas. Eso allana el camino a que se cumplan las amenazas de muerte que pesan sobre los dirigentes barzonistas. Se pretende justificar la represión y encarcelamiento de los líderes”, denunció. Recordó que en mayo pasado solicitaron al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que coadyuvara en las investigaciones sobre los homicidios de Ismael Solorio y Margarita Solís, defensores ambientalistas asesinados el 22 de octubre de 2012, pero no han obtenido respuesta.