Maestros de Oaxaca conmemoran desalojo de 2006; exigen cárcel para Ulises Ruiz

OAXACA, Oax. (apro).- El magisterio de la entidad conmemoró con una mega marcha el desalojo de 2006, e insistió en su exigencia de encarcelar “al tirano Ulises Ruiz Ortiz” y la creación de una comisión de la verdad.

Durante la marcha, que partió del Crucero de Viguera al Zócalo de esta capital, un grupo de encapuchados arrojó huevos y realizó pintas en el edificio del Comité Directivo Estatal del PRI, mientras otros profesores retiraban la propaganda electoral de todos los partidos políticos.

La manifestación se vio empañada por dos incidentes. El primero de ellos fue un accidente carretero en las inmediaciones de Teposcolula. Seis profesores resultaron lesionados después de que volcó la camioneta en la que viajaban. En otro hecho, tres maestras (Xóchitl García, Mayra Méndez y Soledad Olivera) fueron heridas al ser apedreadas durante la marcha, por lo que debieron ser trasladadas a un hospital del ISSSTE para su atención médica.

Al término del mitin, el dirigente de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rubén Núñez Ginez, manifestó que a “siete años de la masacre que el asesino de Ulises encabezó contra el magisterio, seguimos en la exigencia de castigo y no descansaremos hasta verlo en la cárcel”.

De igual forma, hizo un llamado a las organizaciones y demás sectores de la sociedad para integrarse al Frente Único de Lucha con el objetivo de insistir en la libertad de los presos políticos y la presentación con vida de los desaparecidos.

Mencionó que la marcha de este viernes, en la que participaron alrededor de 70 mil maestros, es para decir a los gobiernos estatal y federal que “no hemos olvidado a nuestros muertos, heridos y desaparecidos”.

También, dijo, para decirle a Gabino Cué que el pueblo se está reorganizado para hacer frente a la embestida del gobierno de Enrique Peña Nieto por la criminalización de la lucha social.

Al preguntarle si creía que en Oaxaca podía ocurrir lo mismo que en tabasco, donde días atrás inició un juicio contra el exgobernador Andrés Granier Melo, respondió: “seguimos en la exigencia de castigar a los asesinos encabezados por Ulises Ruiz y no descansaremos hasta verlos en la cárcel”.

Advirtió:

“Entendemos que son protegidos por la justicia, pero buscaremos otros mecanismos para que sean castigados”.
Por lo pronto, dijo, la asamblea estatal acordó boicotear la jornada electoral y la Guelaguetza oficial. Los maestros presentarán una Guelagueza Popular del 22 al 24 de julio para reafirmar que el movimiento magisterial sigue vigente, añadió.

De acuerdo con un documento del que Apro tiene copia, el 14 de junio de 2006, 886 elementos de la Policía Estatal
Preventiva, organizados en siete grupos y armados con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, irrumpieron a las 04:30 de la madrugada en el Zócalo de esta capital para desalojar a los maestros de la Sección 22 del SNTE.

La policía ocupó la plaza durante tres horas y media, luego de que los mentores se desplazaron a las 56 calles aledañas, donde tras reagruparse volvieron al Zócalo y obligaron a la policía a salir corriendo.

El saldo del fallido operativo, según el informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue de 143 personas lesionadas –102 policías, 30 maestros, un estudiante y 10 civiles– y ocho rehenes.

El desalojo ordenado por Ulises Ruiz Ortiz y ejecutado por su secretario general y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Jorge Franco Vargas y José Manuel Vera Salinas, respectivamente, dio origen a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El conflicto sociopolítico se prolongó hasta el 29 de octubre, día en que ingresó de la Policía Federal Preventiva (PFP), que tuvo que sortear diversos bloqueos y barricadas.

La SCJN documentó al menos 33 operativos policiacos seguidos de enfrentamientos. La resistencia civil culminó el 25 de noviembre con el desalojo violento de los manifestantes, hecho en el que fueron detenidas 139 personas.

En todo el periodo de confrontación fueron arrestadas 383 personas, a 221 de las cuales les fue decretado el auto de libertad por falta de elementos.

Se documentaron 11 asesinatos directamente relacionados con el evento y nueve indirectos, además de 87 lesionados: 15 civiles, ocho periodistas, 62 elementos de la PFP y dos policías municipales.

En sus conclusiones la SCJN determinó que con motivo de los eventos existía “la presunción de que las autoridades federales, estatales y municipales incurrieron en violaciones graves de las garantías individuales y derechos fundamentales, que tuvieron un impacto trascendente en la forma de vida del estado de Oaxaca”.

Destacó violaciones a la libertad de tránsito, libertad de trabajo y derecho a la información, pero también probables excesos de las fuerzas policiacas municipales, estatales y federales.

Asimismo, “las probables omisiones o pasividad de las autoridades municipales, estatales y federales para restaurar, mantener el orden público y la seguridad en la zona de que se trate”.

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