Obama y el “gran hermano”

MÉXICO, D.F. (apro).- El espionaje generalizado de comunicaciones electrónicas practicado por el gobierno estadunidense podría ser mucho mayor y abarcar a más países, por lo cual organizaciones civiles piden al Congreso de ese país una investigación a fondo de lo que consideran una violación a las libertades civiles y la privacidad.

Además, la administración del demócrata Barack Obama enfrenta un proceso legal emprendido desde 2008 por un grupo de ciudadanos en contra del programa de intromisión.

“Es un escándalo que no sólo afecta la confianza en el gobierno, sino también las formas en que nos comunicamos. La privacidad está bajo ataque. Creemos que en esta situación se deben proveer todos los detalles”, dice a Apro Dave Maass, vocero de la Electronic Frontier Foundation (EEF), con sede en San Francisco (California).

Esta organización, dedicada a defender la libertad en la ciberautopista, es una de las partes en la querella presentada el 18 de septiembre de 2008 ante la Corte del Distrito Norte de California por Carolyn Jewel, administradora de bases de datos, usuaria de la empresa AT&T desde 2000 y radicada en la localidad californiana de Petaluma.

Ese litigio, con el código 3:08-cv-04373 y revisado por Apro, acusa al expresidente George W. Bush (2000-2008), al exvicepresidente Richard Dick Cheney, al exfiscal general Alberto González, al presidente Obama y el actual fiscal Eric Holder, entre otros altos funcionarios, de 18 cargos.

El miércoles 5 el diario inglés The Guardian reveló que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) ha estado recogiendo información de usuarios de Verizon Business Network Services, Inc.

Un día después, esa publicación y The Washington Post dieron a conocer la existencia del programa secreto PRISM, a cargo de la NSA, mediante el cual se accede a correos, documentos, audios, video, fotos y contraseñas de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTal, AOL, Skype, Youtube y Apple.

Su fuente fue Edward Snowden, de 29 años y exempleado de la empresa contratista Booz Allen Hamilton, quien les entregó un dossier sobre el esquema de vigilancia.

Posteriormente, The Wall Street Journal reveló que la agencia también ha obtenido datos de AT&T y Sprint.

La intervención masiva de comunicaciones electrónicas acumula una larga historia política y legal, desde que la NSA fue fundada en 1952 por el entonces presidente Harry Truman para reunir información sobre organizaciones extranjeras.

El 4 de octubre de 2001, tres semanas después de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, Bush autorizó secretamente a la NSA rastrear comunicaciones domésticas sin aviso. La Ley de Espionaje para Inteligencia en el Extranjero (FISA, por sus siglas en inglés) de 1978 prohíbe al gobierno la intervención de llamadas dentro de Estados Unidos sin la orden de una Corte.

El 26 de octubre de ese año el gobernante, quien reconoció la operación del programa en 2006, firmó la Ley Patriota, con la cual expandió los poderes gubernamentales de espionaje electrónico.

Progresivamente, las empresas de telefonía e Internet empezaron a transmitir la información al gobierno estadunidense tanto de los usuarios estadunidenses como de personas que usan la red fuera de Estados Unidos y sus datos pasan por servidores instalados en territorio norteamericano para rebotar luego a sus países.

El 11 de septiembre de 2007 el programa PRISM, cuyo costo anual es de 20 millones de dólares, empezó a obtener datos de Microsoft, según los documentos publicados por The Guardian.

El 12 de marzo de 2008, PRISM empezó a recolectar información de Yahoo, el 4 de enero de 2009 de Google, el 3 de junio de ese año de Facebook y el 7 de diciembre también de ese año, de PalTalk.

El 24 de septiembre de 2010 la NSA empezó a recoger información de Youtube. El 6 de febrero del año siguiente el programa cubrió a Skype y el 31 de marzo, AOL. La última fue Apple en octubre pasado.

En 2008 el Congreso aprobó una enmienda a la FISA que protege a las empresas de telecomunicaciones de demandas civiles por cooperar con el aparato de inteligencia de Estados Unidos.

Escala global

Las connotaciones de la interceptación indiscriminada podrían ser mayores, al decir de Maass. Hasta el momento, no ha quedado claro de qué países recolectó información la NSA.

“No sabemos qué dicen otros documentos del programa. Puede ser más serio de lo que pensamos. Estamos investigando si hubo más intercepciones. Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de que las compañías liberen documentos sobre el programa”, sostiene Maass.

En su informe del 30 de abril último ¿Quién cuida tu espalda? Qué empresas ayudan a proteger tus datos del gobierno, EEF analiza las políticas de privacidad de 18 empresas entre redes sociales, blogs, tiendas electrónicas y prestadores de servicios.

“Con el crecientemente mundo digital de hoy, los proveedores de servicios en línea fungen como guardianes de nuestros datos más íntimos –desde contenido de correos hasta información de localización a nuestras conexiones sociales o familiares-. Las políticas adoptadas por estas corporaciones tendrán ramificaciones profundas y duraderas sobre si los usuarios individuales pueden comunicarse libres de la sombra del espionaje gubernamental”, cita el documento.

Las mejor punteadas fueron Dropbox, Google, Linked in, Sonic, Twitter y SpiderOak. Llamativamente, Verizon no recibió ninguna calificación.

La fundación evaluó criterios como el requerimiento de una orden judicial por el contenido de las comunicaciones, un aviso a los usuarios de solicitudes de información del gobierno, la publicación de reportes de transparencia y de lineamientos de cumplimiento de la ley y luchas por los derechos de privacidad de los usuarios en los tribunales y en el Congreso.

Ante la crisis desatada, una coalición de 86 organizaciones y compañías de Internet enviaron el día 10 una carta a los congresistas, en la cual demandan la creación de un comité legislativo de investigación, la aprobación de reformas legales para regular el espionaje doméstico y la rendición de cuentas de aquellos funcionarios responsables de la intromisión.

“Este tipo de recolección de datos por parte del gobierno golpea valores estadunidenses fundamentales de libertad y privacidad. Esta red policial de espionaje viola la Primera y la Cuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que protege los derechos de los ciudadanos a expresarse y asociarse anónimamente y protegerlos contra búsquedas injustificadas y decomisos”, argumenta la misiva, en la cual califican de “ilegal” el esquema.

La información recopilada por la NSA incluye cada llamada hecha, la hora, la duración y otros datos de los clientes de Verizon, AT&T y Sprint.

No es la primera vez que esa instancia se ve envuelta en escándalos de abusos de poder. De hecho, existe un patrón retorcido en la operación de esa agencia.

Entre 1945 y 1975, la NSA interceptó y revisó irregularmente más de 150 mil telegramas mensuales en casos que no fueron perseguidos judicialmente.

En 2003, una agente de inteligencia británica de nombre Katharine Gun filtró a la prensa un memo de otro agente de la NSA, Frank Koza, en el cual describió un amplio programa de espionaje de seis delegaciones ante las Naciones Unidas, indecisas sobre el apoyo a un ataque a Irak.

En 2007 Thomas A. Drake, un empleado de la NSA, entregó información a Siobhan Gorman, periodista del Sun de Baltimore, sobre fraude, desperdicio de recursos y abusos contra la privacidad en esa agencia, la cual no le perdonó lo que consideró una traición. El informante negoció y se declaró culpable en 2011 de un cargo menor, pero su carrera como analista tecnológico se terminó.

Drake testificó el 2 de julio de 2012 en apoyo a la acusación contra el gobierno de Estados Unidos.

Aunque en su campaña hacia la Casa Blanca Obama fustigó a Bush por políticas como la de la vigilancia indiscriminada, en su mandato se comportó como su antecesor.

El 1 de agosto de 2007, el entonces senador Obama dijo que la administración Bush “propone un falso dilema entre las libertades que adoramos y la seguridad que demandamos. Daré a nuestras agencias de inteligencia y de cumplimiento de la ley las herramientas que necesitan para rastrear y sacar a los terroristas sin socavar nuestra Constitución y nuestra libertad”.

La realidad lo ha terminado de desmentir.

La negación se ha vuelto un mantra de este gobierno. El pasado 12 de marzo el senador demócrata Ron Wyden le preguntó durante una audiencia del Comité de Inteligencia a James Clapper, director de Inteligencia Nacional, si la NSA “recolecta cualquier tipo de datos de millones o cientos de millones de estadunidenses”. Clapper contestó que no.

Disputa legal

El escándalo podría desatar una ola de demandas, además de las que están por resolverse en el tribunal californiano.

Aunque Maass se abstuvo de comentar sobre la estrategia legal de la parte acusadora, considera que puede haber más querellas. “Estudiamos las opciones, analizamos la información”, manifiesta.

Ahora, el Departamento de Justicia trata de mantener en secreto una opinión judicial del 3 de octubre de 2011 de 86 páginas que resolvió que el programa gubernamental había violado las leyes e incurrido en un espionaje anticonstitucional.

Además, el gobierno pidió el pasado 7 de junio a la Corte diferir “el análisis adicional de las mociones pendientes” y concederle tiempo “para analizar el efecto sobre los mociones pendientes de la decisión del gobierno de desclasificar cierta información” en un documento de tres páginas consultado por Apro. Por ello, solicitó que las partes puedan presentar un reporte del estado del caso, lo cual estaba programado para el miércoles 12.

El 25 de abril de este año el juez de la Corte, Roger Vinson, ordenó a Verizon entregar diariamente datos de más de 100 millones de estadunidenses, medida que expira el 19 de julio próximo.

Luego de asumir en enero de 2008, Obama pidió el rechazo del caso, lo cual fue concedido por el juez Vaughn Walker.

En diciembre de 2011, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito rechazó las demandas, pero autorizó a dos de los 35 acusadores iniciales a proseguir con sus reclamos, pues la cláusula de inmunidad de la FISA no aplicaba.

La Suprema Corte declinó en octubre del año pasado atraer las querellas contra las compañías de telecomunicaciones que participan en el programa de vigilancia durante la administración Bush.

En enero de 2011 la agencia de espionaje inició la construcción de un gigantesco centro de datos en Utah, a un costo de 2 mil millones de dólares, y que estaría completado en septiembre de este año.

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