La revuelta del futbol

“Necesitamos salud y educación, no estadios”, se lee en pancartas que portan brasileños en las manifestaciones de protesta. La referencia es directa: mientras el gobierno de Brasil ha gastado cerca de 7 mil millones de dólares en obras de infraestructura para el Mundial de Futbol, ciudadanos del país se quejan de servicios caros e ineficientes en salud, educación y transporte público. Su protesta converge con otro movimiento: el de los habitantes de las favelas que serán desalojados por la construcción de infraestructura turística y deportiva.

 

Río de Janeiro.– La imagen fue totalmente insólita en el “país del futbol”: el sábado 15 la presidenta Dilma Rousseff inauguró la Copa Confederaciones en medio de abucheos y chiflidos que durante ocho minutos lanzaron los asistentes al estadio Nacional de Brasilia. A su lado, el presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Joseph Blatter, pedía “respeto por favor, queridos amigos del futbol”, lo que redobló la ira de los aficionados.

Afuera del estadio la policía reprimía una manifestación, la cual estaba prohibida en virtud de las nuevas leyes adoptadas especialmente para los eventos deportivos internacionales. Pero los manifestantes lograron su propósito: los medios de comunicación difundieron a todo el mundo sus consignas y carteles. La frase de uno de éstos fue elocuente: “Necesitamos salud y educación, no estadios”.

Desde el pasado 10 de junio las ciudades brasileñas viven intensas jornadas de protesta en contra del aumento del costo de vida –en particular por el incremento en los precios del transporte público– y en contra de la expulsión de habitantes de las favelas y otros barrios debido a la construcción de inmuebles e infraestructura turística y deportiva destinados a los grandes eventos que el país organiza: el Mundial de Futbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016.

De hecho, el sábado 15, mientras la Copa Confederaciones comenzaba en Brasilia, equipos de futbol integrados por habitantes de las favelas de Río de Janeiro llevaron a cabo la “Copa Popular contra los desalojos”.  El torneo –que se realizó en el barrio Gamboa, contiguo al puerto– lo ganó el equipo de la favela La Providencia.

 

La Providencia

 

La Providencia es considerada la primera favela de América Latina. Viven en ella 4 mil 900 personas. Se encuentra en el mero centro histórico de Río. Sus casas pequeñas de ladrillo se amontonan en un cerro. Sus calles son estrechas y entre las viviendas cruzan miles de cables de electricidad instalados de manera tan precaria que a veces provocan apagones en toda la comunidad.

Las autoridades municipales consideraron que La Providencia podía ser un lugar turístico… Y empezaron los desalojos de residentes y la demolición de sus viviendas.

Márcia Regina vive desde hace 53 años en La Providencia. Cuando ella  mira el cielo se topa con el teleférico que, a partir de julio próximo, llevará turistas a su favela. Las autoridades del municipio presentaron el teleférico como “indispensable”: ningún turista subiría las laderas y escaleras como lo hacen desde siempre los habitantes.

Márcia tiene su casa frente a lo que fue la plaza de la comunidad y que hoy en día alberga el inmueble del teleférico. Márcia dice que la mitad de las familias de su edificio se fue “engañada”.

Comenta: “Todos los días representantes de la municipalidad vienen e intentan convencernos de que aceptemos la negociación. Durante dos años me dijeron que no podía quedarme por la construcción del teleférico. El teleférico ya está listo y nosotros somos todavía tres familias resistiendo aquí”.

Al lado del pequeño edificio de Márcia todas las casas fueron destruidas y ya no se ven niños jugando en la plaza. Los vecinos se mudaron hacia una parte más alta del mismo cerro, justo frente a la iglesia, pero, ¿por cuánto tiempo? En esa parte las autoridades también han previsto desalojos. Y deben hacerlo a marchas forzadas porque falta justo un año para el Mundial de Futbol. Pero las autoridades municipales no han terminado de construir los edificios donde reasentarán a las familias afectadas los cuales se encuentran a varios kilómetros de La Providencia.

“Te ofrecen 400 reales para pagar una  renta mientras se construyen los departamentos (donde serán reubicados). Pero eso es muy poco para pagar una renta en Río de Janeiro. No hay ninguna casa para alquilar dentro de la favela. Entonces, o toda una familia se aglutina en un cuarto o se va muy lejos para que le alcance el dinero”, cuenta la dueña de un pequeño bar en la comunidad.

Muchas de las familias han aceptado el dinero que les ofrecen las autoridades. Lo hacen después de estimar el valor de la casa que dejan y sin esperar a que les den un nuevo departamento, el cual temen que sea ficticio: nadie ha visto los inmuebles que las autoridades afirman que se construyen para ellos.

“El problema es que las casas ahora valen poco, pero en realidad su valor está subestimado. La Providencia tiene una vista increíble y está justo en medio de los dos grandes proyectos urbanísticos para los grandes eventos: el llamado Puerto Maravilloso y el sambódromo, que será remodelado”, comenta Mauricio Horta, habitante y fundador de un centro cultural en La Providencia.

Es necesario subir el cerro por la escalera construida por los esclavos para entender la localización estratégica de la favela. Arriba, desde donde los niños lanzan papalotes, la vista abarca 180 grados. Al este se observa la zona portuaria que va a ser totalmente renovada y adonde llegarán modernos y lujosos cruceros. A este proyecto se le llama Puerto Maravilloso. Al oeste de La Providencia se observa el sambódromo, donde se realiza el carnaval de las escuelas de samba de Río, a la cual se le está agregando infraestructura turística.

¿Y en La Providencia, cuál es el proyecto?

Si se les pregunta a los habitantes, nadie sabe decir qué es lo que las autoridades municipales quieren hacer aquí. Pero al lado de la escalera de los esclavos ya se está construyendo un funicular (y expulsando también habitantes para ello) con el propósito de que los turistas, una vez que llegaron a una parte alta del cerro, suban después a la cima sin mayores esfuerzos.

Los habitantes se quejan de que las autoridades no sólo no les dan información, sino que no los tomaron en cuenta para realizar tales proyectos.

Hace dos años, la Secretaria de Habitación Municipal (SHM) explicaba con orgullo que “el proyecto constará de la construcción de pequeñas boutiques y restaurantes para recibir turistas, en particular durante los grandes eventos (el Mundial de Futbol y las Olimpiadas)”.

 

“Zona de riesgo”

 

El arquitecto Augusto Veríssimo, quien coordina el proyecto Puerto Maravilloso, a cargo de las autoridades de la ciudad, explica en entrevista que los desplazamientos son “una necesidad porque los habitantes están en zona de riegos o porque sus casas están demasiado cerca de monumentos históricos”. En ningún momento habla de un proyecto turístico, incluso afirma que “tanto el teleférico como el funicular son para los habitantes”, aunque en el lugar a donde va llegar el funicular las autoridades marcaron con pintura las paredes de las casas que piensan derruir.

En los hechos, “zona de riesgo” es el nuevo argumento que las autoridades utilizan para desplazar a habitantes de las favelas. Además, este es mucho más aceptable para la sociedad que la construcción de un proyecto turístico.

“En realidad, todas las favelas están en zona de riesgo, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Remover a todo el mundo? Es decir ¡a 30% de la población de Río!”, dice Itamar Silva, especialista en las favelas de la organización carioca Ibase.

Silva explica que en su favela, Santa Marta, existe el mismo problema que en La Providencia: turismo contra habitantes.

Desde que la llamada “policía pacificadora” entró a Santa Marta y se instaló en ella un funicular, los turistas suben todos los días para conocer la favela. Pero cuando llegan arriba se topan con una  bandera que dice “¿SOS cima, turismo para quién?”. Los habitantes de la parte alta de la favela, la zona más pobre por ser la de más difícil acceso, viven con la amenaza de que serán desalojados. Aquí el municipio no esconde que existe un proyecto que daría acceso para llegar a pie al Cristo Redentor, en el Corcovado. Aunque la razón oficial del desalojo de la población es “zona de riesgo”.

“Con apoyo de especialistas hicimos una propuesta para que esta gente se quede, la cual incluye reforestación y construcción de terrazas. Pero a las autoridades no les interesó la propuesta. Ni siquiera la analizaron”, agrega Silva.

Para acelerar el proceso de desalojo, las autoridades aislaron a los habitantes de la parte más alta de la favela en relación con el resto de la comunidad. El municipio mejoró los accesos y servicios, pero sus obras se detienen al pie de la cima. Peor aún, prohíbe a los habitantes hacer cualquier reparación o remodelación de su casa. “Si nos ven mejorando la casa, la pueden tumbar” cuenta Jo Da Silva, una habitante de la cima de Santa Marta.

Raquel Rolnik, relatora especial de la ONU sobre Derecho a la Vivienda, aseguró que este tipo de política está en total oposición con el derecho internacional: “Los desalojos forzados no deben ocurrir en la preparación de esos eventos deportivos. Si los desalojos son justificados, deben realizarse de acuerdo con los instrumentos internacionales. Lo que escuchamos en Río nos habla de un patrón de violación al derecho a la vivienda”, dijo a la prensa en mayo de 2011.

Según las estimaciones de la organización Copa Popular –la cual reúne a investigadores, organizaciones sociales y habitantes–, 11 mil familias, es decir, cerca de 35 mil personas, podrían ser desalojadas en Río de Janeiro y 200 mil en todo el país.

En varios casos, las autoridades han recurrido a la fuerza pública. Fue el caso del Museo del Indio, ubicado al lado del estadio Maracaná. Las autoridades querían derribarlo para hacer una nueva vía de acceso al estadio, sin interesarles su valor histórico. Los indígenas lo utilizaban como albergue y tenían proyectado establecer en ese inmueble una universidad y un museo. 60 indígenas que representaban a 17 etnias del país lo estaban cuidando cuando en marzo pasado entró la policía y los desalojó de manera violenta. Ante ello, la organización civil Justicia Global pidió a la ONU investigar la actuación del gobierno del estado de Río de Janeiro y el silencio del gobierno federal.

 

Irritación social

 

Ante la violencia de la policía, las protestas tomaron más fuerza en todo el país durante la semana pasada. La presidenta Rousseff reconoció públicamente el martes 18 que las demandas de los manifestantes son legítimas. Más aún, las autoridades de Río de Janeiro y Sao Paulo anunciaron el miércoles 19 la revocación del aumento de 20 céntimos de real (menos de 0.10 dólares) en las tarifas del transporte público que en ambas ciudades se encontraba vigente desde principios de junio. Con esa medida, los alcaldes de las ciudades más pobladas de Brasil se unieron a los de otras 12 ciudades que, ante las protestas, renunciaron al incremento en los precios de pasajes.

La FIFA obliga a Brasil a declarar ilegal cualquier protesta a dos kilómetros alrededor de un estadio durante un juego oficial. Legisladores de oposición –e incluso del propio Partido del Trabajo, en el poder–  denunciaron que esa medida es inconstitucional. Por vía de los hechos, los manifestantes la desconocieron e hicieron nula su aplicación. Sus demandas apuntan a otra dirección: mejorar los servicios públicos de transporte, educación y salud, en lugar de los estadios de futbol.

Y es que los gastos destinados a la organización e infraestructura para el Mundial de Futbol –documentados por la prensa brasileña– aumentaron la irritación popular. Por ejemplo, en los últimos 15 años se gastaron casi mil 500 millones de reales (700 millones de dólares) del erario en tres remodelaciones del estadio Maracaná, el cual finalmente fue concesionado al sector privado.

Otro ejemplo: En Manaus, en plena Amazonia, se está construyendo un estadio para 44 mil asistentes. Se llama “Arena da Amazônia”. En él se van a jugar cuatro partidos de futbol durante el Mundial. Después, su utilidad es incierta debido a que todos los equipos locales están en la serie D; es decir, en la cuarta división, y casi no tienen seguidores. En esa ciudad, donde faltan muchos servicios públicos, el presupuesto para construir el estadio es de 274 millones de dólares.

Un caso más: el presupuesto para construir el estadio Mané Garrincha, en Brasilia, se incrementó de 376 millones a 477 millones de dólares.

El gobierno reconoce que hasta la fecha –cuando falta un año para que se celebre el Mundial de Futbol– ha gastado en obras para el Mundial cerca de 15 mil millones de reales (casi 7 mil millones de dólares).

Ese gasto –realizado sin tomar en cuenta a la  ciudadanía– tiene molestos a buena parte de los brasileños, sobre todo cuando los servicios públicos son insuficientes o están en franco deterioro, como es el caso del transporte público.

El miércoles 19, cuando se jugó el partido entre las selecciones de México y Brasil, en las redes sociales y en las marchas se hizo una comparación entre los servicios de transporte público entre ambos países. Mientras en Río de Janeiro una persona paga 3.50 reales por el boleto de un metro que tiene dos líneas, en la Ciudad de México el pasaje vale el equivalente a 0.50 reales y permite el acceso a una docena de líneas.

México perdió en el estadio, pero ganó en la calle…

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