Vecinos de un Infonavit dan revés legal a Walmart en disputa por un predio

PUEBLA, Pue. (apro).- Vecinos de la unidad habitacional del Infonavit La Margarita de esta ciudad, obtuvieron una suspensión provisional por parte del Juzgado Primero de Distrito para evitar la construcción de una tienda Walmart en un terreno que reclaman en propiedad.

El representante legal de los vecinos, René Sánchez Galindo, explicó que con esta medida ni el ayuntamiento de Puebla ni ningún particular podrá vender, disponer o donar un predio de 44 mil metros cuadrados hasta que no se resuelva el juicio colectivo que iniciaron en 2008 para disputar la propiedad de esa área.

El abogado dijo que esta determinación judicial impedirá que el gobierno municipal se convierta en dueño del predio para que a su vez, después lo entregue a la empresa Walmart.

Desde mediados de 2008, los habitantes de La Margarita, una de las unidades del Infonavit más grandes del país, se enteraron que la delegación del instituto federal estaba en tratos con la cadena estadunidense para instalar una de sus tiendas en un predio clasificado como área verde de esa unidad habitacional.

Guillermo Espinosa Trejo, representante del Consejo de Defensa de la Vivienda, relató que desde entonces los vecinos han emprendido una lucha legal en contra de la transnacional y en contra de funcionarios de todos los niveles que, dice, actúan como si fueran “gestores” al servicio de Walmart y no como servidores públicos.

Luego de que el año pasado The New York Times pusiera al descubierto una serie de sobornos pagados por Walmart a autoridades mexicanas para facilitar los permisos y trámites de instalación de sus tiendas,  los propietarios de La Margarita aumentaron las sospechas que ya tenían de actos de corrupción en este caso.

Los vecinos han realizado marchas y plantones para pedir que se investigue a autoridades como la exalcaldesa priista de Puebla, Blanca Alcalá; al actual edil panista, Eduardo Rivera Pérez; a los exdelegados del Infonavit Felipe Mojarro y Ricardo Mancisidor Landa; al diputado federal Leobardo Soto y al gerente local de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Beristáin Gómez, entre otros.

Y es que, según Espinosa, los actos de favoritismo hacia el consorcio han llegado a tal grado que, en marzo de 2010, la Comisión Nacional del Agua (CNA) anunció una inversión, de manera conjunta con Walmart, por 18 millones de pesos, para construir una represa que favorecería los planes de instalación de la tienda en terreno inundable, ubicado en las cercanías del río Alseseca.

En julio de ese año, José Luis Luege Tamargo, entonces director de la CNA, tuvo que dar marcha atrás a ese proyecto, cuando compareció ante diputados y senadores y éstos le cuestionaron que ese organismo público invirtiera presupuesto federal en una obra conjunta con una empresa trasnacional.

René Sánchez Galindo, abogado de los propietarios de La Margarita, dijo que si bien no tienen pruebas de sobornos, sí han comprobado que los funcionarios de distintos niveles han actuado de manera oficiosa a favor de la empresa.

“Mientras que a nosotros nunca nos reciben y se nos oculta información, sabemos que tanto el ayuntamiento como el gobierno del estado, la Comisión Nacional del Agua y el Infonavit han tenido múltiples reuniones con Walmart”, relató.

Explicó que a través de su filial inmobiliaria Carpir, S.A. de C.V., la cadena estadunidense de supermercados realiza gestiones ante las autoridades mexicanas para los permisos, licencias y todo tipo de trámites para la instalación de sus sucursales.

Desde la gestión de Mario Marín como alcalde de Puebla (1999-2002), parte de los propietarios de La Margarita –compuesta por seis mil condominios y habitada por más de 30 mil personas– emprendieron la lucha legal para que se les reconozca su derecho de condóminos sobre 4.4 hectáreas de uso común que formaban parte de esa unidad habitacional del Infonavit, fundada hace más de 30 años.

Sánchez Galindo explicó que ahora el juicio por la disputa de los terrenos continuará en su etapa de presentación de pruebas. En ese tiempo el consorcio estadunidense no podrá concretar sus planes de construir en esa área, que ya ha sido clasificada como altamente inundable y que, por lo mismo, generaría riesgos para los habitantes de esa unidad habitacional.

 

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