La autopista ecocida

Aun cuando los daños que la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan causará a los bosques y las reservas de agua están ampliamente documentados, la construcción de esa carretera se echó a andar el mes pasado. Concesionada a Armando Hinojosa, un contratista que desde hace años ha demostrado ser el consentido de Enrique Peña Nieto, la vía pasará por terrenos que tienen dueños y cuyos derechos nadie parece tomar en cuenta. Además, los comuneros afectados dicen que la vialidad sólo beneficiará a los habitantes de una zona residencial de lujo.

 

Cuando era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto ofreció construir la autopista Toluca-Naucalpan. No cumplió.

Ahora, como presidente de la República, acelera el paso y entrega cerca de 3 mil millones de pesos a su constructor preferido, Armando Hinojosa Cantú, para que concluya esa vía, aunque para hacerlo vayan a resultar afectadas áreas naturales protegidas del parque estatal Otomí-Mexica, del Santuario del Agua y de uno de los principales abastecedores del sistema Cutzamala.

La autopista se hará para conectar el aeropuerto de Toluca –obra en la que también participó Hinojosa Cantú en 2006 con su empresa, Grupo HIGA– con el exclusivo centro residencial Bosque Real, en Naucalpan, aseguran comuneros entrevistados por Proceso. Para el gobierno federal sólo se trata de “mejorar la vialidad entre la zona norponiente del Valle de México y el valle de Toluca”, como queda asentado en la convocatoria de licitación SCEM-CCA-01-06.

En su segundo año como gobernador (2006) Peña Nieto licitó la construcción de la autopista de 39 kilómetros, de los cuales casi 30 pasan por un bosque y un santuario –el Del Agua– considerado por el propio constructor como “zona con gran capacidad de infiltración y (que) representa tal vez el potencial con mayor riqueza de agua subterránea en el Estado de México”.

En abril de 2007 Hinojosa Cantú recibió la concesión para construir la autopista Toluca-Naucalpan y operarla durante 30 años; su ganancia será el cobro de peaje, pues se trata de una carretera privada.

De acuerdo con el documento Asuntos prioritarios del sector Comunicaciones del Estado de México, fechado el 10 de julio de 2007, la obra sería de sólo 34 kilómetros y tendría un costo de 4 mil millones de pesos; pero ahora se amplió a 39 kilómetros y por lo pronto el pasado 23 de febrero el gobierno federal, encabezado por Peña Nieto, ya le entregó a Hinojosa más de 50% del costo de la obra.

Según un comunicado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) del 23 de febrero de 2013, esta institución y el Fondo Nacional de Infraestructura autorizaron 2 mil 775 millones de pesos para la construcción de esa vía.

Pese a que la autopista fue una promesa de gobierno de Peña Nieto en 2005, que se autorizó la obra y se le entregó a un particular, no se había podido avanzar en ella por falta de recursos.

Ahora, con el dinero federal autorizado, empezaron los enfrentamientos con comuneros y agricultores que se oponen a la construcción por el daño ambiental y la afectación al sistema de agua que acarrearía.

 

Constructor con estrella

 

En diciembre de 2006 el entonces secretario mexiquense de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza (hoy titular federal de Comunicaciones y Transportes), emitió la convocatoria para licitar la construcción de la autopista. En abril de 2007 se asignó la licitación a Armando Hinojosa Cantú, dueño de HIGA y de Eolo, empresa que proveyó a Enrique Peña Nieto de aviones durante su campaña presidencial. En septiembre del mismo año se le entregó el título de concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.

Proceso tiene copia de ese título, donde se establece que el concesionario deberá crear otra empresa y un fideicomiso mediante el cual se indemnizará a los comuneros y propietarios de la tierra por las hectáreas afectadas. Hinojosa Cantú creó entonces Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (Autovan).

A cambio de la concesión, según se establece en el título, en 2007 Armando Hinojosa Cantú le entregó al gobierno mexiquense 175 millones de pesos, de los que 65 fueron para modernizar el bulevar Luis Donaldo Colosio; 90, para la construcción de la conexión bulevar Aeropuerto, y 20 más para la construcción del ramal Huixquilucan.

Hinojosa Cantú es un constructor tamaulipeco agraciado. Llegó al Estado de México cuando lo gobernaba Arturo Montiel y Peña Nieto estaba en su gabinete; durante la administración peñista, según el semanario Nuestro Tiempo, de Toluca, logró contratos por más de 23 mil millones de pesos al ganar las licitaciones de obras importantes, como la construcción del distribuidor vial Naucalpan, de la autopista Toluca-Atlacomulco, del hospital Zumpango, el distribuidor vial y el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca, el libramiento de Acambay y varios puentes vehiculares.

Con Autovan hoy Armando Hinojosa Cantú, el constructor favorito del peñismo, conserva su buena estrella y es de los primeros beneficiados con recursos federales para obras estatales, como la autopista Toluca-Naucalpan que pasará por los municipios de Toluca, Lerma, San Mateo Atenco, Huixquilucan y Naucalpan.

 

Defensa de la tierra

 

Aunque la obra se autorizó en diciembre de 2006, apenas arrancó el pasado 14 de mayo y de inmediato fue rechazada por los habitantes de las zonas que serán afectadas, quienes reclaman su derecho a defender sus bosques, el agua y sus plantaciones de maíz, ya arrasadas según constató Proceso en un recorrido por la zona.

Incluso la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México les ha dado la razón. Basada en la Manifestación de Impacto Ambiental que realizó la empresa Autovan (y de la que este semanario tiene copia), la dependencia estatal detectó que “por la actividad de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan se requiere la afectación de un total de 51.57 hectáreas de bosque por el trazo de la autopista, lo que representa una afectación potencial de 20 mil 936 individuos arbóreos (árboles)…”.

La flora afectada, según el mismo documento, incluye 13 especies en peligro de extinción, sujetas a protección o ­amenazadas.

En cuanto a fauna, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la zona hay 27 especies en peligro de extinción, amenazadas y con protección especial.

“Por las actividades de construcción de la autopista, por el uso de vehículos y maquinaria pesada, (se) ocasionará su desplazamiento y/o ahuyentamiento temporal…”, señala la manifestación de impacto ambiental.

Los parques estatales Otomí-Mexica y Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria del río San Lorenzo son áreas protegidas que el mismo Peña Nieto decretó como tales siendo gobernador. Además, desde 1952 y por decreto presidencial otras áreas afectadas son “terrenos comunales” y una pequeña porción es propiedad privada.

Proceso se entrevistó con comuneros que hoy se han amparado contra la construcción de la autopista; son otomíes que se han encargado de cuidar los bosques y el agua durante años. También habló con pequeños propietarios que tienen títulos de propiedad y cuyos derechos atropella Autovan.

La empresa de Hinojosa acabó con una hectárea de cultivo de maíz al derribar la plantación con maquinaria pesada el 14 de mayo pasado. El hecho provocó un enfrentamiento entre comuneros, pequeños propietarios y la policía del Estado de México, que acudió a proteger al constructor.

Desde ese día la Policía Estatal custodia los trabajos de Autovan. El comandante César Arias Estrada comentó en entrevista que están en el lugar para proteger a los trabajadores y evitar nuevos enfrentamientos.

 

Divisiones a modo

 

Los comuneros relatan a Proceso cómo el gobierno estatal de Peña Nieto promovió reconocimientos e impulsó cambios a modo para que Hinojosa Cantú pudiera sortear todos los escollos.

Armando García Salazar, primer delegado de la comunidad otomí San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, una de las afectadas por la construcción de la autopista, reclama sus derechos y los de toda su comunidad que desde 1952 tiene la confirmación y titulación de terrenos comunales.

El gobierno estatal empezó a dividir a las siete comunidades distribuidas en los cinco municipios por los que pasará la autopista y logró que un grupo de 441 personas (de las 6 mil que, en promedio, habitan cada comunidad) demandara ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9 que se les reconociera como comuneros. Esta demanda tuvo lugar un mes después de que Hinojosa obtuviera la concesión.

Y el 29 de octubre de 2008 los demandantes –que no se oponen a la construcción de la carretera– quedaron legalmente registrados como comuneros. Esto es importante, sostiene Armando García Salazar, pues los faculta para convocar a asambleas y les da derecho a voto.

Mientras tanto Autovan trató de convencer a la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México de que no habrá efectos nocivos sobre el bosque y el santuario del agua.

La dependencia estatal –junto con representantes de HIGA– recorrió la zona a afectar y el 21 de septiembre de 2009 dijo que debería ser la Comisión Nacional del Agua (dependencia federal) la que estableciera si la obra afectará o no los 20 manantiales que hay en el tramo a construir, pues desde su punto de vista sí se afecta esta zona, por lo que sugiere que se modifique el trazo de la autopista.

Resalta también que el proyecto afectará 18.9 kilómetros del parque estatal Otomí-Mexica y 12.5 del Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria del río San Lorenzo; además señala que el propio gobierno estatal en su Gaceta del 7 de abril de 2009 estableció que la construcción de caminos pavimentados en estas zonas se permitirá sólo de manera condicionada.

Destaca también que se afectarán 51 hectáreas del bosque, flora y fauna catalogada como amenazada, en peligro de extinción o de protección especial. Pero sobre todo subraya que “25.9 kilómetros del total de la carretera atraviesan una extensa zona con uso de suelo forestal, lo que implica el potencial derribo de 20 mil 936 árboles localizados en 51 hectáreas de bosque”.

Concluye que “se autoriza de manera condicionada” la construcción de la autopista en 13.3 kilómetros, no la de los 25.9 kilómetros, dado que dicho tramo atraviesa una extensa zona con uso de suelo forestal, lo que implica la potencial afectación de flora y fauna”. Y deja la decisión final a la Semarnat.

Después del informe negativo para la construcción de la autopista, Autovan entregó a la Semarnat su manifestación de impacto ambiental, en la que reconoce que en los “cuerpos de agua” de la zona hay una “fragilidad ambiental máxima” y “fragilidad ambiental alta” en las zonas forestales.

Pero aunque dice que la autopista sí pasará por zonas de recarga, propone a cambio la instalación de estructuras adecuadas para respetar los cauces de agua y dice que promoverá la reforestación de zonas aledañas a la vialidad para compensar la zona de infiltración afectada. Otra acción ofrecida es la rehabilitación de la Ciénega de Atarasquillo, “en colaboración con los ejidatarios”.

El 28 de mayo de 2010 la Semarnat avaló el proyecto con una serie de condicionantes, entre ellas la de reforestación.

Probosque (organismo dependiente de la secretaría mexiquense de Medio Ambiente) también estableció que “la construcción de la autopista generará impactos significativos y permanentes en razón de la remoción total de vegetación natural, pérdida de suelo y hábitat para la fauna y la reducción en la infiltración de agua”.

En la zona de Xochicuautla, del municipio de Lerma, está el pozo Tláloc 1 que abastece al sistema Cutzamala, también se está secando. García Salazar detalla que éste y la mayoría de las zonas donde se filtra el agua están siendo afectados por los trabajos de la autopista.

Los comuneros de las siete comunidades afectadas –reconocidos como tales en 2008–, el 12 de junio y el 14 de agosto de 2011 efectuaron asambleas para decidir si estaban de acuerdo o no con la construcción de la autopista. En la segunda asamblea aceptaron y avalaron un convenio con Autovan para que la empresa les pague 230 pesos por metro cuadrado de un total de 235 mil 736.42 metros cuadrados de tierras de uso común. El total a pagar sería de 54 millones 219 mil 376.6 pesos. El convenio se firmó el 16 de noviembre de 2011 con el comisariado de bienes comunales y el delegado federal de la Procuraduría Agraria mexiquense.

Pero el acuerdo fue impugnado por varios comuneros, detalla Abundio Rivera Nava, otomí de San Lorenzo Hutzizilapan, y el documento es analizado ahora por el Tribunal Agrario del Estado de México.

Por otra parte, al recibir de Banobras los 2 mil 775 millones de pesos, Autovan colocó una parte (600 millones) en certificados de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores para refinanciar el proyecto. Y el pasado 14 de mayo empezó los trabajos en el área de propiedad privada de San Francisco Xochicuautla.

Proceso se entrevistó con algunos propietarios, como Adalberto Ramírez Domínguez, Karina Ortega Pérez, Margarito Hernández y Basilia Pérez de la Cruz, quienes aclararon que la tierra sigue siendo de ellos, mostraron títulos de propiedad y dijeron que nunca nadie les ha dado indemnización alguna.

“La tierra sigue siendo nuestra, pero es triste ver cómo están destruyendo todo”, dice Adalberto Ramírez.

A Basilia Pérez los trabajadores de Autovan le destruyeron una hectárea de cultivo de maíz; su sobrina Karina dice: “Llevamos lágrimas por dentro de ver cómo están destruyendo nuestra tierra y acabando con el agua de futuras generaciones”.

La defensa de sus tierras generó un enfrentamiento con la Policía Estatal. El mismo 14 de mayo a Basilia se la llevaron presa junto con otra decena de comuneros: luego de algunas horas los dejaron libres. Hoy, “para evitar nuevos enfrentamientos”, la Policía Estatal custodia a los trabajadores de Autovan.

“Con ese señor Peña Nieto intentamos hablar, pero no quiso recibirnos nunca; sabía hasta dónde podíamos llegar. Le buscó y le buscó para aplicarnos la ley a su modo, la encontró y hoy estamos muy molestos con ese señor Peña”, dice Rufino, uno de los comuneros.

De las siete comunidades afectadas, en Santa Cruz Ayotuxco por lo pronto ya se ampararon, la maquinaria de Autovan está parada.

Sin embargo la afectación a una parte del bosque ya es evidente e irreversible.

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