MÉXICO, D.F. (apro).- Después de tres horas de debate, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) pospuso por tercera ocasión discutir los gastos de campaña para la Presidencia de 2012, realizados por Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota. Los dos motivos que llevaron a los consejeros a rechazar la deliberación fueron el poco tiempo que tuvieron para afirmar que el dictamen que elaboró la Unidad de Fiscalización se realizó con “imparcialidad, legalidad y certeza”, y exorcizar “el fantasma del empate”. Los consejeros electorales Benito Nacif Hernández, Alfredo Figueroa Fernández, Lorenzo Córdova Vianello y María Marván Laborde se pronunciaron por diferir el tema en tanto que el presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita, Marco Baños Martínez, Francisco Guerrero Aguirre y Macarita Elizondo Gasperín se inclinaron por debatirlo y votarlo en ese momento. Ante el empate, Valdés Zurita sometió el tema a una segunda votación en la que subsistió la igualdad. Ante esto y por reglamento, según el artículo 23 párrafo 59, obliga al presidente del consejo a establecer para una próxima sesión el debate. Sin embargo, Valdés Zurita no fijó fecha alguna, debido a que ello estaría ligado a la elección del noveno consejero por parte de la Cámara de Diputados mediante un periodo extraordinario. Se tiene ya la certeza de que después del 16 de julio habrá un extraordinario, pero no la certeza de que los legisladores alcancen las dos terceras partes para nombrar a quien habrá de ocupar la vacante. El 30 de enero, los nueve integrantes del consejo decidieron con siete votos a favor que el dictamen de gastos de campaña se pospusiera una semana y ese día únicamente se discutió el tema del llamado Monexgate. Posteriormente, el 6 de febrero, debido a la polémica que generó el voto del consejero Sergio García Ramírez y gracias al cual el PRI y Enrique Peña Nieto fueron exonerados del financiamiento ilegal mediante Grupo Financiero Monex, --a pesar de que la Unidad de Fiscalización determinó operaciones entre cinco banco y poco más de 10 empresas--, decidió renunciar al cargo. Así el consejo general empezó a sesionar con 8 de los nueve consejeros lo que llevó a empates en diversas votaciones. En esta ocasión, el IFE votaría los gastos de campaña de las elecciones federales e impondría multas millonarias a los siete partidos políticos con registro(PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y MC) y sólo a la coalición Movimiento Progresista por rebase del tope de la campaña presidencial. El dictamen de la Unidad de Fiscalización, que encabeza Alfredo Cristalinas, propone una multa a la candidatura de Enrique Peña Nieto por 54 millones de pesos, pero no por rebasar tope de campaña sino por “diversas irregularidades”, además, 119.5 millones de pesos en multa por el sobregirarse en los gastos de diputados y senadores (190 legisladores). Además 28.5 millones por los candidatos a legisladores que no iban en coalición y 31.3 al PVEM por la misma razón. El total de la multa para ambos partidos sería de 203.3 millones de pesos. Es decir, el PRI y el PVEM cargaron todo el rebase de tope de campaña a sus candidatos a diputados y senadores para que la Unidad de Fiscalización salvara a Enrique Peña Nieto de ser sancionado. Por otro lado, a la coalición Movimiento Progresista, la citada unidad sí sanciona con 180.9 millones de pesos por el rebase de tope de campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que éste únicamente gastó 233 millones de pesos —unos cien millones de pesos por debajo del tope legal. Ante este panorama y debido a que los consejeros tuvieron sólo 96 horas para leer, analizar y verificar las cifras contenidas en las más de 13 mil cuartillas del dictamen, sin contar con los anexos, cuatro consejeros propusieron posponer la discusión. Nacif y Figueroa argumentaron que se trata de un asunto de “responsabilidad”; el primero argumentó que “no sólo se trata de una cuestión de páginas, sino de verificar y confirmar que el dictamen se apega a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad”. Agregó: “Hay que ver bajo qué argumento se establecieron los candidatos beneficiados con una campaña, cómo fue que se dio el prorrateo, ver si éste, el prorrateo o la distribución de los gastos, estuvo apegado a lo que dice el Reglamento de Fiscalización y, si este mismo criterio se mantuvo a lo largo de todo el proyecto de dictamen”. Aunque Benito Nacif no entró más a detalle, cuando se refirió a si el prorrateo estuvo apegado a lo que dice el reglamento, aludió a lo que establece el artículo 177 en su párrafo 1. Ahí se dice que todo lo “distribuido” entre más de un candidato debe ser dinero que haya salido de las cuentas concentradoras aprobadas por el IFE. El señalamiento anterior es porque existen por lo menos 147.6 millones de pesos del PRI, el PVEM y la coalición Compromiso por México que no fueron reportados “y si no están reportados se desconoce su origen”, dijo a Proceso la semana pasada el consejero Nacif. Y el segundo punto busca analizar si dicho criterio de distribución o prorrateo se mantuvo a lo largo de todo el dictamen: existe la queja de PRD, PT y MC de que nos se les permitió prorratear cierta cantidad de recursos, además de que hay 35 millones de pesos que la Unidad de Fiscalización asegura que no fueron reportados. Dichos partidos sostienen lo contrario. La consejera María Marván fue la única que propuso un plazo de 15 días para discutir el citado dictamen. Finalmente, el consejero presidente dejó abierta la fecha. Al momento de presentar su posición, el consejero Lorenzo Córdova recordó que el 30 de enero pasado “acompañé la posposición de una semana del dictamen dada la responsabilidad de conocer antes el dictamen, pero hoy el escenario ha variado, es más complejo y no sólo por el volumen de información… También es un hecho que el consejo funciona de manera anormal y la sombra del empate es posible. Por eso creo que debemos tener más tiempo para exorcizar la salida del empate. Tomemos unos días y el espacio necesario para que haya mayor interlocución entre todos”.