El juicio obligado

En su libro Historias de muerte y corrupción, publicado en 2011, Julio Scherer García ya planteaba que la justicia civil tendría que alcanzar en algún momento a los responsables de la guerra que Felipe Calderón declaró contra la delincuencia organizada, inclusive al ahora expresidente de la República y a quien fue su secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván. Aquí reproducimos el capítulo “Luis Garfias Magaña”:

 

El trámite se ventila con helada naturalidad: abatido un inocente por militares, la Secretaría de la Defensa Nacional cubre la indemnización a los deudos y se hace cargo de los gastos inherentes a la tragedia, esto es, la atención a las víctimas colaterales, los recursos para el funeral y la restitución de los bienes dañados en la trifulca.

El alcance de la indemnización lo determina la Defensa en una decisión sin réplica posible. Pero no sólo eso: del drama se apodera de manera íntegra, sin intervención alguna del Ministerio Público, inexistente la ley civil frente al fuero militar. Por lo que hace a los militares homicidas, sometidos al cuartel, resulta claro que carecen de voz al exterior.

Conversaba sobre el tema con el general de división Luis Garfias Magaña. Nos obligaban a la franqueza las imponderables razones de la vida. Estuvimos juntos en el Instituto Bachilleratos, dirigido por jesuitas, y habíamos compartido las vivencias de una juventud temprana. No me sorprendió su crítica al presidente de la República, tampoco oírle decir que podría juzgársele por su desempeño en la campaña contra el narcotráfico. Sus palabras respondían al peso de los inocentes caídos sin cargo ni cuentas con persona alguna.

Atenido al tiempo, el general, en el tono lento de una reflexión muy trabajada, dijo:

–Alguien tendrá que hablar por ellos.

–Ellos, dices. ¿Hablas de los inocentes muertos?

–Sí, de ellos hablo.

 

En su casa, apenas en noviembre, recordábamos Luis y yo el día aquel en que el prefecto del instituto, el padre Meza, lo había llamado a su oficina casi en secreto. Era importante el asunto que debía tratar con su discípulo. En la voz susurrante de la confidencia, el sacerdote le dijo que advertía en él los signos claros del llamado de Dios y lo invitaba a que ingresara en la Compañía de Jesús. Había que cumplir, eso sí, con el triple y sagrado compromiso que imponía la orden fundada por Ignacio de Loyola: voto de pobreza, voto de obediencia y voto de castidad.

Posesionado de su historia, platicaba Garfias:

“Me vio fijo, Julio, ya sabes cómo era Meza. No me quitaba los ojos, igual que si me hurgara. Yo tuve un momento de turbación sin saber qué hacer ni qué decir. Sin embargo, me sobrepuse y pude responderle: ‘No tengo inconveniente, padre, en cumplir con el voto de obediencia, tampoco con el voto de pobreza, pero el voto de castidad es otra cosa’.”

Conversábamos en la estancia de su casa, en la sección militar de la Segunda Colonia del Periodista, rodeado el divisionario de diplomas, condecoraciones y señaladamente dos fotografías de su padre, oficial de veras, al lado de Francisco I. Madero. Sensible, me condujo por sus memorias del Colegio Militar, libros y más libros, códigos y más códigos. Señaló a Napoleón y a los grandes generales de la historia, también a Miramón. “No se le ha hecho justicia”, comentó. En los pasos lentos del recorrido, sentí en Garfias la añoranza de una vida que se aproxima a los ochenta años.

De vuelta a la comodidad de dos sillones, volví al tema que me había llevado con el amigo de una época difícil de olvidar. Se trataba de las víctimas inocentes de la guerra que perturba al país.

“No es guerra, es campaña –me corrigió–, dolorosa, amarga.”

Pasé por alto su momentánea contrariedad e inquirí directamente por el trato que debería dársele a los deudos de crímenes infames y, en particular, las indemnizaciones otorgadas al arbitrio de la Defensa.

Grave su rostro, dijo sin ambages:

“El tema es delicado y no hay una línea en el lenguaje militar que se ocupe de asunto tan sensible. Los muertos de que hablamos, casi siempre debidos a accidentes, ocurren sobre todo entre personas humildes. A ellas habría que ofrecerles un alivio y la garantía de un derecho que no podría ser discutido.”

¿Cómo valorar una vida? No hay manera, nos decíamos, la vida es el cielo y la tierra unidos en un instante que será para siempre. Pero el problema podría aliviarse con una pensión vitalicia y digna, ajena a cualquier traba burocrática. “Expedito”, debería anotarse en el legajo que correspondiera a una muerte inicua.

Sin soltar el tema, el general Garfias siguió con el recuento de los más de treinta mil muertos que ya ha dejado la campaña en nuestro país y los relacionó con otros escenarios. La comparación resulta sencillamente brutal.

Dijo Garfias:

“En España, todas las muertes provocadas por grupos terroristas en los últimos cincuenta años, sumadas, son menos de las que ha habido en México durante los cuatro años pasados. Increíble. Si contamos todos los muertos de la ETA en España, el ERI en Irlanda, el Baader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas que mataron a Aldo Moro, Sendero Luminoso, los tupamaros, los montoneros, suman menos que los treinta mil en México.”

Visto el panorama que describía, le pregunté si se asumía como partidario de la suspensión de las garantías individuales en el territorio nacional.

“Absolutamente”, respondió, el adverbio emitido con la fuerza de una exclamación.

Sigue el general:

“No tendría sentido pensar en una suspensión de garantías que afectara a la República entera. La suspensión de garantías podría decretarse en un municipio o localidad pequeña que perdió hasta el hábito de vivir. Si el crimen se impone en la vida cotidiana o imprime hasta modos de ser y de conducta, algo hay que hacer para enfrentar semejante terror. Correspondería al presidente de la República asumir decisiones drásticas.”

–O sea, la suspensión de garantías.

–Cubiertos la letra y el espíritu de la Constitución, movilizados los poderes en un solo propósito, aprobada la iniciativa por el Congreso o, en su defecto, la Comisión Permanente, el Ejecutivo cumpliría con su deber en la época difícil que vivimos.

–En tu lógica, ¿por qué no se aplica la medida?

–Debilidad o miedo.

–Sería lo mismo. Pero ¿miedo o debilidad a qué?

–A la exhibición de una imagen negativa del país en el mundo.

–La mala imagen ya existe.

–Eso creo y no entiendo por qué estando la Constitución ahí, explícito el veintinueve constitucional, éste no se aplica.

–Al iniciar la campaña contra el narcotráfico, el presidente declaró que sería responsable de los daños colaterales que su decisión pudiera desencadenar. ¿Qué opinión te merece el compromiso presidencial? –le pregunté.

–De haber aplicado el artículo veintinueve constitucional, que contempla la suspensión de garantías individuales, habría aliviado su responsabilidad.

–Volvamos, Luis, a los inocentes muertos. A causa de ellos, ¿podría juzgarse al presidente de la República?

–Debería juzgársele –reflexivo en el futuro el general agrega–: el asunto es muy grave, muy serio.

–Y al secretario de la Defensa, ¿debería juzgársele?

–Él recibe órdenes. Sin embargo, en el código te dicen que el militar no debe cumplir órdenes que configuren un delito.

–Luego, el secretario es cómplice.

–De alguna manera, sí.

–O sea, también debería juzgársele, como al presidente.

–Ya te dije. Sí.

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