Tradeco, consentida transexenal

En el tránsito de un sexenio a otro quedan inercias e intereses difíciles de erradicar. Así ocurre con Tradeco, la constructora “consentida” del gobierno calderonista para la realización de grandes obras. La amplia red de relaciones e intereses de la empresa le permiten extender sus beneficios y prebendas a la nueva administración federal. Sólo así se explica –afirman especialistas en temas financieros, personal del ayuntamiento de Manzanillo y empleados de la SCT– que prosiga la obra para el libramiento ferroviario de la Laguna de Cuyutlán.

MANZANILLO, COL. (Proceso).- Sin cumplir con 70% de los requisitos legales ni tener un proyecto ejecutivo de la obra que incluya los impactos ambientales y urbanos y al amparo de una licencia municipal obtenida al vapor, Grupo Tradeco, la “constructora estrella” del calderonismo, recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la licitación para la obra Portal API en Manzanillo, con un costo total de 933 millones de pesos distribuidos en tres etapas.

No es la primera vez que el Grupo Tradeco, compañía fundada por el exfuncionario de Pemex Federico Martínez Salas y dirigida ahora por su hijo Federico Alberto Martínez Urmeneta, es beneficiada irregularmente con obras de infraestructura en Manzanillo, principal puerto de carga del Pacífico mexicano.

En 2010 la constructora ganó la obra para el libramiento ferroviario del llamado vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán, colindante con el puerto de Manzanillo, uno de los proyectos más ambiciosos de la administración calderonista, con un costo de mil 500 millones de pesos.

Según cálculos de distintos columnistas de negocios, los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón le otorgaron a Tradeco contratos por más de 10 mil millones de pesos. Sólo entre 2008 y 2010 obtuvo cuatro de infraestructura en autopistas y obras especializadas para Pemex por un monto global de mil 927 millones de pesos, de acuerdo con Compranet (Proceso 1786).

Además participó en la construcción del Centro de Inteligencia de la Policía Federal, el búnker tecnológico de la SSP en los tiempos de Genaro García Luna, cuyo costo fue de 500 millones de pesos, así como el puente atirantado El Baluarte en la carretera Durango-Mazatlán, por el cual la empresa consiguió un contrato de mil 280 millones de pesos, en medio de denuncias de favoritismo e irregularidades.

Tradeco también participará en el concurso de licitación para el corredor de la Línea 5 del Metrobús en el Distrito Federal junto con otras cuatro empresas, una de ellas asociada al proyecto de Manzanillo: Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. Esta compañía aparece formalmente como contratista en la primera etapa del proyecto ferroviario del puerto colimense. Según informes de la SCT proporcionados a este semanario, la empresa más beneficiada será Tradeco Infraestructura.

La extensa red de relaciones e intereses de Martínez Salas y su hijo se ha extendido hasta la presente administración federal. Los regidores del ayuntamiento de Manzanillo, los dirigentes de las asociaciones de colonos y hasta especialistas de la SCT no se explican cómo se mantiene la obra del proyecto ferroviario que afectará a más de 20 mil personas que a diario transitan por esta zona del puerto.

El proyecto eliminaría 365 metros del malecón de San Pedrito, lo cual implica una reducción de 16% de espacios públicos frente al mar. Además, atractivos turísticos como la bahía de Manzanillo, la playa de San Pedrito y los miradores naturales en los cerros “se verían afectados por el flujo continuo y permanente del tren, ya que estará funcionando las 24 horas del día”, advierte un estudio realizado por los regidores del cabildo, integrantes de una comisión de estudios.

“Quieren que sigamos siendo un puerto de primera, con una ciudad de tercera”, comenta a Proceso el regidor priista Sergio Sánchez, impulsor de esta comisión especial y de un punto de acuerdo aprobado por unanimidad en el cabildo esta semana. Este punto de acuerdo propuso “la suspensión de los trabajos y clausura de la obra referida hasta en tanto no sean subsanadas y corregidas” las irregularidades del proyecto.

 

Inconformidad

 

Ante la añeja demanda de los habitantes de sacar las vías del tren de las áreas céntricas –debido al caos vial e incomunicación generados por el paso de los furgones con carga portuaria varias veces al día–, la SCT planteó edificar un paso a desnivel de hasta 10 metros de altura sobre la glorieta de San Pedrito, abrir un túnel ferroviario en uno de los cerros aledaños y construir viaductos en la Laguna de Cuyutlán.

Los trabajos preliminares de la obra, para la cual se prevé una inversión de 933 millones de pesos, comenzaron en las últimas semanas del sexenio calderonista, con permiso del ayuntamiento encabezado entonces por el priista Nabor Ochoa López, ahora diputado federal.

Sin embargo, tras la llegada en octubre pasado del gobierno municipal de Virgilio Mendoza Amezcua, de origen panista, la obra fue clausurada luego de que se denunció una serie de anomalías en la entrega de la licencia. También se nombró una comisión especial del cabildo integrada por los regidores Sergio Sánchez, René Macías y Alejandro García, del PRI, PRD y PAN, respectivamente, para revisar el proyecto ferroviario.

Después de varios meses de trabajo los miembros de la comisión concluyeron que la obra propuesta por la SCT “atenta contra el desarrollo sustentable de Manzanillo, la calidad de vida de sus habitantes y el potencial turístico de la localidad”.

En su informe, del cual Proceso obtuvo copia, los regidores consideran “indispensable el replanteamiento total del proyecto, ya que se han identificado conflictos imposibles de resolver”, a la vez que mencionan la existencia de otras opciones de trazo que “generan beneficios a la ciudad”.

Según el estudio, la obra tendría impactos negativos en la movilidad de vehículos y peatones; además, afectaría el paso diario por la zona de unas 20 mil personas, entre quienes se cuentan trabajadores, estudiantes y los residentes de las colonias Burócratas y San Pedrito.

Otro de los impactos negativos, según el informe de la comisión de regidores, será en materia de seguridad pública para las áreas urbanas aledañas, pues “el confinamiento obligado del paso del tren genera puntos ciegos y espacios aislados e inaccesibles para los servicios de seguridad y emergencias, propiciando zonas de alto riesgo para los habitantes de esas colonias y la población en general”.

El sector inmobiliario de la zona también se verá afectado. Alrededor de 900 predios perderán hasta la mitad de su valor por las molestias y problemas de movilidad y seguridad ocasionados por la obra.

Según el presidente de Unidos por el Centro Histórico de Manzanillo A.C., Luis Fernando Adachi, durante la etapa de construcción, prevista para un periodo de dos años, se reducirá el acceso de vehículos al centro de la ciudad. Ello, advierte, ocasionará la quiebra de cientos de pequeños y medianos establecimientos.

Por su parte, la Agrupación Ciudadana Manzanillense mantiene desde hace tres meses y medio un campamento cercano a la glorieta de San Pedrito, con la exigencia de que la SCT considere otras rutas para la obra.

Daniel Mendoza Flores y José Felipe Ramírez González, miembros de la organización, señalan que hay por lo menos cuatro opciones menos dañinas para la ciudad y proponen retomar un proyecto considerado en el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Manzanillo, de 1993, en el cual se prevé un trazo que prácticamente no afecta la zona urbana.

El problema, dice Ramírez González, es que la SCT “tiene una visión muy limitada, con una propuesta en la que ve nada más el beneficio del puerto y la solución al paso del ferrocarril, pero no toma en cuenta a los ciudadanos”.

A lo anterior se suman las presuntas irregularidades descubiertas por la actual administración en la expedición de la licencia.

El anterior gobierno municipal entregó a la SCT una licencia parcial para la primera etapa, revela en entrevista con este semanario el secretario del ayuntamiento, Jorge Nava Leal. Añade: “Esto no puede hacerse, es irregular porque si no fuera viable hacer la segunda y tercera etapas, estaríamos hablando de un elefante blanco, un proyecto inconcluso”.

La obra fue clausurada, dice, porque no se cumplieron todos los requisitos legales y los documentos en el expediente no estaban completos ni eran suficientes para determinar la viabilidad del proyecto y garantizar la seguridad de la población.

Actualmente, advierte Nava, se analiza si hay elementos suficientes para fincar responsabilidades y presentar denuncias contra los funcionarios responsables de la administración anterior.

 

Sin licencia

 

No obstante, el lunes 1 la SCT reinició los trabajos tras obtener un amparo contra la clausura, pues ésta se produjo sin la suspensión formal de la licencia por parte del ayuntamiento.

En respuesta, el martes 2 el cabildo de Manzanillo aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para requerir “de inmediato” a la empresa constructora la presentación de los documentos exigidos por la ley para desarrollar los trabajos.

En el acuerdo se advirtió que de omitir la presentación de alguno de los documentos, “se procederá a la revocación de la licencia de construcción, por no estar ajustada su expedición al marco legal vigente”.

Los documentos faltantes, señala la comisión especial del cabildo, son la solicitud para incluir el proyecto en el Programa de Desarrollo Urbano, el programa parcial de urbanización, un estudio de impacto en el tránsito y el proyecto ejecutivo de urbanización, entre otros.

Además de estas irregularidades, señala el regidor priista Sergio Sánchez Ochoa, la licencia de construcción fue firmada por una funcionaria de segundo nivel que no estaba facultada para ello. Este elemento, por sí solo, sería factor de nulidad del permiso.

El mismo día del reinicio de los trabajos, el director del Centro SCT Colima, Óscar Alejandro Torres Contreras, presentó ante la comunidad portuaria el proyecto con diversas adecuaciones en materia de movilidad urbana, que días antes había entregado al ayuntamiento.

Entre las modificaciones se añadieron elementos para agilizar el tránsito de vehículos y de peatones mediante la incorporación de pasos elevados, pasos deprimidos y conexiones vehiculares de las colonias Burócrata y San Pedrito.

La mañana del jueves 4, decenas de ciudadanos se congregaron en las instalaciones del ayuntamiento para protestar por la realización de las obras. Sus pancartas decían: “Fuera el tren del centro de Manzanillo”. Los vecinos advirtieron a la presidencia municipal que si no clausura la obra, ellos lo harían el lunes 8.

De acuerdo con un documento del Centro SCT Colima, dentro del mismo proyecto se encuentran previstas importantes inversiones para la modernización de la ciudad, con estrategias de movilidad y mejoramiento urbano, así como proyectos de beneficio turístico en la zona de San Pedrito.

El corresponsal solicitó una entrevista con el director del Centro SCT Colima para hablar de los señalamientos en torno al túnel ferroviario. Sin embargo, según el funcionario, por políticas de la dependencia cualquier entrevista debe tramitarse en la Ciudad de México.

Mediante un documento enviado a la SCT el 13 de mayo pasado, la empresa Ferromex se manifestó en favor del trazo del ferrocarril proyectado por esa dependencia, pues entre otras cosas aumentará la capacidad operativa del servicio ferroviario al puerto, porque se cancelarán las ventanas vigentes para el paso de trenes entre la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo y el patio ferroviario de Campos, impuestas para disminuir los impactos en la movilidad urbana por el paso de los trenes por la ciudad.

Con los cambios, considera el alcalde de Manzanillo, Virgilio Mendoza, la obra ferroviaria es ahora “un proyecto más integral y creo que la SCT ha sido generosa en ese sentido; obviamente no es el proyecto ideal, no es el que quisiéramos los manzanillenses, pero es un proyecto con recursos asignados, ya está adjudicado y si nosotros queremos darle para atrás a todo, corremos el riesgo de perder una importante inversión”.

 

Red de intereses

 

Las conexiones de Tradeco con el poder político se iniciaron en el sexenio de Vicente Fox, se consolidaron con Calderón y parecen extenderse a la presente administración federal. Federico Martínez, presidente del Consejo de Administración de la empresa, afirmó el pasado 24 de junio que está interesado en invertir más de mil millones de dólares en proyectos de infraestructura, como los trenes de pasajeros para conectar a las ciudades de Mérida y Valladolid, México y Querétaro, y México y Toluca.

Entrevistado durante la Reunión Nacional de Comunicaciones y Transportes 2013, Martínez Urmeneta confirmó que su compañía está a cargo de las obras ferroviarias de Manzanillo y Matamoros.

“Aunque construimos vías para trenes de carga, la infraestructura es la misma para el segmento de pasajeros; es un proyecto ambicioso en el que queremos estar”, afirmó.

Entre los proyectos de interés para Tradeco, dice el directivo de esta empresa, se encuentra la ampliación de puertos, las asociaciones público-privadas en infraestructura carretera, el desarrollo de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México y hasta inversiones “en el segmento de transporte de aceite”.

Los mil millones de dólares a invertirse en 2013 superan en 20% la cifra correspondiente a 2012, cuando ganó licitaciones y obtuvo asignaciones directas del gobierno de Calderón para la construcción de cárceles y carreteras.

Tradeco fue fundada como empresa especializada en obras de infraestructura en 1992. Su creador, Federico Martínez Salas, fue funcionario de Pemex entre 2001 y 2003: director ejecutivo del proyecto Cantarell, subdirector de Proyectos de Producción Primaria de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Desarrollo de Proyectos y subdirector de Ingeniería y Desarrollo de Obras en Pemex Exploración y Producción. Estos cargos coincidieron con el paso de Calderón como secretario de Energía foxista y presidente del Consejo de Administración de Pemex.

Durante el gobierno calderonista, Martínez Salas diseñó el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 y estrechó sus vínculos con el entonces secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, como documentó el periodista Arturo Rodríguez (Proceso 1786).

Desde enero de 2007 Tradeco México creó una filial estadunidense, bajo el nombre de Tradeco Infrastructure Inc., en el distrito de negocios de Houston, Texas. Sus socios son los mismos que en México: Yves Loustald Laclette Macías, vocal; Sergio Toscano del Olmo, vicepresidente fundador; Federico Martínez Urmeneta y Carlos González Macías.

El 16 de julio de 2012, poco después de las elecciones presidenciales, los mismos socios más uno nuevo, Javier Vázquez Zepeda, crearon la compañía Cometa USA Inc., en Dallas. Sus planes de expansión se extienden a Estados Unidos, Colombia y Guatemala.

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