MÉXICO, D.F. (apro).- Aun cuando el Instituto Federal Electoral detectó millonarios recursos no reportados por el PRI en la campaña presidencial y que la mitad de los consejeros aceptó trato inequitativo en la revisión de los gastos de campaña, el Consejo General aprobó con siete votos a favor y uno en contra el dictamen que exonera a Enrique Peña Nieto de un rebase de tope en su campaña. Luego de siete horas de discusión, en la que los representantes de PAN, PRD, PT y MC acusaron de parcial y violatorio a la Constitución el trabajo de la Unidad de Fiscalización que encabeza Alfredo Cristalinas y encargado de elaborar el dictamen sobre los gastos de campaña, siete consejeros electorales respaldaron su labor y sólo Alfredo Figueroa votó en contra por considerarlo anticonstitucional, ilegal, inequitativo y sin certeza. El dictamen prevé una multa de 148 millones de pesos al PRI, 50.2 al PVEM, 59.6 a PRD, 38.7 al PT, 37 a MC, 5.5 al PAN y 2.5 al Panal, que en total suman 341.8 millones de pesos. Los primeros cinco partidos anunciaron que recurrirán –por diversos motivos– al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el dictamen avalado por el Consejo General del IFE. Los recursos de revisión que interpondrán PRI, PVEM, PRD, PT y MC se presentarán una vez que Alfredo Figueroa entregue al Secretariado Ejecutivo del IFE su voto particular, en el que establecerá por qué considera que el dictamen es anticonstitucional; además, Lorenzo Córdova elaborará un voto razonado y particular, pues aunque votó a favor del dictamen de la Unidad de Fiscalización sostuvo que a los partidos se les debe multar con 200% y no 150% más sobre el valor de los dineros que no reportaron. A su vez, Benito Nacif entregará un voto concurrente, en donde argumentará las razones por las cuales no se debe aceptar la facturación conjunta (como se le permitió al PRI y al PVEM hacer y lo cual fue otra de las razones por las cuales los gastos de Enrique Peña Nieto no rebasaron el tope de campaña). Durante la discusión tanto PAN como PRD y MC acusaron a los consejeros de querer lavarse la cara ante la sociedad imponiendo altas multas a los partidos como intercambio por la exoneración a Enrique Peña Nieto en el rebase de topes de campaña, por avalarle que divida gastos que están prohibidos por la reglamentación y por haberlo disculpado del llamado Monexgate. En su última intervención, el consejero presidente, Leonardo Valdés Zurita, rechazó tales acusaciones, lo que llevó al PAN a pedir que se retractara, no así los de MC y PRD. Reclaman Monexgate Alfredo Botello Montes, representante del Poder Legislativo del PAN, acusó a Alfredo Cristalinas de no fiscalizar de acuerdo con la ley y aplicarle al PRI criterios distintos al resto de los partidos políticos. Señaló que en cada ocasión que el dictamen sobre revisión de gastos (este fue el cuarto) era regresado a la Unidad de Fiscalización “le bajan las multas” e irregularidades al PRI, “es normal que tanto los representantes de PRI y PVEM defiendan a su presidente, a Enrique Peña Nieto, pero pareciera que esta autoridad hace lo mismo”. Recordó entonces el “oprobioso” caso de Monexgate, en donde la Unidad de  Fiscalización encontró irregularidades, empresas que no debieron participar, triangulación de millonarios recursos a través de cinco bancos y varias empresas “y esta autoridad decidió no sancionarlos aquel día y no sancionarlos hoy”. Todo, dijo, porque en este consejo “no se decide a revisar con seriedad el caso Monexgate. Y en el caso de los gastos de campaña, añadió, ha habido tres dictámenes y en cada uno de ellos el PRI y el PVEM van a la baja en multas, “a este paso vamos terminar debiéndole dinero a Enrique Peña Nieto por el caso Monex”. El diputado panista dijo que, ante estos criterios de la Unidad de Fiscalización y el aval del consejo general, “es indispensable acudir a la autoridad electoral porque no puede haber triangulaciones ilícitas como en Monex, ni prorrateo por coaliciones parciales, ni el uso de gastos no reportados, la autoridad debe investigar de los costos reales de cada cosa que no se reportó y no sacar medias”. A su vez, el representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carvajal, adelantó que su partido no irá a otra elección con estas reglas, por lo que adelantó que serán motivo de análisis en cambios a la ley electoral. Entre los cambios que habrá esta que se anule la elección cuando hay rebase de tope de campaña y si hay reincidencia de dicho partido que pierda el registro como tal. En cada una de sus intervenciones, el panista Carbajal hacía uso del dictamen para mostrar cada una de las preferencias e inequidades en que incurrió la Unidad de Fiscalización al realizar su auditoria; y a cada reclamo argumentado el presidente del IFE, Leonardo Váldes no respondió. No así con la coalición Movimiento Progresista conformada por PRD, PT y MC para quien Váldes Zurita tuvo todas sus intervenciones. Cada vez que el presidente del consejo hacia uso de la palabra era para reclamar a la izquierda, con el dictamen de la Unidad de Fiscalización, una explicación. Centró así sus baterías contra la izquierda. Sarcástico, el representante del Poder Legislativo por MC, Ricardo Mejía Berdeja, cuando Valdés Zurita le preguntó si aceptaba una pregunta, pues en ese momento argumentaba a favor de su partido, éste le reviró: ¿como presidente de este consejo o como representante del PRI? La acción generó un silencio en el salón y un desfiguro en la cara de Valdés Zurita, quien le reclamó: “Sea cuidadoso en sus palabras porque no soy representante de ningún partido”. Mejía Berdeja se sostuvo y le contestó: “No aceptó ninguna reconvención y el comentario es porque usted siempre le pregunta a Movimiento Progresista, a nadie más. Y el comentario no es mordacidad, es una descripción de la actitud política que usted ha asumido en este consejo”. Ante la avasalladora respuesta, el presidente del Consejo General no tuvo argumentos para revirar, por lo que se quedó callado y con un gesto de malestar aún más marcado. Mientras la oposición anunciaba que recurriría al tribunal electoral, el representante del PRI ante el IFE, Antonio Hernández Fraguas, también anunció que su partido recurriría al Tribunal Electoral pues no están de acuerdo que la ínfima cantidad del caso Monexgate les sea contabilizada como “gastos de campaña” y sostienen que fue para “gastos ordinarios”, lo cual no aumenta sus gastos y por lo tanto reduciría la millonaria multa. Alfredo Figueroa en alto El dictamen que finalmente hoy se votó se empezó a discutir el 30 de enero. Sin embargo, lo absurdo del mismo y la falta de argumentación en sus auditorías provocaron que por mayoría el Consejo General lo regresara a Alfredo Cristalinas para que realizara cambios. Cada vez que se volvía a discutir, el PRI y el PVEM salían beneficiados y la izquierda PRD, PT y MC incrementaban las multas en su contra. De los ocho consejeros electorales que integran el consejo, Benito Nacif, María Marván, Lorenzo Córdova y Alfredo Figueroa estuvieron coincidiendo en las críticas hacia el documento. Hoy, a pesar de que la unidad no realizó el cambio de criterios para fiscalizar como se lo demandaron en la anterior sesión, tres de esos consejeros dieron marcha atrás a sus cuestionamientos. Se trató de Nacif, Marván y Córdoba. El único consejero que se sostuvo e incluso fue más allá en sus críticas al trabajo de la Unidad de Fiscalización fue Alfredo Figueroa, consejero que concluirá su periodo en octubre próximo, al igual que Valdés Zurita, Macarita Elizondo y Francisco Guerrero. Congruente con toda la argumentación que dio desde el 30 de enero, Figueroa sostuvo que el dictamen es anticonstitucional, ya que viola el artículo 41 de la Constitución la cual exige equidad, certeza y legalidad en toda competencia electoral. Estos principios no son respetados en el dictamen, dijo. Primero, Figueroa ordenó las críticas, aclaró que “la nuez” del caso no era la existencia o no del artículo 177 B  del Reglamento de Fiscalización (que permite que cada partido fije el porcentaje que quiera en el gasto de campaña a su candidato presidencial), “sino la interpretación y los criterios usados sobre ese reglamento”. “Aquí la prueba de que se benefició al PRI y se le prorrateó al PVEM esta muy claro y eso no debió permitirse. Se debe reconocer que así ocurrió. El problema no es negar la existencia sino el criterio al prorratear. “Pero todavía más, no sólo esta práctica, que esta prohibida por el artículo 125 se permitió sino que además no es sancionada, y no sólo eso, se le aplica el prorrateo de un gasto que no pudo haberse hecho”, dijo. Por ello, añadió, “es insostenible, insostenible que se diga que son instrumentos que se miden con igualdad; que hay certeza, equidad”. “Disiento en que el proyecto pueda tener sustento en la ley, en él hay aspectos de carácter inconstitucional porque distorsiona los criterios del artículo 41 de la Constitución”. Figueroa detalló que “no puede usarse un instrumento que distorsione la naturaleza política de una coalición”. Pero además, dijo, no se le puede dar supremacía a un reglamento por encima de la Constitución. A su vez, el consejero Lorenzo Córdova aceptó que gracias a la aplicación del artículo 177-B, “que es una mala norma” porque vuelve irreales los topes de gasto, se “genera una verdad contable que no corresponde a la realidad, es resultado de una estrategia financiera”. En su aplicación, añadió Córdova, unos partidos decidieron proteger a su candidato a la Presidencia y otros al revés, y se preguntó a sí mismo, ¿es justo? ¿abona a la equidad?, respondiéndose, “en lo absoluto”. Pero finalmente votó a favor del dictamen yendo en contra de su propio dicho. Finalmente y luego de siete horas de discusión, el dictamen fue avalado, mismo que será recurrido ante el tribunal electoral por cinco partidos, igual que el dictamen sobre el Monexgate, que exoneró a Enrique Peña Nieto, terminará en la autoridad judicial.