MÉXICO, D.F. (apro).- El representante del PRD en el Instituto Federal Electoral (IFE), Camerino Márquez, afirmó hoy que el dictamen sobre gastos de campaña aprobado ayer por el Consejo General es “anticonstitucional”, debido a que viola el principio de equidad en la contienda, por lo que, reiteró, recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que ordene un nuevo dictamen.

El perredista señaló que la Unidad de Fiscalización permitió a la coalición Compromiso por México –conformada por el PRI y el PVEM– transferir (prorratear) el gasto de la campaña presidencial a candidatos de ambos partidos que no compitieron en coalición, sino como contendientes entre sí.

Ello equivaldría a que el PRD “le hubiera transferido gasto de campaña a cualquier partido no integrante de la coalición, por ejemplo al PAN”, dijo Márquez.

La Unidad de Fiscalización, añadió, permitió a la coalición Movimiento Progresista, así como al PAN y a Nueva Alianza, que distribuyeran sus gastos sólo entre 365 candidatos, pero aceptó que Compromiso por México lo hiciera entre 510 candidatos.

“Lo anterior pone en evidencia la violación a la Constitución y cualquier ley electoral vigente, al vulnerar el principio de equidad que debe guardar toda contienda a cargos de elección popular”, insistió el representante del PRD en el IFE.

Asimismo, recordó que desde de enero pasado se hizo el reclamo a la autoridad electoral en torno de la injusta distribución, así como “sobre el prorrateo ilegal y la deficiente fiscalización en la que se cubrían y premiaban con cotizaciones a la baja los gastos no reportados”.

Ejemplificó: “Mientras en los actos de campaña a (Enrique) Peña Nieto le contaban 10 mil gorras y 10 mil volantes en un evento de 80 mil asistentes, a nosotros nos fiscalizaron 279 mil gorras y 283 mil volantes en un evento de 250 mil asistentes (es decir, más artículos que personas), además de que al no reportar eventos, la Unidad de Fiscalización le asignó cifras muy bajas al costo de los mismos, lo que a todas luces incentiva a los partidos a no reportar gastos”.

Para el PRD, uno de los aspectos más sobresaliente en los que la Unidad de Fiscalización permitió hacer una distribución ilegal fue en el monitoreo por internet de los eventos no reportados por la coalición que encabezó Peña Nieto.

“Ello sirvió para documentar el número de candidatos para prorratear los eventos, aunque ni siquiera pertenecieran a la entidad, y en el caso de la coalición ‘Movimiento Progresista’ sólo sirvieron para sumar supuestos gastos ‘no reportados’”, reclamó.

Márquez denunció que las cifras del dictamen y las entregadas por Movimiento Progresista sobre los gastos no reportados tienen una diferencia de 72.2 millones de pesos, por lo que el pasado miércoles 10 el Consejo General del IFE solicitó a la Unidad de Fiscalización que fundamentara por qué no se clasificó este monto como lo solicitó la coalición, pero “hizo caso omiso del mandato”.

Finalmente, el perredista acusó al IFE de tener como clara intención el hecho de que Enrique Peña Nieto no rebasara los topes de gastos en ningún momento.

De nueva cuenta ejemplificó: “A pesar de que el 20 de mayo de 2013 –vinculado a gastos en Cinemex por la compra de cien minutos– se determinó que debían asignarse de manera directa a la campaña presidencial 11.6 millones de pesos –que sumados a los 327.5 millones que según la Unidad de Fiscalización había gastado Compromiso por México, debieron dar un total de 339.1 millones de pesos (3.2 millones arriba del tope de gastos)–, acomodaron las cifras en este nuevo dictamen para que el rebase no se reflejara, con lo que ocasionaron que a consecuencia de estas transferencias de gasto, 78 candidatos que actualmente son legisladores hayan rebasado los topes”.