“Iremos a la Corte” si el TEPJF elige a consejero electoral: PAN-PRD

MÉXICO, DF (apro).- Ante un posible desacuerdo entre partidos para designar al noveno consejo electoral, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, consideró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “pudiese, eventualmente, nombrarlo”; en respuesta, coordinadores de PRD y PAN adelantaron que, de ocurrir ese escenario, acudirán ante la Suprema Corte.

Silvano Aureoles, coordinador de los diputados del PRD, advirtió a los magistrados electorales que “si se avientan el boleto de nombrarlo, nos vamos a ver en la Corte”, pero además les recordó que “ellos tienen sus asuntitos… también les tenemos sus guardaditos, entonces mejor que no le entremos a ese tema”.

En el mismo sentido, el coordinador de los panistas, Luis Alberto Villarreal, dijo que su partido se iría a la Corte para echar abajo cualquier intromisión del TEPJF para nombrar al noveno consejero electoral.

Las posiciones encontradas entre la dupla PRD-PAN y el PRI se presentaron durante la apertura del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, que arrancó este martes y concluirá el viernes próximo.

El periodo extra se abrió para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Electoral, que pidió se concluyera el proceso de selección del noveno consejero del IFE y el cual quedó trunco el 30 de abril pasado.

Antes de arrancar la breve sesión, el presidente de la Mesa Directiva, el priista Arroyo Vieyra, dio una conferencia de prensa en donde explicó que al momento no había acuerdo sobre la elección del nuevo consejero de entre cinco prospectos; sin embargo, añadió, si para el viernes no hay nombramiento, “tendré que comunicarlo al Tribunal”, el cual podría designar al consejero faltante.

“El Tribunal tendrá que dilucidarlo. Yo como abogado creo que la Sala Superior podrá tomar las determinaciones que mejor correspondan, apegadas a sus atributos constitucionales. Para no hacernos bolas, creo que el Tribunal Electoral pudiese, eventualmente, nombrarlo”, soltó Arroyo Vieyra, quien como presidente de la Mesa Directiva tiene la representación jurídica de los legisladores.

Además, el priista deberá comunicar al TEPJF que, pese a acatarse su orden de convocar a un periodo extra, no se lograron en la Cámara de Diputados las dos terceras partes para nombrar al noveno consejero electoral.

Más tarde, el perredista Silvano Aureoles aclaró que la designación corresponde a los diputados federales, pues así lo establece la ley electoral, razón por la que los magistrados no pueden invadir las funciones de los legisladores.

“Esto sería ya un exceso del Tribunal si intentara meterse a invadir facultades del Congreso”, explicó Aureoles, quien recordó que la facultad del TEPJF se ciñe a pedir que concluya el proceso de selección, “pero no tiene ninguna facultad para decidir en qué sentido votan los diputados y diputadas”.

Y es que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) puede llegar a un acuerdo sobre el tema y proponer al pleno a alguno de los cinco prospectos; sin embargo, si éste no alcanza la aprobación de las dos terceras partes de los diputados, entonces ahí concluye ese proceso y se tendría que abrir otro para, desde un principio, los aspirantes presentes sus expedientes, comparezcan en comisiones y se sometan al proceso de preselección.

En caso de que la Jucopo presente ante el pleno a un candidato este viernes o en el transcurso de la semana, cada diputado es libre de votar como considere, de ahí que Aureoles establezca que el Tribunal no puede dictarles a quién designar.

Al respecto, el coordinador de los priistas Manlio Fabio Beltrones señaló que “sería un fraude” el llegar al pleno sin un acuerdo entre todos los partidos sobre por quién se debe votar.

Por lo que se refiere a la sesión de este martes, ésta apenas duró unos minutos y fue para dar cuenta y primera lectura a los tres temas que se abordaran y votarán este miércoles: nueva ley de deuda de estados y municipios, cambios a la ley de Catastro y Registro Público y, el establecimiento de un Código Penal único.

 

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