Promiscuidad electoral

Para la elección del 7 de julio, lo que elegantemente se ha llamado “pragmatismo” de los partidos políticos nacionales y estatales desembocó en una orgía de coaliciones sin congruencia ideológica ni programática. Sin preguntarse ni el nombre, las dirigencias concertaron alianzas con sus adversarios históricos, con los nuevos protagonistas y hasta con sus aliados de siempre, ya sea por separado o revueltos en un coctel que impidió a los votantes razonar su voto.

 

 

Una de las funciones básicas de los partidos políticos es servir de marco de referencia al elector medio, que relaciona los principios rectores y las principales propuestas de los candidatos en función del partido que los postula; pero la promiscuidad de los dirigentes partidistas y los candidatos a puestos de elección popular –que hacen coalición con cualquier fuerza política que les permita al menos vislumbrar una posibilidad de triunfo o de no desbarrancarse en alguna entidad, municipio o distrito– acaba con dicha lógica, pues termina por desfigurar cualquier marco de referencia.

Las coaliciones se entienden cuando unen fuerzas institutos políticos con agendas similares o principios fundamentales en común; o bien, cuando fuerzas con principios totalmente diferentes se alían para alcanzar objetivos de largo aliento, como puede ser el derrotar a un partido de Estado con más de ocho décadas en el poder, como todavía sucede en algunas entidades de la República.

Pero en las más recientes elecciones estatales en México el único criterio que prevaleció fue la obtención del poder por el poder mismo; el medio se convirtió en un fin y a los partidos no les importó vender su alma al diablo. Hay siete de ellos con registro nacional, por lo cual, en el caso extremo, se podrían coaligar con seis partidos políticos en distintos procesos electorales; sin embargo, la lógica indicaba que cada uno se agruparía con los más cercanos a su ideología y postulados.

La realidad fue distinta. El pasado 7 de julio tres partidos políticos (PRD, PT y Panal) se coaligaron con cinco partidos políticos nacionales diferentes. Y la decisión táctica del Movimiento Ciudadano de no hacer ninguna alianza (salvo con el Partido Socialdemócrata de Coahuila, en un municipio de ese estado) lo salvó de unirse con los otros seis partidos, con lo cual hubiese incurrido en el caso extremo.

Esos tres no fueron los únicos que abusaron de ese recurso. El PRI y el PVEM se aliaron con cuatro partidos, es decir, a ellos únicamente les faltó el Movimiento Ciudadano y el PAN, que desde el punto de vista electoral (no programático ni legislativo) es su principal opositor, particularmente desde que el PVEM se sintió traicionado tras la Alianza por el Cambio de 2000, cuando promovió con los panistas la candidatura de Vicente Fox.

 

Entre hermanos, primos y vecinos

 

Dos muestras significativas de la ausencia de cualquier rasgo ideológico, programático o de principios que guíen las coaliciones son las realizadas por el Partido Socialdemócrata de Coahuila (con registro estatal), que se alió con el PRI-PVEM-Panal igual que con el PRD-PT, y el Partido Sinaloense, que se dio el lujo de sumarse a la coalición PAN-PRD y PT en un municipio y distrito, y con la del PRI-PVEM-Panal en otro municipio y distrito.

Precisamente en Coahuila, donde únicamente se celebraron elecciones para elegir los 38 ayuntamientos, se dio el mayor número de coaliciones. Hubo 28 diferentes combinaciones de partidos: únicamente entre partidos nacionales, así como entre partidos estatales y entre partidos nacionales y estatales.

En ese estado la coalición que más partidos agrupó fue la de PRI-PVEM-Panal (partidos nacionales) junto con el Partido Socialdemócrata de Coahuila-Partido Joven-Partido Revolucionario de Coahuila (estatales); en total seis partidos aliados en 21 de los 38 municipios.

De los partidos estatales, además del Partido Socialdemócrata de Coahuila –que lo mismo se alió con el PRI, PVEM y Panal que con el PRD y el PT–, los partidos Unidad Democrática de Coahuila y Progresista de Coahuila se aliaron en diferentes combinaciones con el PAN, PRD y PT. El Partido Joven y el Partido Revolucionario de Coahuila se aliaron en diferentes combinaciones con el PRI, PVEM y Panal.

En Chihuahua se dieron nueve diferentes fórmulas de alianza, aunque únicamente se registraron dos coaliciones para las elecciones de diputados y una para la de ayuntamientos. En las tres participó el PRI (“Unidos por más Progreso”, con PT, y “Unidos por más Seguridad”, con el PVEM y el Panal); y en las elecciones de ayuntamientos con el PT, PVEM y Panal. Pero con las candidaturas comunes se armaron las otras seis combinaciones, lo cual provocó fórmulas tan extrañas como PRI-PRD-PT-PVEM-Panal o PAN-PT.

En Sinaloa se registraron dos coaliciones, conformadas por PAN-PRD-PT y PRI-PVEM-Panal, pero con las candidaturas comunes lograron otras dos fórmulas con la participación del Partido Sinaloense.

No hubo ninguna coalición o candidatura común en Aguascalientes. En seis entidades hubo al menos una coalición (Zacatecas, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Hidalgo y Durango) y en todas participó el PRI, menos en Zacatecas, donde la conformaron el PAN y el PRD. Con dos coaliciones figuran Baja California, Oaxaca y Puebla, en todos los casos con el PRI-PVEM de un lado y el PAN-PRD del otro. En Tamaulipas se formaron tres coaliciones, todas del PRI: con el PVEM, con el Panal y con ambos.

El PRI y el PVEM participaron unidos en 12 de las 14 entidades donde se realizaron comicios, aunque en Aguascalientes y Zacatecas no fueron en coalición total. PRI, PVEM y Panal participaron juntos en ocho de los 14 estados; no lo hicieron así en Aguascalientes, Baja California, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. El PAN y el PRD formaron coalición formal en seis estados (Baja California, Coahuila, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Zacatecas); en Quintana Roo tuvieron que hacerlo virtualmente, por el rechazo del registro de su coalición.

En esta ocasión también proliferaron los partidos estatales, de los cuales participaron 16: dos en Baja California (Partido Encuentro Social y Partido Estatal de Baja California); seis en Coahuila (Partido Socialdemócrata de Coahuila, PSC; Partido Progresista de Coahuila, PPC; Primero Coahuila, PC; Partido Joven, PJ; Partido de la Revolución Coahuilense, PRC; Partido de la Unidad Democrática de Coahuila, PUDC); dos en Oaxaca (Unidad Popular y Partido Social Demócrata de Oaxaca); uno en Puebla (Pacto Social de Integración, Partido Político); uno en Sinaloa (Partido Sinaloense); dos en Tlaxcala (Partido Alianza Ciudadana y Partido Socialista); y dos en Veracruz (Alternativa Veracruzana y Partido Cardenista).

Además, se postularon 23 candidatos independientes en las dos entidades que lo permitieron: cuatro para alcaldes y 10 para diputados de mayoría relativa en Quintana Roo, y nueve para presidentes municipales en Zacatecas.

De los partidos estatales, el que mejores resultados obtuvo fue el Partido Socialista de Tlaxcala, que ganó dos municipios, un distrito y más de 7% de los votos totales. De los candidatos independientes únicamente ganó uno: Raúl de Luna Tovar, expanista que ya había sido presidente del municipio zacatecano de Enrique Estrada de 2007 a 2010.

En estas condiciones no hay marcos de referencia que permitan identificar a los partidos en función de ideologías, programas o incluso de propuestas de políticas públicas; por lo tanto, entre el electorado reina la confusión. Pero lo peor es que los cambios de partido o coalición en el poder son difícilmente perceptibles para los ciudadanos, sólo generan decepción y desencanto.

Comentarios

Load More

Informate en la revista digital de Proceso