El del IFE, teatro fiscalizador

Contradiciendo sus propios argumentos, los consejeros del IFE dieron el visto bueno a la fiscalización de las campañas federales de 2012, las más polémicas de los últimos años. Pese a que enumeraron las irregularidades y difundieron cuáles normas se violaban, al final dijeron que el PRI sólo compró pancartas  en dos mítines, que únicamente en cuatro ciudades repartió volantes, que en toda la campaña contrató cuatro edecanes, y ni una más… El resultado: irrealidad y simulación.

Una “ficción contable”, una “simulación” que ocultó el gasto real de las pasadas campañas a la Presidencia; eso fue, en suma, la fiscalización que realizó el Instituto Federal Electoral (IFE), según el consejero Alfredo Figueroa.

Esa auditoría concluyó que Enrique Peña Nieto –a ojos de la ciudadanía el más prolífico en comerciales de televisión, espectaculares y entrega de dinero y regalos– no rebasó los topes de campaña, mientras que Andrés Manuel López Obrador se sobrepasó con más de 50 millones de pesos.

Durante siete meses, el Consejo General del IFE revisó y regresó en tres ocasiones el dictamen sobre gastos de campaña que realizó la Unidad de Fiscalización, dirigida por Alfredo Cristalinas. En ese tiempo, por lo menos cinco de los ocho integrantes del Consejo calificaron los gastos presentados por la coalición Compromiso por México (formada por PRI y PVEM) como “irreales”, destacaron prohibiciones violentadas “gravemente”, e incluso llegaron a decir que “nadie puede beneficiarse de su propio dolo”.

No obstante, al final y en contra de sus propios alegatos, siete de ocho consejeros aprobaron el pasado lunes 15 el dictamen sobre los gastos de la campaña presidencial. El consejero Alfredo Figueroa fue el único que sostuvo sus argumentos y rechazó el documento calificándolo de “inconstitucional”. Aseguró que se había realizado “una simulación”, en la que uno de los contendientes realizó una “operación financiera para que lo real no se vea y no se sancione”.

Al final, según el documento, en las elecciones federales se gastaron dos mil 604 millones 924 mil 692 pesos. De ese dinero, los candidatos del PRI, del PVEM y los que lanzaron conjuntamente utilizaron mil 143 millones 521 mil 973. El resto, mil 500 millones aproximadamente, lo gastaron el PAN, el PRD, el PT, MC y el Panal.

El Consejo General quedó cojo en medio de la discusión sobre los gastos, que arrancó el 30 de enero de este año. El 6 de febrero renunció Sergio García Ramírez. La obligación de nombrar al sustituto era de la Cámara de Diputados, que fracasó en su intento de nombrar al noveno consejero en su periodo extraordinario del miércoles 17.

De acuerdo con Manuel Huerta, diputado del PT que participó en la reunión decisoria de coordinadores parlamentarios, la presión ejercida por el PRI, el Panal y el PVEM –que juntos suman 251 votos y son mayoría absoluta– truncó la votación en la Cámara de Diputados. Incluso, dijo que se puso sobre la mesa la pretensión de elegir a cinco consejeros en octubre próximo bajo un nuevo método, producto de una reforma electoral.

A esto se suma el hecho de que el 30 de octubre próximo terminan su encargo Leonardo Valdés Zurita, presidente del consejo; Alfredo Figueroa, Francisco Guerrero y Macarita Elizondo.

 

“Equidad” simulada

 

Uno de los principios centrales que debe cubrir toda contienda electoral es la “equidad”, establecida en el artículo 41 de la Constitución. A la par se fija una fórmula para determinar los topes de campaña.

Sin embargo, cuando se advierte que hay un proceso en donde la Unidad de Fiscalización, “avalada por los consejeros”, permite que esos topes no sean igualitarios “lo que acontece es que el sentido y naturaleza de la equidad se ven distorsionados en términos reales”, sostiene en entrevista Alfredo Figueroa.

En el proceso de evaluación de los gastos, sostiene el consejero, hubo ciertos criterios para medir a unos y otros mecanismos para medir a los restantes: “Ahí estriba la inconstitucionalidad del dictamen, tanto en términos de sus criterios como la resolución misma”.

Detractor de las interpretaciones que hizo la Unidad de Fiscalización, Figueroa advierte “una gran cantidad de problemas” en el dictamen. El sociólogo define cuatro principales, relacionados con la distribución del gasto que la Unidad permitió a Compromiso por México, a pesar de ir contra el Reglamento de Fiscalización.

El primer problema, dice, es cómo se debe prorratear o distribuir el gasto cuando se trata de una coalición parcial –como fue Compromiso por México. Recuerda que el PRI y el PVEM sólo se aliaron en la búsqueda de la Presidencia de la República y de 219 diputaciones y senadurías: 220 candidaturas, en total. El PRI tenía 145 candidatos a diversos puestos, distintos a otros tantos del PVEM.

Sumando los 220 de la coalición, los 145 del PVEM y los 145 del PRI se suman 510 candidaturas. Compromiso por México, a la hora de entregar sus gastos, dice el consejero, dividió sus erogaciones entre 510 aspirantes, cuando el artículo 125 del reglamento de gastos lo prohíbe.

Lo anterior hizo inequitativo el prorrateo, porque Movimiento Progresista, PAN y Panal sólo pudieron distribuir su gasto entre 365 candidatos: uno a la Presidencia, 300 a diputados federales y 64 a senadores.

“’Cómo es posible hacer esto (dividir entre 510), asumiendo como total lo que no es total, lo que es parcial?”, acusa.

“Advertimos una serie de transferencias del PVEM, del PRI y de la coalición Compromiso por México –que son tres entes distintos para fiscalizar, pero son tomados en conjunto–. Por lo tanto, ellos podían gastar más en un determinado territorio sin alcanzar el tope de gastos que los otros alcanzaban. Esto es inequitativo”, sostiene. Distribuyeron el dinero entre más candidatos que el resto de los contendientes.

Figueroa cuestiona que la Unidad de Fiscalización y el Consejo General no hayan impuesto una sanción “por transferencias que están prohibidas. Luego, una vez que se cometió un acto contrario a la ley, no puede ser que (Compromiso por México) se beneficie del propio dolo, es decir, que se les permita prorratear”. Eso desiguala a los demás contendientes, añade.

El segundo problema se refiere a la interpretación que la Unidad de Fiscalización hizo del artículo 177 B, en donde se establece que, sobre la mitad del gasto total, el partido político puede determinar cuánto asigna al candidato a presidente y cuánto a sus candidatos a legisladores.

El objetivo de tal artículo, dice el consejero, fue que los partidos pudieran decidir su estrategia con flexibilidad, y definir a cuál candidato favorecer.

“Ahora se desnaturalizó la razón por la cual se estableció la flexibilidad para el gasto. Un mecanismo que tenía como propósito ser flexible se vuelve ahora uno de comprobación para poder distribuir, no el gasto, sino cómo lo quieres reportar ante la autoridad para no rebasar el tope.”

Reclama que la fiscalización es un ejercicio de rendición de cuentas para ver lo efectivamente gastado, “de lo real y no de cómo encuentro mecanismos que permitan evadir el rebase de topes. El artículo nunca estuvo vinculado a la comprobación, sino al gasto”.

El tercer problema, sigue Figueroa, es el concepto de “beneficio de campaña” que permitió la Unidad de Fiscalización y aprobó el Consejo. Si, por ejemplo, hubo un mitin en el distrito 3 de Veracruz, el gasto podía repartirse no sólo entre el contendiente en ese distrito y el candidato presidencial, sino también con un candidato que estaba a 230 kilómetros, pero que forma parte de la entidad federativa. “Se debió distribuir sólo entre los candidatos del distrito”, explica.

Puso un ejemplo más burdo: En el cierre de campaña de Enrique Peña Nieto en el estadio Azteca, el PRI reportó como “beneficiados” a todos los candidatos que asistieron, aunque hayan estado sentados en la fila cuatro, nunca hayan hablado ni fueran mencionados. No importó: dividió entre todos los gastos de ese acto. “¿Si yo no llamé al electorado a votar por mí, cómo es que me beneficio?”, pregunta Figueroa.

El cuarto problema del dictamen, detalla el consejero, tiene que ver con “los gastos no reportados”, a los cuales no se les puede aplicar el prorrateo.

Por ejemplo: “Yo, partido, no reporté diez espectaculares colocados en el periférico de la Ciudad de México y sí reporté otros 10 espectaculares que puse en Ocosingo, Chiapas. El cuestionamiento es que, en lugar de que la unidad haya indagado cuánto cuesta poner espectaculares en el periférico y sumarle ese costo al gasto, dijo: ‘saco un promedio nacional y te lo asigno en términos de costo’. Ahí no solamente hay dolo en la acción del partido al no reportar, sino un beneficio del dolo. ¿Por qué? Pues porque bastaba con no reportar lo más caro para que la base del monto respecto de lo no reportado fuese disminuyendo”.  Entonces, aquello que en realidad costó 200 pesos la Unidad lo avaló en 50. “Así conviene no reportar”, dice el consejero, molesto.

“La Unidad de Fiscalización usó un criterio que no puedo acompañar, porque se vuelve injustificable que no haga un estudio de mercado que determine dónde gastaste y cuánto.”

Figueroa está consciente de que no hay consecuencias por rebasar el tope, “pues están en el gobierno los que rebasaron, pero tenemos derecho a sancionar a quien lo hizo y dar cuenta de que esta elección fue inequitativa”.

Recordó que durante las discusiones hubo quien sostuvo que era una “contabilidad de ficción”.

–¿Entonces la Unidad hizo un dictamen de ficción que avalaron los consejeros?

–Se puede decir que los criterios que presenta crean ficticiamente algo que no corresponde a la realidad en términos del gasto efectivo.

–¿El problema no fue la regla sino el criterio al aplicarla?

–Sí, pero aunque el criterio hubiera estado bien, los que la hubiesen violado van a seguir en el cargo.

–¿Genera impunidad?

–Genera irrealidad y las irregularidades quedan sin sancionarse.

–¿Pero la irrealidad no genera impunidad?

–Sí, y quedan sin sanción o son sancionados los que no deberían.

–¿No se sanciona lo real?

–Exactamente.

–Y si se hace una operación financiera para que lo real no se vea ni sancione, ¿qué pasa?

–Entonces lo que hay y se tiene que decir con claridad es la simulación. Se genera sobre todo una simulación o una ficción, como se ha dicho.

Figueroa fue el único que votó contra el dictamen. A lo largo de las sesiones –30 de enero, 6 de febrero y 10 de julio– varios de sus compañeros lo respaldaron, aunque al final votaron contra sus propios dichos.

Por ejemplo, María Marvan dijo el miércoles 10 que la Unidad “no puede pasar por nuestro trabajo y ser un mero trámite. (…) Tenemos facultades de corregir. En el gasto no reportado se debe sancionar y no prorratear. Son gastos que ocultaron y es una de las faltas más graves. Traiciona el equilibrio de la contienda”.

Benito Nacif destacó que para una coalición parcial “se prohíbe la facturación conjunta de los gastos”, aunque añadió: “Esta preocupación no afecta directamente el dictamen; éste tiene que ver cómo se dispersa el dinero entre partidos”.

Lorenzo Córdova declaró que el 177 B “es una mala norma porque vuelve irreales los topes de gastos y genera una verdad contable que no necesariamente coincide con la realidad de las campañas”.

Macarita Elizondo dijo en esa misma sesión: “Hoy vemos las consecuencias de esta estrategia de partidos. Y si se trata de gasto no reportado no se les puede aplicar el 177 B. (…) Nadie puede beneficiarse de su propio dolo”.

 

Los absurdos

 

Además de la criticada aplicación de criterios, en el dictamen existe una serie de absurdos, como tasar a 17 mil pesos un espectacular de Peña Nieto, elaborado por una empresa especializada, y darle el mismo precio a uno de López Obrador, creado a brochazos.

Hay otro espectacular de AMLO, cotizado en 235 mil pesos. A él se le carga todo ese dinero; pero en uno de Peña Nieto sólo se le consideraron 4 mil 104 pesos.

De acuerdo con el dictamen, en 47 actos masivos de Compromiso por México sólo se distribuyeron “37 cilindros para el agua” y se contrataron “únicamente cuatro edecanes”. Se lee que sólo en 16 ciudades ­–de un total de 47– distribuyó playeras; que en una sola ciudad entregó chamarras; que sólo en cinco ciudades dio banderines; que en ocho de 47 regaló aplaudidores; que nomás reportó pancartas en dos localidades; que en cuatro poblaciones, y ni una más, entregó volantes; que en una ciudad (de 47) dio calendarios; que sólo en dos distribuyó sombrillas y que instaló lonas en tan solo 11 mítines.

Además, la alianza PRI-PVEM no reportó un sinnúmero de utensilios regalados, como estufas o bicicletas. De todo ello, el IFE detectó que no notificó 28.5 millones de pesos. Tampoco informó de 79 eventos, entre ellos la realización de 13 “peñafest”. Y con todo, la autoridad permitió que esos gastos se distribuyeran.

Del lado de la coalición Movimiento Progresista, Camerino Márquez, representante ante el IFE del PRD, sostiene que nunca rebasaron los topes de campaña y que la Unidad no les aceptó la justificación de más de 70 millones de pesos, que les consideró como “gasto no reportado”.

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