CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Más de un centenar de integrantes de la Policía Comunitaria-Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), procedentes del municipio de Tixtla, irrumpieron cerca de las 21:50 horas en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR). Los manifestantes –mujeres, jóvenes y hombres desarmados– bloquearon los accesos al inmueble para presionar a la agente del Ministerio Público federal, Isidra García Sánchez, y libere a los tres policías comunitarios de Olinalá porque la fianza de 27 mil pesos que pagó el gobierno estatal ya fue exhibida desde las tres de la tarde. La madrugada de este lunes elementos de la Marina detuvieron a los policías comunitarios Martín Acevedo, Carlos Sánchez Zepeda y Eulogio López Suárez cuando éstos se trasladaban a Chilpancingo armados. En respuesta, agentes comunitarios detuvieron al director de la policía municipal de Olinalá, Lorenzo Medardo; siete preventivos y al agente del MP del fuero común, Francisco Bello Pineda. Incluso, los policías comunitarios condicionaron la liberación de los nueve retenidos hasta que soltaran a sus compañeros, situación que no ha ocurrido al cierre de esta edición. Esta noche, de manera simultánea, integrantes de la PC-CRAC bloquearon diversos tramos carreteros en la región de la Montaña y la Costa Chica, informó el coordinador de esa organización en Huamuxtitlán, Cristóbal Rendón. Los tramos carreteros obstruidos son: carretera Tlapa-Huamuxtitlán; Tlapa-Tlatlauquitepec y Ayutla-San Luis Acatlán, indicó el dirigente comunitario, zonas de influencia de la Policía Comunitaria que abarcan regiones de la Montaña y la Costa Chica. Previo a ello, el gobierno de Ángel Aguirre Rivero pagó la fianza de los tres policías comunitarios detenidos esta madrugada por elementos de la Secretaría de Marina en el municipio de Olinalá. Sin embargo, miembros de la CRAC siguen a la espera de que el agente del MP de la Federación libere a los policías comunitarios, pues en cuanto eso ocurra, advirtieron, ellos dejarán en libertad a los nueve funcionarios municipales y estatales que mantienen retenidos en respuesta a la aprehensión de sus compañeros. La presión ejercida por la CRAC obligó una vez más al gobierno de Guerrero a pagar la fianza de los comunitarios para destrabar el conflicto relacionado con la expansión de las autodefensas en la entidad, ante la omisión e indolencia de las autoridades gubernamentales frente a la ola de impunidad y violencia. Durante el pasado conflicto magisterial, el gobierno estatal también pagó las fianzas de los dirigentes de la Coordinador Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) para que éstos recuperaran su libertad a principios de junio anterior. Esta tarde, el dirigente de la CRAC, Eliseo Villar Castillo, detalló que el gobierno de Ángel Aguirre Rivero pagó 9 mil pesos de fianza por cada uno de los tres policías comunitarios que fueron aprehendidos en las primeras horas de este lunes, debido a que portaban dos armas de fuego, una de ellas calibre .38 súper y otra.9 milímetros. Entrevistado en la delegación de la PGR, al sur de esta capital, Villar Castillo reprochó la actitud de las autoridades en contra del movimiento de autodefensa, pues por un lado, dijo, el Ejército y la Marina están deteniendo a miembros de la PC-CRAC, y por el otro el gobierno de Aguirre paga las fianzas para que salgan en libertad bajo caución. “El hecho de que el gobierno nos detenga y luego pague para liberarnos es un juego, es un hostigamiento. Están presionando con el fin de que nos animemos a integrar el mando único, pero no lo van a lograr porque hay acuerdo de asamblea de que vamos a seguir siendo autónomos", subrayó el dirigente de la PC-CRAC. Minutos antes la coordinadora de la Policía Comunitaria (PC), Nestora Salgado, advirtió que bloquearían la carretera federal que conecta la región de la Montaña con el centro de la entidad, como medida de presión para obtener la libertad de sus tres compañeros. Sin embargo, los coordinadores de la PC-CRAC de los municipios de Huamuxtitlán, Tixtla y San Luis Acatlán, encabezados por Eliseo Villar, se reunieron con autoridades estatales en la residencia oficial Casa Guerrero, en esta capital, y negociaron la liberación de los comunitarios y los funcionarios retenidos. Según Salgado, al filo de la medianoche de este domingo, durante un operativo de la Marina en el centro de la cabecera municipal de Olinalá, elementos de esa institución intentaron detenerla, pero al no lograrlo se llevaron a los tres policías comunitarios bajo el argumento de que portaban armas de fuego. En respuesta, dijo, ellos detuvieron al director de Seguridad Pública municipal, Lorenzo Medardo, a siete policías municipales y al agente del Ministerio Público del fuero común, Francisco Bello Pineda.