Un motivo de atraso

Se habla poco de ella, a pesar de ser una de las principales causas del rezago social y el bajo crecimiento económico de México. Es además reflejo de la cultura de la ilegalidad prevaleciente, así como de la relación perversa entre sociedad y gobierno, hecha de una mezcla de desconfianza y dependencia ciudadana frente a la autoridad, sumada a una combinación de paternalismo, ineficiencia y corrupción gubernamentales. Se trata de la economía informal, una realidad evidente que por muchos años se trató de ocultar e incluso se fomentó, y que se ha convertido en un freno a la productividad y, por ende, al desarrollo y la competitividad del país.

El pasado 11 de diciembre el INEGI reveló las cifras que durante largo tiempo se habían mantenido en secreto: el 59% de los trabajadores mexicanos laboran en la economía informal, es decir, en la ilegalidad, por lo cual carecen de seguridad social, capacitación, estabilidad laboral y de las demás garantías que otorga la Ley Federal del Trabajo. Una ley que antes y después de reformada todos violan, empezando por el gobierno mismo.

El 22 de julio de este año, el gobierno federal dio a conocer el Programa para la Formalización del Empleo 2013, cuya meta inmediata será incorporar a la economía formal a 200 mil trabajadores en el segundo semestre. De acuerdo con las cifras oficiales, son más de 28 millones de trabajadores los que laboran en la economía informal. Por lo tanto, si se fueran a sumar 200 mil trabajadores a la formalidad cada semestre, se requerirían 70 años para integrar a toda la fuerza laboral del país a la economía formal y legal, sin contar los que se sumaran a la informalidad en ese lapso.

Esos datos dan cuenta de la magnitud del problema, pero no hacen referencia a las causas estructurales de ese inmenso fardo, ni a la manera de hacerle frente. El gobierno federal tampoco ha especificado la estrategia de política pública para superar el desafío de que seis de cada 10 trabajadores del país laboren en condiciones de precariedad e ilegalidad y carezcan de los beneficios de la seguridad social, como salud, vivienda, pensión para la vejez y seguro para el retiro, aparte de estar condenados a empleos malos y efímeros con salarios bajos, en microempresas ineficientes que no brindan capacitación ni tienen posibilidades de elevar su productividad para ser competitivas.

El presidente anunció la próxima creación del Sistema de Seguridad Social Universal, “que permitirá que todos los mexicanos cuenten con servicios de salud, seguro de desempleo temporal y una pensión básica para el retiro”. No obstante, aún falta por conocer el diagnóstico gubernamental preciso acerca de las causas y consecuencias de la informalidad laboral, así como las formas de combatirla, para alcanzar esa ambiciosa meta.

El reto es mayúsculo y, en consecuencia, requiere de una solución de fondo, integral, no parcial o cosmética. En México existen 3.7 millones de empresas, de las cuales el 90% tiene menos de cinco trabajadores, el 96%  menos de 10, y sólo el 1% tienen más de 50 trabajadores. De los 3.7 millones de empresas, únicamente 795 mil están registradas en el IMSS, una tercera parte del total. El resto son changarros, la mayoría ilegales e ineficientes, que pagan mal a sus empleados, no les ofrecen seguridad social ni cubren impuestos.

La investigación más seria acerca de la informalidad laboral en México es la realizada por Santiago Levy, creador del programa Oportunidades. En el libro Buenas intenciones, malos resultados. Política social, informalidad y crecimiento económico en México, Levy expone que una de las razones principales del bajo crecimiento de la economía mexicana desde 1995, a pesar de la estabilidad macroeconómica, es que la política social del gobierno ha estado mal orientada. En la búsqueda de una mayor equidad social, se ha fomentado la informalidad, se han subsidiado los empleos de baja productividad y, por lo tanto, la economía mexicana ha crecido mucho menos de lo necesario.

Levy parte de la siguiente premisa: El principal problema económico del país es, al mismo tiempo, su principal problema social: la baja tasa de crecimiento del PIB y de generación de empleos productivos con cobertura de seguridad social. En buena medida, ambos problemas se originan por un círculo vicioso: Al promover programas sociales para trabajadores informales, se fomenta el crecimiento del sector informal de la economía en detrimento del sector formal, que absorbe parte del costo de ese subsidio a través de impuestos, lo cual reduce la productividad, provoca mayor evasión fiscal y estimula el crecimiento de la informalidad.

Para romper ese círculo vicioso y resolver el dilema de optar entre elevar la productividad y el crecimiento económico o reducir la desigualdad y aumentar los programas sociales para todos los trabajadores, Levy propone conciliar esos dos objetivos en conflicto mediante una profunda reforma económica y social que otorgue derechos sociales a todos los trabajadores y que a la vez revitalice el crecimiento económico.

Entre otras cosas, la propuesta ofrece: extender el derecho a pensión de retiro, seguro de invalidez y de vida, así como servicios médicos con la cobertura que ofrece el IMSS, a 41 millones de trabajadores, en lugar de los 14 millones que disfrutan de esos derechos actualmente. Proteger a los  asalariados con seguro de desempleo. Reducir los costos laborales no salariales. Facilitar la legalización de cientos de miles de empresas que evaden las leyes laborales, de seguridad social y fiscales, dándoles acceso a créditos de la banca comercial y de desarrollo, así como a programas de capacitación. Y, desde luego, reducir la corrupción y la simulación.

¿Cómo lograrlo? Mediante la sustentabilidad fiscal de la política social. No, como ahora, a través del subsidio de la informalidad con la renta petrolera. Seguramente la estrategia gubernamental en la materia está basada en la propuesta de Levy. Veremos si en las discusiones en el Congreso prevalece la racionalidad económica y social o se impone el populismo ineficaz hasta hoy vigente.

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