AYUTLA, Gro. (proceso.com.mx).- El bloqueo de la carretera estatal que comunica a la región centro con la Costa Chica y que incluye la retención de un centenar de militares, tensó aún más la complicada situación en la entidad. En estos momentos, personal militar exige a los grupos comunitarios que mantienen cerrada la vialidad a la altura de este municipio liberen el paso y dejen en libertad a los soldados. Resulta que por la mañana guardias comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) liberaron la carretera a la altura del municipio de Teconapa, sin embargo, otro grupo de autodefensa ciudadana, el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) volvió a bloquear este mediodía esa vía de comunicación pero en el municipio de Ayutla. La CRAC demanda alto al hostigamiento por parte del Ejército. Sus integrantes reiteran que las autoridades están empeñadas en desarmarlos, cuando es su única manera de defenderse, mientras que no hacen lo mismo con los grupos criminales que tienen amenazadas a las comunidades. En esta zona operan dos de las principales organizaciones de autodefensa ciudadana. Por la mañana, integrantes de la UPOEG comenzaron a liberar la carretera interestatal que conecta la región Centro con la Costa Chica de la entidad. Los inconformes aún retienen a aproximadamente un centenar de militares. Desde las 08:45 horas, los pobladores de El Pericón y miembros de la guardia comunitaria desbloquearon esta vía de comunicación como una muestra de su interés para negociar con las autoridades gubernamentales,  indicó el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio. Ayer a las ocho de la mañana, soldados detuvieron a cinco miembros de la organización que integraban un retén. En respuesta, los pobladores bloquearon la carretera y retuvieron a los militares. Ningún representante del gobierno estatal se ha presentado en la zona para destrabar el conflicto. Previamente, integrantes del grupo de autodefensa del poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, liberaron la carretera federal México–Acapulco. Los dirigentes de la UPOEG acordaron concentrar su fuerza en el  poblado de El Pericón, donde celebrarán una asamblea para definir las acciones a tomar ante la indolencia gubernamental frente a este bloqueo que dejó cientos de automovilistas varados en la carretera interestatal Tierra Colorada-Ayutla de los libres. Ayer por la noche, el gobernador Ángel Aguirre admitió que fue rebasado por la protesta de la  UPOEG, y por ello planteó una reunión para este martes con autoridades federales para discutir el tema de los operativos de desarme que encabeza el Ejército en contra de los grupos de autodefensa que operan con el apoyo del gobierno estatal. Incluso, el gobierno del estado, mediante un comunicado, acusó a los miembros de la guardia comunitaria de la UPOEG de violar un acuerdo donde "se comprometieron a no salir de sus territorios armados y no portar armas de grueso calibre". La administración estatal, agrega el boletín, anuncia el respaldo a las acciones del Ejército en contra de los grupos de autodefensa que operan en cinco de siete regiones de la entidad con el aval y subsidio del mandatario estatal. Este conflicto estalló ayer a las ocho de la mañana, cuando los soldados detuvieron en un retén instalado en El Pericón a cinco miembros del grupo de autodefensa y les decomisaron igual número de armas de grueso calibre, una subametralladora tipo Uzi y cuatro pistolas calibre .45 y .9 milímetros. Los guardias comunitarios desarmados estaban encabezados por Gerardo Telefor, “El Comandante Garza”, quien también fue detenido y liberado una hora después, luego de que los pobladores de este lugar, como medida de presión, bloquearon las entradas y salidas del poblado a la altura de los cruceros de Las Cruces y Las Ánimas. Pobladores denunciaron que desde hace dos meses el Ejército instaló un campamento en una zona arqueológica, en el poblado de El Pericón, y que en este lugar convivían con civiles armados que portaban uniformes negros. Incluso señalaron que en el momento en que los militares fueron cercados por la población que se manifestó sin armas, al menos dos hombres que portaban playeras negras huyeron a pie del campamento militar, en tanto que los soldados se agruparon y encañonaron a los civiles. Enseguida, los pobladores descubrieron un presunto puesto de tortura en el campamento militar: un cable atado a un árbol y rastros de que en ese punto personas habrían sido sometidas a tormentos. Por ello, los miembros de la UPOEG exigieron la entrega del armamento decomisado a sus guardias comunitarios que se dirigían a una reunión regional en Tierra Colorada y demandaron que se investigue al capitán identificado sólo como “Bron”, quien fue acusado de brindar protección a delincuentes. Al respecto, el dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, señaló que el Ejército viola un acuerdo que se suscribió la semana pasada entre autoridades y el grupo de autodefensa. Ese pacto plantea el respeto del Ejército, Marina y policías de los tres niveles al brazo armado de la UPOEG y reprochó el hecho de que el gobierno federal hostigue a los ciudadanos que decidieron armarse para enfrentar a la delincuencia ante la omisión gubernamental.