La electricidad, otro plato fuerte

Los reflectores nacionales apuntan hacia el petróleo ahora que el titular del Ejecutivo federal está a punto de enviar al Congreso su iniciativa de reforma energética, pero algunas voces alertan: otro sector que se le ofrecerá a la inversión extranjera es el eléctrico. La apertura total de éste empezó a tramarse en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y funcionarios que intervinieron entonces en las discusiones del TLC ahora son ejecutivos de algunas de las trasnacionales más poderosas del ramo, o bien, controlan la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí salen a relucir los nombres, de Luis Téllez, José Córdoba Montoya y Georgina Kessel, entre otros.

La iniciativa de reforma energética que el próximo miércoles 14 enviará el Ejecutivo federal a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión incluirá propuestas de modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales; fuentes seguras afirman que la iniciativa fue confeccionada sobre todo por Luis Téllez y José Córdoba Montoya.

Algunos de los personajes que están detrás de la propuesta del Ejecutivo están ligados a empresas generadoras de energía, entre ellas Sempra, a la cual Estados Unidos intenta consolidar –junto con otras– desde la Patagonia hasta México para asegurar así su suministro energético, como lo manifestó el pasado 11 de abril Carlos Pascual, coordinador estadunidense de Asuntos Internacionales de Energía ante la Cámara de Representantes de su país.

Y los exfuncionarios federales que dieron pie a la apertura del sector energético –desde 1990 con la discusión del Tratado de Libre Comercio (TLC), 1992 con la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía y 2008 con la reforma energética– hoy están arropados por empresas extranjeras del ramo y otros, como Téllez y Córdoba, en posiciones clave para el gobierno, como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Pasaron de ser cómplices en el gobierno para la apertura energética a socios de las grandes empresas”, acusa Manuel Bartlett, senador por el Partido del Trabajo y quien desde 2000 emprendió la defensa del sector eléctrico.

Hoy, añade, pretenden terminar de traicionar a la patria abriendo en su totalidad todo el sector a la iniciativa privada, en especial a las grandes trasnacionales.

Esta reforma podría contener modificaciones fundamentales a las bases de la soberanía del país, dice Francisco Carrillo Soberón, exdiputado federal por el PRD y coordinador del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Podrían cambiar el párrafo cuarto del artículo 25, apunta, donde se establece que el sector público tiene a su cargo “de manera exclusiva” las áreas estratégicas que se señalan en el párrafo cuarto del artículo 28.

En éste, agrega, se establece que las funciones del Estado en áreas estratégicas, como correos, petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos y generación de energía nuclear y electricidad no constituyen monopolios.

En tanto que en el 27 se intentará eliminar la exclusividad del Estado para prestar el servicio público de electricidad, además de eliminar la prohibición de otorgar concesiones o contratos en materia de petróleo y carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.

 

De cómplices a socios

 

Para entender cómo se urdió el camino a la privatización del sector energético, dice Bartlett, hay que empezar por la discusión del TLC entre 1990 y 1992. Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de México, y sus pares de Canadá y Estados Unidos dijeron “vamos a respetar nuestras constituciones”… pero dejaron “hoyos”, asegura.

Carrillo Soberón, en entrevista por separado, recuerda que en la discusión del TLC se dejaron cabos sueltos “que permitían la generación de energía eléctrica para privados”.

El segundo paso, dice Bartlett, fue la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de diciembre de 1992, norma reglamentaria del párrafo 5 del artículo 27 constitucional.

En síntesis lo que se modificó en la ley de 1992 fue no considerar “servicio público la cogeneración, importación, exportación y pequeña producción de energía, ni la generación de parte de productores independientes, quienes a su vez están obligados a venderla a la Comisión Federal de Electricidad”.

En dicha ley, recuerda el senador, introdujeron el concepto de “permisos” de energía, “porque la Constitución en su artículo 27 prohíbe el otorgamiento de concesiones y contratos cuando se trata de petróleo, energía eléctrica y carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos”.

Todo es una simulación, acusa Bartlett, quien insiste en que la reforma energética que se presentará esta semana se debe “a presiones de Estados Unidos –empezando con el TLC– y a la corrupción de los funcionarios que pasaron de ser cómplices a socios de grandes trasnacionales en la materia”.

Todos son una gran familia, gozaron de información privilegiada cuando fueron funcionarios, obtuvieron relaciones importantes, impulsaron cambios a las leyes y terminaron de sus empleados, acusa el senador.

Esto se ejemplifica con dos figuras: los salinistas Luis Téllez y José María Córdoba Montoya, a quienes algunas fuentes atribuyen la confección de la reforma energética que se presentará el miércoles 14.

En el sexenio de Salinas, Luis Téllez fue subsecretario de Agricultura; en los tres primeros años del de Ernesto Zedillo fue coordinador de asesores de la Presidencia y en los tres últimos, secretario de Energía. En la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón fue secretario de Comunicaciones y Transportes y de 2009 a la fecha es presidente de la BMV. Y en 2004, separado de la administración pública, formó parte del consejo de administración de la estadunidense Sempra Energy.

José Córdoba Montoya se alejó en 1994 de la administración pública y reapareció en 2003 como propietario de la empresa Proveedora de Servicios de Energía, S.A. de C.V., la cual puede construir, adquirir, enajenar, operar o arrendar plantas de energía eléctrica. Hoy aparece como asesor de Téllez en la BMV.

Además de Córdoba Montoya, afirma Bartlett, otra persona que ideó cambios legales para abrir lentamente la privatización del sector energético y que hoy se beneficia de ello es Georgina Kessel.

En 1994 fue directora de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), organismo encargado de entregar los primeros permisos de cogeneración, exportación, importación, autoabastecimiento y producción independiente de energía eléctrica. Luego ocupó diversos cargos en la administración pública no relacionados con el sector, pero de 2006 a 2011 fue secretaria de Energía y, por lo tanto, cabeza de sector de la CRE.

Y desde el pasado 23 de abril es integrante del Consejo de Administración de la española Iberdrola, la mayor empresa generadora de energía en el mundo.

Bartlett abunda: Ahí está también Protego, la empresa que creó el exsecretario de Hacienda de Salinas de Gortari, Pedro Aspe, y quien tuvo como su empleado a Luis Videgaray, hoy titular de la misma cartera en el gobierno de Peña Nieto.

La importancia de Protego radica en que ya no se dedica a la solución de deuda de los estados, sino que ahora asesora a grandes empresas industriales que tienen un consumo significativo de energía eléctrica y que le compran a las trasnacionales y mexicanas que a partir de 1996 entraron al mercado de la venta de electricidad.

“A través del desarrollo de proyectos de autogeneración y cogeneración nuestros clientes han obtenido precios de electricidad competitivos”, dice en su portal. Además ha logrado la inversión de estas empresas por mil 120 millones de dólares para generar su propia energía eléctrica, “lo cual corresponde a 70% del total de los proyectos de generación privada”.

Y por si algo faltara, Protego –la cual se fusionó con la empresa financiera estadunidense Evercore– brinda asesoría para la licitación de contratos que apoyan las operaciones de Pemex.

Otro exfuncionario que llegó a contar con información privilegiada y hoy trabaja para Sempra Energy es Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Zedillo. A partir de 2007 fungió como integrante del consejo de administración de Sempra Energy y desde julio de 2012 es director de Sempra México y quedó al frente de las operaciones de la filial IEnova.

Además Pemex le asignó a Evercore-Protego el contrato para financiar el proyecto Los Ramones, que es la instalación de un sistema de gasoductos con una longitud de mil 21 kilómetros en Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato.

El proyecto lo realizan Pemex Gas y Petroquímica Básica y Sempra Energy, cuyo director es Ruiz Sacristán. Y para concluir con el amarre de coincidencias, el proyecto es auditado financieramente por un grupo de empresas internacionales, entre ellas Anesco, S.C., bajo la representación de Alfonso Ruiz Camargo, socio de Córdoba Montoya en su empresa Proveedora de Servicios de Energía.

 

Las profecías de Pascual

 

Si desde la firma del TLC Estados Unidos ya vislumbraba el potencial energético de México, Carlos Pascual lo dejó más que claro el pasado 11 de abril, cuando compareció ante la Cámara de Representantes de su país.

En su discurso, Pascual –exembajador en México– habló de la situación energética desde la Patagonia hasta México y la sintetizó como de “grandes oportunidades para la seguridad energética de Estados Unidos”.

En la primera parte de su intervención destaca que Estados Unidos es uno de los grandes exportadores de gas natural licuado del mundo. “Hoy estamos al borde de una revolución de las energías renovables que, si se desarrolla bien, puede proporcionar beneficios para la industria de Estados Unidos.

Y sostiene: “En este momento crucial el liderazgo de Estados Unidos tendrá implicaciones importantes para la energía continua y de largo plazo, para la seguridad de América del Norte y el resto del hemisferio occidental”.

Pascual señala que en Centroamérica la producción de energía es “sucia” y en Colombia, Argentina y Brasil se tienen problemas de clima, así que plantea mejorar la obtención de sus energías con el apoyo de las tecnologías de Estados Unidos.

Se refiere a la compra de petróleo a Canadá y destaca que en México ha caído, pues la reserva probada es de 10.2 mil millones de barriles pero su producción se redujo 23% entre 2004 y 2011, “y casi todos los pronósticos dicen que las proyecciones de producción mexicana disminuirán en el corto plazo”.

Inmediatamente destaca que Peña Nieto ha hecho de la reforma energética su prioridad “y si tiene éxito, México podría atraer inversiones internacionales para desarrollar sus recursos de hidrocarburos. Esto podría reforzar para América del Norte su seguridad energética y para México su posición fiscal… a pesar de los retos que enfrenta México, la historia es que América del Norte en su conjunto podría incrementar la seguridad energética nacional y mundial”.

Pascual recordó el plan Connecting the Americas 2022 y que con ella los países americanos, desde Chile hasta Canadá, podrían tener éxito en sus proyectos de energías renovables y promover un poderoso mercado de interconexión regional.

Apuntó que Estados Unidos tiene con Canadá un intercambio de 62 billones de kilowatts/hora (kwh), aunque con México apenas tiene 11 interconexiones por donde transitaban 1.5 billones de kwh hasta 2011. Añadió: “Nosotros seguiremos construyendo estas oportunidades hasta hacer nuestros negocios”.

Y Pascual –quien además es yerno del director de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Rojas– ejemplifica: “Sempra Energy tiene planes de construir un parque eólico en Baja California usando tecnología y componentes de Estados Unidos y exportando la energía para el servicio eléctrico de San Diego, California”.

El panorama energético es profundamente complejo, añade, pero es una espectacular oportunidad para Estados Unidos en trabajo, intereses comerciales, desarrollo de la economía y seguridad energética. “Mientras el mercado energético en el mundo se transforme, reflejando nuestro poder, Estados Unidos tiene mucho que compartir para empezar a formar parte de este panorama”.

Pascual termina diciendo que para estar dentro del mercado energético y lograr la seguridad en la materia, Estados Unidos puede dar apoyo a través de sus empresas y compartir su tecnología.

Y así lo está haciendo en México, pues no sólo Sempra Energy desarrolla exportación de energía de México a Estados Unidos, también lo hacen las empresas AES e Intergen; la primera instaló una planta de energía en Mérida y desde ahí la vende a Belice; la segunda tiene una planta en Rosarito para llevar energía a Estados Unidos.

Y más que el petróleo, parece que la corona de la reforma energética es la electricidad. Actualmente 49% de la energía eléctrica está en manos de trasnacionales “y la reforma les quiere dar el otro 51%”, acusa Bartlett, quien recuerda que Pemex es la empresa que más vale y le sigue la CFE, con un valor de 150 mil millones de dólares. Y de ese 49% que generan los productores privados, la mayor parte está en manos de Iberdrola, la empresa de la que Kessel es hoy consejera.

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