MÉXICO, D.F. (apro).- El derecho a la transparencia pende de una sola votación en el Congreso: una decisión en el pleno de la Cámara de Diputados complicaría enormemente la capacidad de un ciudadano para exigir claridad a sus gobernantes. Ayer, integrantes de comisiones unidas de San Lázaro avalaron un dictamen en el que se asienta que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) pueden ser apeladas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el procurador general de la República, el consejero jurídico de la Presidencia, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el gobernador del Banco de México (Banxico). Hasta hoy, la decisión del IFAI –que tiene como objetivo promover la transparencia– era inapelable para todas las dependencias federales. De aprobarse esta iniciativa, el ente que busca la claridad dejaría de tener la última palabra, y el asunto pasaría a una instancia (la SCJN) que tiene otros intereses además de evitar la opacidad. El ciudadano, por lo tanto, debería afrontar otro escalón en su búsqueda de la información gubernamental –que es pública a menos que se especifique lo contrario–. Lo más grave es que este escalón, al ser enteramente judicial, requeriría de un abogado para defender al ciudadano. En la decisión de las comisiones se modificó la minuta aprobada en el Senado. Se incluyeron las reservas argumentando que las resoluciones del IFAI pudieran poner en peligro la seguridad nacional, la estabilidad económica o cuando se transgredan los derechos humanos. Sin embargo, tal como está la ley actual estos parámetros ya se consideran. Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar Centro de Análisis e Investigación, comentó que lo preocupante es que los diputados quieren llevar a la Constitución la reserva de información a pesar de que históricamente los gobiernos han utilizado este principio como pretexto para negar sistemáticamente lo que no quiere que se sepa. “Uno de los elementos de preocupación en el ejercicio en el derecho de acceso a la información es el abuso de las causales de reserva por razones de seguridad, supuesta puesta en riesgo de las relaciones internacionales, etcétera. Las excepciones que ya prevé la ley suelen utilizarse de manera abusiva por las autoridades para negar la información y lo que propuso el PRI para el dictamen es la constitucionalización de esa práctica”, aseguró el abogado. “El régimen de transparencia hasta el momento nos ha dado más satisfacciones y pequeños avances en la democratización de lo público, la posición del PRI es la inversa, tienen una actitud como si hubiera evidencia de que el acceso a la información estuviera afectando los intereses públicos, pero no, afecta los intereses políticos y si lo que quieren es proteger, aislarse de la discusión pública y seguir operando en un manto de altísima discrecionalidad, arbitrariedad y abuso esta es la mejor manera”, dijo Pulido. La minuta aprobada en el Senado en diciembre de 2012, fortalecía las facultades del IFAI ya que sus resoluciones serían vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, personas físicas, morales y sindicatos se consideraba pública y sólo podría ser reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional. Con las modificaciones que se aprobaron ayer, ciertos entes del gobierno podrían apelar en la SCJN sus resoluciones. Este dictamen, con cambios a la minuta enviada por el Senado, se presentará al pleno durante el periodo extraordinario que se efectuará del próximo miércoles 21 al viernes 23 de agosto donde deberá ser discutida y votada. En tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) explicó que la reforma a la transparencia que se votará en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo periodo extraordinario es un “retroceso”, una “regresión” y una “reversa” para la rendición de cuentas en México. Mediante un comunicado, el órgano garante de la transparencia en el país (y hasta la fecha, máxima autoridad en el tema) aseguró que avalar la reforma que ya aprobaron las comisiones unidas de San Lázaro “representa regresiones frente a la propuesta de reforma que impulsó en septiembre de 2012 el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Marca una reversa frente al dictamen aprobado por la Cámara de Senadores, dictamen que se elaboró con una gran participación de expertos en la materia y la sociedad civil comprometida con la transparencia y el derecho de acceso a la información”. El órgano autónomo explicó: “La propuesta abre la posibilidad de que las resoluciones del IFAI sean impugnadas por la Procuraduría General de la República, el Banco de México, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Esto podría provocar la judicialización de un derecho fundamental que, hasta ahora, se ha ejercido en México en forma gratuita, pronta y expedita, y que ha colocado a nuestro país como referencia mundial en la materia”. Sin embargo, el IFAI aclara que este no es el mayor de los problemas, sino que “la propuesta excluye como sujetos obligados directos a los partidos políticos, entidades que reciben grandes cantidades de recursos públicos y que ya son sujetos obligados directos en 17 legislaciones estatales sobre acceso a la información”. Cuando las comisiones unidas de la Cámara de Diputados avalaron el dictamen regresivo, aseguraron que lo hacían para evitar riesgos a la seguridad nacional. Hoy les IFAI les respondió: “En más de diez años de ejercicio del derecho de acceso a la información en el ámbito federal, no existe evidencia alguna de que al ordenar la entrega de información se haya puesto en riesgo alguno la seguridad nacional o la estabilidad económica del país. Desde 2003, el Pleno del IFAI ha actuado siempre a la altura de la responsabilidad legal que le ha sido encomendada”.