OAXACA, Oax. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó el asesinato del líder del Frente Nacional Indígena y Campesino (FNIC), Arturo Pimentel Salas, quien fue abatido esta mañana de dos impactos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el tórax. El ataque al también exdirigente del Frente Indígena Binacional se produjo en la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Lomas del Santo, en el municipio conurbado de San Agustín de las Juntas, donde resultó herido de gravedad, razón por la que fue trasladado al hospital civil “Aurelio Valdivieso”, en que falleció a las 12:57 horas. La Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Alto Impacto (SADAI) inició las investigaciones y adelantó que hay tres personas en calidad de presentadas para que declaren sobre esta ejecución. Según consta en la averiguación previa, el exlíder de migrantes presentó traumatismo craneoencefálico severo secundario por herida producida por proyectil, disparado por arma de fuego. Un segundo impacto se ubicó en la parte posterior del tórax. No obstante, los peritos no localizaron en el lugar de la agresión casquillos percutidos de arma de fuego. Pimentel Salas fue durante muchos años coordinador general del Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), sin embargo, el 19 de mayo de 2001 fue desconocido por más de 600 representantes de diferentes comunidades, quienes lo acusaron de “traición” por participar como candidato del PRD a diputado local por el distrito 21 en ese mismo año. Además, fue cuestionado por negarse a rendir cuentas sobre el uso de los recursos que las fundaciones y entidades gubernamentales habían otorgado al FIOB para la puesta en marcha de proyectos productivos. Repudian crimen “¿Quién sigue?”, es la pregunta que dejó en el aire la organización social Comuna Oaxaca al condenar el asesinato de Arturo Pimentel Salas, al tiempo que cuestionó la “inacción” del gobierno estatal frente a los ataques a luchadores sociales de izquierda. Esta organización, que lidera el diputado local Flavio Sosa Villavicencio, señaló que “los sucesivos ataques contra dirigentes sociales en el estado equivalen a una condena de muerte para quienes trabajan a favor de mejorar las condiciones de vida de quienes menos tienen”. Comuna Oaxaca se quejó de la impunidad en la que permanecen estos atentados y, “mientras no sepamos quién jaló el gatillo en cada caso, quién dio la orden y por qué motivo”, entonces la pregunta “¿quién sigue?” continuará como amenaza de muerte permanente contra quienes han aportado desde la izquierda al movimiento social”. A través de un comunicado, destacó que “la vida no debe ser el precio demandado por participar en la transición a la democracia”. Por lo pronto, Comuna Oaxaca demandó a las autoridades estatales investigar a fondo el crimen para evitar que la impunidad permita que en el estado continúe la violencia contra líderes de izquierda. Recordó que en febrero de 2009, Arturo Pimentel fue atacado en su domicilio y no se investigó, lo que es considerado como “una muestra del grave desinterés oficial” hacia las denuncias de la izquierda. Luego cuestionó a la PGJE y a los jueces penales los motivos por los cuales no han sido sentenciados los responsables materiales e intelectuales de una serie de agresiones contra dirigentes sociales, de 2009 a la fecha. Entre ellos, mencionó los casos de Beatriz López Leyva, dirigente de Comuna Oaxaca, asesinada en abril de 2009; Catarino Torres Pereda, secretario general del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), el 22 de octubre de 2010, y Heriberto Pazos Ortiz, líder histórico del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el 23 de octubre de 2010. Asimismo, los casos de Rafael Rodríguez, del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, el 24 de diciembre de 2011; Bernardo Vázquez, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, el 15 de marzo de 2012, y Nicolás Estrada Merino, presidente del Consejo Estatal del PRD, hallado asesinado en junio pasado. También cuestionó a las autoridades sobre cuántas personas purgan condena por el atentado que sufrió Enrique Quiroz, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, el 30 de septiembre de 2011. De igual forma interrogó: “¿Ya se sabe quiénes fueron los responsables del intento de secuestro contra César Mateos Benítez, integrante de la dirigencia colectiva de esta organización, en mayo de 2012? ¿Y a nombre de quién están registrados los números de teléfono desde los cuales en distintas ocasiones fue amenazado de muerte el diputado Flavio Sosa, también compañero de Comuna Oaxaca?”. Aunado a ello, preguntó sobre las inexistentes condenas por los asesinatos cometidos durante la represión al movimiento social de 2006 y 2007, así como por desaparecidos del EPR Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.