CHILPANCINGO. Gro., (apro).- La adjudicación directa de contratos diversos a asesores del subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud (Ssa), Arturo Sánchez Torres, se ha convertido en una  práctica sistemática en esa dependencia. El pasado 24 de enero, mediante el oficio 247, Sánchez Torres ordenó a la directora del programa “Régimen estatal de protección social en salud”, Alejandra Sánchez Cortés, que hiciera un pago por 120 mil 365 pesos a su asesora Sandra Hernández Díaz, supuesta "proveedora" de "servicios para los programas de salud". El monto fue cubierto al día siguiente con recursos públicos del programa Desarrollo Humano Oportunidades 2009 del Sistema de Protección Social en Salud, de acuerdo con documentos oficiales consultados por Apro. Ese no es el único caso. El pasado miércoles 21 se dio a conocer que Sánchez Torres favoreció a su asesora Cinthya Denisse López Cabrera con la adjudicación directa de un proyecto de investigación por más de un millón de pesos, del que hasta ahora se ignora si se ejecutó. En los primeros días de julio pasado, sin la autorización del titular de la dependencia estatal, Lázaro Masón Alonso, el subsecretario de Administración y Finanzas ordenó al jefe de departamento de Tesorería, Jimmar García Jiménez, que preparara el pago de un millón 44 mil pesos –en dos emisiones, cada una por 522 mil pesos– a López Cabrera, de acuerdo con los documentos consultados. Según esos escritos, el 8 de julio, mediante el oficio SSA/SAF/575, Sánchez Torres solicitó el pago al subdirector de Recursos Financieros de la SSA, Félix Salgado Tenorio, por “un trabajo de investigación” denominado “Enseñanza y calidad para la salud primera parte”. Ese mismo día la asesora de Sánchez Torres presentó dos facturas a su nombre con domicilio en la calle Pedro Ramírez del Castillo 72 A, interior 1 del Barrio de San Pedro, de la delegación Xochimilco, en la ciudad de México. La transferencia de recursos se hizo 10 días después con cargo a la cuenta de la partida presupuestal Estímulo Fiscal 2012 de la SSA, radicada en el banco Santander. De acuerdo con el presupuesto de Guerrero, esta partida tiene que ver con la administración de impuestos, mas no para la realización de estudios. También marca otras partidas para investigación y asesoramiento, pero para acceder a ellas hay que cumplir con criterios académicos y técnicos. Además, por el monto de la erogación, debió haberse realizado una licitación, tal como lo ordena la ley. El objetivo de este tipo de concurso es que todos los interesados en prestar determinado servicio (en este caso la realización del estudio) tengan la oportunidad de acceder a los recursos, si embargo no hay constancia de que se haya hecho una licitación. En el informe oficial tampoco existe una explicación, justificación o alcance del “trabajo de investigación” realizado por la colaboradora de Sánchez Torres. Es decir que de manera oficial el gobierno encargó un trabajo sin parámetros de análisis ni claridad en lo que quería saber ni esperaba recibir, por lo que se trata de una adjudicación directa del funcionario para beneficiar a su colaboradora sin justificación o pedimento oficial del supuesto estudio. Fuentes oficiales de la dependencia señalaron que dicha investigación no existe y tampoco se especifica la fecha de entrega (ni siquiera si ya pasó o está por venir), de manera que no hay posibilidad de evaluar ni sancionar retrasos o incumplimientos. En una búsqueda realizada por esta agencia entre los documentos públicos de la entidad no se encontró este análisis. En septiembre pasado Apro reveló que un grupo de proveedores de la Ssa denunció penalmente a Sánchez Torres, quien forma parte del grupo cercano al gobernador Ángel Aguirre Rivero, debido a que estaba exigiendo 20% del monto total de los contratos que adjudica la dependencia estatal, a empresarios que se encargan de abastecer de medicamentos o realizar obras de infraestructura sanitaria. En respuesta, el funcionario estatal y su secretario privado, Elvis Cortés Salado, así como el subsecretario de Planeación de la misma dependencia, Pablo Zapién Cortés, solicitaron protección del gobierno de Aguirre bajo el argumento de que habían recibido amenazas de muerte por parte de un grupo armado. A los tres funcionarios se les brindó una inusual escolta y la denuncia en su contra por presuntos actos de corrupción se diluyó.