Peña peor que Calderón, considera el IMDHD

MÉXICO, D.F. (apro).- El regreso del PRI a la Presidencia de la República no significó el cambio de modelo de seguridad y justicia que aplicó Felipe Calderón, considerado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) como “un fracaso”.

En vísperas del primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, un análisis realizado por el IMDHD sobre el cumplimiento de las promesas de campaña del priista para combatir la inseguridad de forma integral considera que “devolver la paz y la tranquilidad está aún muy lejos de ser una experiencia tangible para los ciudadanos. Crecer económicamente es hoy una quimera, pues la expectativa de crecimiento para este año apenas ronda el 1.8 por ciento, y combatir la pobreza tampoco puede mostrar resultados pues la cruzada contra el hambre ha sido cuestionada por su sesgo político electoral”.

Bajo el título de “Evaluación del cumplimiento de las promesas de campaña de EPN en materia de seguridad y justicia”, el reporte coordinado por Edgar Cortez resalta que a pesar de la creación del Programa Nacional de Prevención del Delito, operado desde febrero por Roberto Campa Cifrián, la violencia no ha disminuido, siendo los estados de Guerrero, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León, donde se concentra el mayor número de ejecuciones.

A esa violencia se agregan lo que sucede en Michoacán: “fuertes confrontaciones entre bandas criminales, la multiplicación de grupos civiles de autodefensa y los reiterados ataques en contra del Ejército y Policía Federal”.

El documento recuerda que, en campaña, Peña Nieto prometió destinar el 5% del PIB en seguridad, situación que no parece tener sustento en los hechos, toda vez que mientras en 2012 “se destinaron a este rubro 127 mil 314 millones de pesos, equivalente al 08996 por ciento del PIB; mientras que el presupuesto de este año destinado al mismo rubro fue de 135 mil 514.31 millones de pesos, equivalente al 0.8957 por ciento”.

El informe cita al experto Eduardo Guerrero Gutiérrez, quien resalta que mientras en los últimos seis meses del gobierno de Felipe Calderón, las ejecuciones se concentraron en 217 municipios, en el primer semestre del gobierno de Peña Nieto los homicidios dolosos se extendieron a 263 municipios.

Mientras la violencia se mantiene, se enfatiza, la certificación de controles de confianza de los cuerpos policiacos se estanca, y está lejos de cumplirse la meta de contar con policías capacitados y certificados el 30 de octubre próximo: a junio de 2013, faltaban “50 mil elementos de ser evaluados”, tanto a nivel federal como estatal, en tanto que de los 37 mil 510 altos mandos estatales “sólo se había evaluado a 271”.

Y mientras no hay policías certificados, la estrategia de seguridad nacional nuevamente está sostenida en las fuerzas armadas, en especial en estados como Guerrero, Michoacán y Nuevo León, se apunta.

En cuanto a la promesa de la creación de la Gendarmería Nacional, la evaluación que hace el planteamiento sobre el gobierno peñanietista sobre su conformación es “incierta”, tanto que su existencia “no se menciona en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018. Lo que refuerza la pregunta de qué lugar ocupa exactamente la Gendarmería en una estrategia única”.

El texto hace mención a la existencia de las policías comunitarias, los grupos de autodefensa, las guardias o policías ciudadanas, presentes en unos “50 municipios ubicados en unos cincuenta en casi la mitad de los estados del país. A la aparición de estos grupos le antecede la ausencia del Estado para garantizar el derecho a la seguridad de sus habitantes”.

Se cuestiona la respuesta “diversa” de las autoridades en cada caso. En algunos “se ofreció buscar alternativas para darles reconocimiento y en otros se ha detenido y sometido a proceso judicial a algunos de sus integrantes. La aplicación de uno u otro criterio parece totalmente arbitraria”.

Mientras está en suspenso la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la resolución judicial que ordena la devolución de bienes a Raúl Salinas de Gortari, “refuerza la idea de una corrupción extendida y que sólo beneficia a la clase política y sus allegados”.

En materia de procuración y administración de justicia, resalta que no hay iniciativas concretas para independizar el ministerio público, tampoco para que la cárcel deje de ser la única alternativa de castigo incluso para delitos menores. “Resulta imposible” la implementación de la reforma penal judicial en todo el país prevista para 2016, dada la falta de planes concretos, y mientras se promulgó la Ley General de Víctimas, no se ha creado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Sobre el tratamiento al crimen organizado se señala: “A pesar de que las más recientes detenciones han sido ampliamente difundidas como el resultado del trabajo de inteligencia, no ha habido una evidencia que comprobara el cambio real en su modus operandi. Por otro lado, hay ejemplos como el de Michoacán. Lejos de cambiar la estrategia de seguridad, inteligencia y otros componentes, el gobierno federal ha decidido hacer lo que sus antecesores: un nuevo operativo”.

Sobre la insistencia del gobierno de Peña Nieto de que han disminuido el número de homicidios, el reporte del IMDHD resalta las inconsistencias en el discurso detectadas por organizaciones civiles, así como la falta de transparencia en la metodología para determinar el número de fallecimientos dolosos, que según el semanario Zeta rebasarían los 13 mil crímenes del primero de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013.

En cuanto a la participación ciudadana en la elaboración del Programa Nacional de Desarrollo 2023-2028, para el que “se realizaron numerosos foros de consulta pero nunca se explicitó la manera como se procesaría e integrarían las propuestas ciudadanas. Al final apareció un documento pero sin que nadie a ciencia cierta sepa qué de sus contenidos se puede reivindicar de las propuestas ciudadanas”.

El documento puntualiza que aún cuando en campaña y en el ejercicio del gobierno Peña Nieto ha integrado en el discurso el tema del respeto a los derechos humanos, lo cierto es que “no ha presentado iniciativas respecto de leyes reglamentarias derivadas de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio 2011”.

En ese sentido, el balance del IMDHD es que “la política de seguridad carece de un enfoque de derechos humanos”, toda vez que en el gobierno de Peña Nieto “no hay una vinculación entre ambos conceptos”.

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