En Migración, podredumbre extrema

A dos décadas de haber sido creado, el Instituto Nacional de Migración, al frente del cual el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Ardelio Vargas Fosado, sobrevive inmerso en la corrupción y ha dejado de cumplir sus objetivos: garantizar la seguridad de los migrantes en su tránsito por la República Mexicana. Tal es el diagnóstico realizado por un equipo de investigadores del Instituto para la Seguridad y la Democracia coordinado por Sonja Wolf.

 

El Instituto Nacional de Migración (INM) está en una fase de “extrema descomposición”, pues sus funcionarios se guían más por intereses políticos y omiten sancionar a quienes cometen abusos o actos de corrupción contra aquellos que atraviesan el territorio nacional en su itinerario hacia Estados Unidos, señala el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) en su diagnóstico realizado entre marzo de 2012 y julio de 2013.

Según el equipo de investigación de Insyde, coordinado por Sonja Wolf, el instituto presidido por Ardelio Vargas Fosado opera con opacidad y bajo un enfoque de seguridad nacional sesgado en el que se conculcan los derechos humanos de los indocumentados centro y sudamericanos.

El “Diagnóstico del Instituto Nacional de Migración. Hacia un sistema de rendición de cuentas en pro de los derechos de las personas migrantes en México” será difundido en la página web del Insyde a partir de este mes e incluye 99 recomendaciones a diversas instituciones públicas, 59 de ellas dirigidas al INM.

Para elaborarlo, Wolf y su equipo hicieron 264 solicitudes de información a 26 dependencias –70% de las peticiones al propio INM–; 140 entrevistas a servidores públicos del instituto y otras dependencias, así como a personal de organismos públicos nacionales y estatales de derechos humanos, académicos, defensores y periodistas.

Asimismo, los investigadores del organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación visitaron 11 estaciones migratorias en otros tantos estados donde se entrevistaron con 47 migrantes.

De 1994 a la fecha el INM ha recibido 34 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ha sido denunciado por agrupaciones defensoras de migrantes a causa de la presunta corrupción de su personal, así como por la violencia que ejercen contra ellos y por la supuesta colusión de varios agentes con el crimen organizado.

En sus conclusiones, el diagnóstico del Insyde, cuya copia obtuvo este semanario, incluye los perfiles de los funcionarios del instituto creado en 1993, empezando por Vargas Fosado, a quien el presidente Enrique Peña Nieto puso como titular aun cuando no tiene el perfil adecuado.

Con base en los perfiles de los comisionados del INM y en entrevistas con expertos, los investigadores del Insyde sostienen: “Los nombramientos de los comisionados y de los cargos subordinados responden a razones ajenas a la migración, tales como la pertenencia partidaria, amistades, grupos de compadrazgo o familiares”…

“(Los comisionados) se han desempeñado como meros administradores, supervisando operativos, autorizando pagos de nómina y conservando la opacidad del INM bajo el argumento de que la migración es un asunto de seguridad nacional.”

Cecilia Romero –directora del instituto en el sexenio de Felipe Calderón, con quien tenía “una larga relación política”– “colocó en los delegados y directores generales a personas de su partido, el PAN. Y como algunos eran más bien operadores políticos del partido, la descomposición del INM se agravó bajo su administración”, señalan Wolf y sus colaboradores.

Con Vargas Fosado, los delegados provienen de la Policía Federal o del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), indica Wolf a la reportera. Y añade: “aunque dice que les tiene confianza y confía en que le sean útiles en la depuración del instituto, para limpiarlo sólo se necesita voluntad, no policías”.

Vargas Fosado, comisionado en la desaparecida Policía Federal Preventiva y exdirector del Cisen, se negó a responder a los investigadores del Insyde. Lo mismo hizo Carmen Mercedes Guillén Vicente, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, instancia de la que depende el INM.

 

Datos y diagnósticos

 

Con una plantilla de 4 mil 495 empleados, el INM no cuenta con servicio profesional de carrera ni con personal contratado bajo el régimen de honorarios. Las contrataciones se realizan por medio de convocatorias públicas. Y en cuanto a los controles de confianza, son poco fiables, según la información obtenida por el Insyde en diversas instancias públicas:

“En el INM se han dado problemas en dos sentidos: primero, la ocurrencia del creaming o favoritismo durante los controles de confianza, haciendo que ingresen a la institución personas posiblemente no idóneas por haber aprobado exámenes deliberadamente fáciles, mientras otras personas se quedan fuera por no pasar exámenes deliberadamente difíciles (…) Segundo, la retención de personal reprobado por favoritismos personales o políticos.”

Y como opera con opacidad, según el diagnóstico, no hay criterios para sancionar a responsables de irregularidades en el instituto, “pese a que no son pocas”.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) entregó al Insyde 34 auditorías públicas en versión íntegra con 156 observaciones y 23 informes más clasificados como reservados por un plazo de tres años en versión pública con 117 observaciones de documentos correspondientes al periodo 2006-2012. Del Programa Paisano, por ejemplo, la dependencia facilitó tres auditorías íntegras aplicadas en 2005.

La información proporcionada por la dirección general de Denuncias e Investigaciones de la SFP, escribieron Wolf y su equipo, “muestra cómo las debilidades existentes en la supervisión y en los controles internos permiten prácticas tales como irregularidades en los trámites y el desvío de fondos”.

De 2003 a 2011, indica el diagnóstico, se registraron mil 651 quejas y denuncias administrativas registradas por el Órgano Interno de Control del INM contra servidores públicos adscritos a las delegaciones regionales (ahora estatales); en 2012 se registraron 790 quejas y denuncias.

Con respecto a las delegaciones con mayores problemas –Chiapas, Distrito Federal, Quintana Roo y Veracruz–, refiere: “Aunque se desconozcan los motivos y resultados de las quejas, en términos geográficos los datos apuntan a focos rojos de presuntos actos perniciosos dentro del INM”.

Ante posibles actos de corrupción y abusos, el instituto “efectúa depuraciones sin recurrir a la imposición de sanciones”; prefiere la separación del cargo o pide la renuncia de los servidores públicos en lugar de los ceses.

De esta manera el INM sortea largas investigaciones, evita pagar indemnizaciones y la plaza puede volver a ocuparse en poco tiempo. Sin embargo, el corolario es que las prácticas que produjeron la separación del cargo quedan en la impunidad, indica el diagnóstico.

Y añade: Entre 2002 y 2013 fueron cesados 237 servidores públicos del instituto; 140 eran agentes federales, y 29 funcionarios fueron inhabilitados –entre ellos 22 agentes federales–, aunque no se precisan las causas.

Por lo que respecta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) –otra de las instancias consultadas por los investigadores del Insyde para conocer el número de bajas en el servicio médico durante ese mismo periodo–, según la información proporcionada, se separaron del instituto 81 personas, mientras 5 mil 170 empleados de todos los niveles se dieron de baja:

“Las bajas por renuncia no permiten constatar el motivo de las renuncias, las cuales se pueden dar por razones de distinta índole. Sin embargo, el patrón parece indicar que el INM suele pedir la renuncia a su personal de confianza que ha recurrido a malas prácticas. Esto se puede dar cuando se dan sospechas de malas conductas, pero no se logró sustentar las investigaciones, o para evitar pago de investigaciones.”

En cambio las sanciones impuestas por el Órgano de Control Interno del INM por violaciones a derechos humanos de los migrantes son mínimas. De 2006 a la fecha, de acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Administración de Personal, sólo hubo 27, de los cuales 15 eran agentes federales de migración.

“Las sanciones impuestas incluyen 21 suspensiones por entre tres y 30 días, la mayoría de ellas por 15 días, así como cuatro amonestaciones públicas y dos destituciones con inhabilitación por un año y dos años, respectivamente. Las sanciones más graves –las destituciones– se dieron por la detención arbitraria de extranjeros, mientras que gran parte de las suspensiones se debieron a arbitrariedades en los aseguramientos. Dos sanciones más que nos dan idea sobre las malas prácticas dentro del INM se refieren al suministro de un medicamento caducado y la expedición de un certificado médico sin contar con las facultades necesarias.”

 

Las negativas

 

A falta de declaraciones de Vargas Fosado, el diagnóstico recurrió a la información que el comisionado del INM proporcionó a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados en su comparecencia del 10 de abril de 2013.

Ese día el funcionario expuso ante los legisladores el caso de la delegación de Quintana Roo. Se trata de una “revisión aleatoria de expedientes de regularización (en la que se) encontraron inconsistencias en por lo menos mil de ellos (también) se encontraron 270 mil pesos en el casillero de uno de los jefes en turno”, por lo que 150 funcionarios de esa delegación fueron dados de baja.

“A finales del primer semestre de 2013, el INM ya había autorizado bajas definitivas de un total de 352 de sus servidores públicos, incluidos cuatro directores generales, 13 delegados federales, 20 directores de área, 69 subdirectores de área, 81 jefes de departamento y 165 enlaces operativos”, además de que supuestamente se iniciaron siete averiguaciones previas, indica el diagnóstico.

Alude también a los sueldos desproporcionados del personal del instituto: “Mientras un director de área recibe un salario neto mensual de por lo menos 31 mil 693.80 pesos, un agente federal de migración “B” percibe apenas 7 mil 372 pesos netos al mes”.

Asimismo, incluye testimonios de migrantes y defensores de derechos humanos que señalan a funcionarios del INM de distintos niveles por abusos y actos de corrupción, algunos de los cuales, en lugar de ser sancionados, fueron cambiados de adscripción.

Con respecto a la corrupción, destaca: “A pesar de las buenas intenciones que se dan a conocer (en la administración de Vargas Fosado) siguen la corrupción y los abusos, el problema parece radicar en el entorno contaminado.

“Las mejores técnicas de control de confianza serán inútiles si la descomposición institucional envicia tanto los procedimientos como a nuevos reclutas que son absorbidos por las viejas estructuras. El camino hacia la reducción y el control de la corrupción sistémica dentro del INM tiene que pasar por la creación de mayores medidas de protección y apoyo a los agentes migratorios.”

Recomienda también el trato que Fosado Vargas debe dar a su personal: “Cuando tengan mejores condiciones de trabajo y un sentido de pertenencia a la institución, la tentación de lucrar con los migrantes y aprovecharse de lagunas legales disminuirá”.

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