Primer Informe: los desafíos

Cuando ya esté circulando el presente número de Proceso, el presidente Enrique Peña Nieto presentará su Primer Informe de Gobierno. Al escribir estas líneas ignoro el contenido de dicho documento, pero no los acontecimientos que han marcado a la presente administración, iniciada con brío, decisiones espectaculares y promesas esperanzadoras que se han ido desdibujando.

Hasta el momento, son más las promesas incumplidas y las reformas inconclusas o inciertas que los logros. Los desafíos superan a los resultados. A pesar de una intensa y costosa campaña de comunicación gubernamental, la realidad se ha impuesto sobre los intentos por moldearla, y la popularidad del presidente es menor a la de sus dos antecesores, en el mismo lapso.

En nueve meses, el optimismo inicial del sexenio se ha tornado incertidumbre. Se ha transitado del consenso a la polarización. El Pacto por México, que permitió superar el estancamiento político y diseñar una ambiciosa y necesaria agenda reformista, se tambalea. De las más de 10 reformas profundas propuestas –educativa, telecomunicaciones, transparencia, financiera, política, combate a la corrupción, energética y hacendaria, entre otras– sólo han sido aprobadas las tres primeras. Las de las instituciones bancarias y la política están  atoradas en el Congreso; la fiscal aún no es presentada y la creación de la Comisión Anticorrupción ha sido postergada indefinidamente.

Haber dotado de autonomía constitucional al IFAI encadenando sus resoluciones a la Consejería Jurídica de la Presidencia significa una regresión, no un avance hacia una mayor y mejor transparencia. Mal precedente para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la transparencia, indispensables para que la reforma energética rinda frutos a la nación.

Las reformas educativa y energética han polarizado a la sociedad. Los acontecimientos que han tenido lugar en la Ciudad de México por la oposición de la CNTE a la reforma educativa muestran el colapso de un sistema obsoleto y disfuncional que se niega a morir, en el que se mezclan varios factores: los saldos de un corporativismo educativo corrupto, creado por el PRI, aprovechado con creces por los gobiernos panistas y vigente a pesar del encarcelamiento de Gordillo; la intransigencia de un sindicalismo propiciador de corruptelas y mediocridad magisterial, preocupado más por mantener prebendas que por la superación profesional, sin el propósito de mejorar la ínfima calidad de la educación, y, por último, el desdén gubernamental por las legítimas demandas del magisterio.

La omisión de no haber negociado a tiempo con los representantes sindicales provocó las manifestaciones y los excesos conocidos por todos y condenados por  la mayoría: el cerco en torno a las cámaras de Diputados y  Senadores, que obligó a los congresistas a legislar en sedes alternas improvisadas y a postergar la aprobación de una de las tres leyes secundarias (la de Servicio Profesional Docente); el caos vial en el centro de la capital durante varios días, y el bloqueo de los accesos al aeropuerto de la Ciudad de México durante 11 horas.

Todo se ha desarrollado en medio de la inacción del gobierno del Distrito Federal, justificada falazmente con el argumento de que la “represión” ocasionaría un “derramamiento de sangre”. Es claro que la negativa de Miguel Mancera a cumplir con su obligación de aplicar la ley se debió a que no quiso pagar los costos de un conflicto imputable al gobierno federal, sin importar que ese cálculo político haya dejado a los ciudadanos y a las instituciones democráticas en la indefensión. En síntesis: caos, demagogia e irresponsabilidad compartidos por la CNTE con los gobiernos federal y capitalino. No obstante, y a pesar de sus limitaciones, la reforma educativa debe seguir adelante. Es inadmisible que los maestros de la CNTE se nieguen a ser evaluados.

La reforma energética también ha polarizado a los actores políticos y a la opinión pública, lo cual impide el análisis y el diálogo constructivos. Una vez más, la dimensión simbólica e ideológica de la discusión se ha impuesto sobre la racionalidad económica, anulando la posibilidad de modernizar a Pemex mediante la integración de las diversas aportaciones de partidos políticos y especialistas en la materia.

La visión dilemática suprime el raciocinio. Ningún problema complejo es blanco o negro ni puede resolverse mediante un sí o un no. Los cómos, las soluciones profundas y eficaces, basadas en una planeación razonada, son ajenos a la cerrazón del puño y de la mente. La demagogia, los intereses particulares y la corrupción tienen muchas máscaras. La lucha por la figura de Cárdenas es una de ellas.

Los esfuerzos por cambiar la percepción del crimen y la inseguridad han sido anulados por la contundencia de los hechos de violencia que siguen abrumando a la sociedad, sin que hasta ahora el gobierno haya presentado una alternativa clara de combate al crimen organizado y sin que existan resultados convincentes en la materia.

A la violencia en las ciudades se ha sumado el surgimiento de grupos de autodefensa o policías comunitarias en al menos 50 municipios de 13 estados de la República, que revelan la falta de autoridad y capacidad para brindar seguridad, además de representar un serio reto para el Estado. La situación en Guerrero y Michoacán podría desembocar en una grave amenaza para la seguridad nacional si de ahí surgieran grupos guerrilleros apoyados por el crimen organizado. La pobreza que padece la mitad de la población profundiza el riesgo.

A la ancestral desigualdad social se suma un preocupante estancamiento de la economía. Las estimaciones de crecimiento económico para este año han descendido bruscamente a la mitad, de 3.6% a 1.8%. El desempleo aumenta, la inversión extranjera se frena y continúa la baja productividad de una economía en la que el 59% de los trabajadores labora en la informalidad.

Lamentablemente, la realidad rebate el optimismo oficial. Aún le quedan cinco años al gobierno actual para enfrentar los desafíos. No basta con maquillarlos.

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