MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando ya esté circulando el presente número de Proceso, el presidente Enrique Peña Nieto presentará su Primer Informe de Gobierno. Al escribir estas líneas ignoro el contenido de dicho documento, pero no los acontecimientos que han marcado a la presente administración, iniciada con brío, decisiones espectaculares y promesas esperanzadoras que se han ido desdibujando. Hasta el momento, son más las promesas incumplidas y las reformas inconclusas o inciertas que los logros. Los desafíos superan a los resultados. A pesar de una intensa y costosa campaña de comunicación gubernamental, la realidad se ha impuesto sobre los intentos por moldearla, y la popularidad del presidente es menor a la de sus dos antecesores, en el mismo lapso. En nueve meses, el optimismo inicial del sexenio se ha tornado incertidumbre. Se ha transitado del consenso a la polarización. El Pacto por México, que permitió superar el estancamiento político y diseñar una ambiciosa y necesaria agenda reformista, se tambalea. De las más de 10 reformas profundas propuestas –educativa, telecomunicaciones, transparencia, financiera, política, combate a la corrupción, energética y hacendaria, entre otras– sólo han sido aprobadas las tres primeras. Las de las instituciones bancarias y la política están atoradas en el Congreso; la fiscal aún no es presentada y la creación de la Comisión Anticorrupción ha sido postergada indefinidamente. Haber dotado de autonomía constitucional al IFAI encadenando sus resoluciones a la Consejería Jurídica de la Presidencia significa una regresión, no un avance hacia una mayor y mejor transparencia. Mal precedente para la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la transparencia, indispensables para que la reforma energética rinda frutos a la nación. Las reformas educativa y energética han polarizado a la sociedad. Los acontecimientos que han tenido lugar en la Ciudad de México por la oposición de la CNTE a la reforma educativa muestran el colapso de un sistema obsoleto y disfuncional que se niega a morir, en el que se mezclan varios factores: los saldos de un corporativismo educativo corrupto, creado por el PRI, aprovechado con creces por los gobiernos panistas y vigente a pesar del encarcelamiento de Gordillo; la intransigencia de un sindicalismo propiciador de corruptelas y mediocridad magisterial, preocupado más por mantener prebendas que por la superación profesional, sin el propósito de mejorar la ínfima calidad de la educación, y, por último, el desdén gubernamental por las legítimas demandas del magisterio. La omisión de no haber negociado a tiempo con los representantes sindicales provocó las manifestaciones y los excesos conocidos por todos y condenados por la mayoría... Fragmento del análisis que se publica en la edición 1922 de la revista Proceso, ya en circulación.