MÉXICO, D.F. (apro).- En una larga sesión que se prolongará hasta la madrugada de este 4 de septiembre, los senadores del PRI, PAN y Partido Verde aprobaron con 102 votos a favor la Ley General de Servicio Profesional Docente, frente a 22 votos en contra de la mayoría de las bancadas del PRD y del PT, quienes criticaron la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, al tiempo que se reservaron cerca de 25 artículos para la discusión en lo particular. En el debate, salió a relucir la acusación por “fraude clientelar” en contra de Luisa María Calderón Hinojosa, del PAN, quien fue defendida en tribuna por el coordinador panista, Jorge Luis Preciado. Los senadores priistas Graciela Ortiz, Daniel Armando Gaxiola, Raúl Aarón Pozos Lanz, Nely Romero Celis y René Juárez, exgobernador de Guerrero, subieron a tribuna para destacar “las bondades” de esta ley, al tiempo que los senadores del PRD, Alejandro Encinas, Dolores Padierna, Fidel Démecis, Luis Sánchez y Raúl Morón criticaron la reforma educativa y advirtieron que existe una “escalada de violencia” alentada por el gobierno federal en contra de la CNTE. Por el PAN, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, consideró que son “reformas preliminares de una primera generación” y podrán mejorarse posteriormente. El senador Manuel Bartlett, del PT, consideró que no se trata de una reforma educativa sino “de un nuevo estatuto laboral” que creará, además, un “conflicto de operación” porque el nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa tendrá mayores atribuciones que la SEP. “El conflicto social que han creado no se resuelve con un albazo legislativo”, les advirtió Bartlett, ex secretario de Educación Pública durante el gobierno de Carlos Salinas. Por su parte, Alejandro Encinas, del PRD, ironizó señalando que esta reforma no elimina “los poderes fácticos”. “¿Quiénes son los poderes fácticos? ¿Son los maestros quienes crearon el cacicazgo de Elba Esther?...Los poderes fácticos son ustedes mismos, el Estado mismo y los gobiernos priistas y panistas”, les reprochó el ex jefe de Gobierno capitalino. Aprobación en comisiones Sin modificaciones a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, los senadores del PRI, PVEM y PAN, integrantes de las comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, aprobaron la iniciativa que esta tarde se comenzó a discutir en el pleno de la Cámara alta. Se prevé un largo debate con 19 reservas de los legisladores del PRD y por lo menos dos del PAN. El senador perredista Raúl Morón reservó 19 de los 83 artículos que forman parte de la Ley General de Servicio Profesional Docente. Aseguró que no se está cumpliendo con el objetivo fundamental: “fortalecer al maestro en su función en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y ni siquiera está planteado como un objetivo, entonces me parece que esta ley no empieza a cumplir su propósito”. Morón, quien lleva la batuta de la bancada del PRD respecto de esta ley, afirmó que aprobar sin cambios la minuta procedente de la Cámara de Diputados violentaría los derechos laborales. Añadió: “Ninguna ley puede ser retroactiva y las conquistas de los trabajadores en absoluto pueden ser trastocadas”. A su vez, el senador oaxaqueño Benjamín Robles Montoya, también del PRD, advirtió que si no se analiza con el tiempo necesario esta ley, “podría pasar lo que ha ocurrido en otras reformas educativas, que quedan ahí como un proceso ineficaz”. Subrayó: “Que no quede duda, el PRD sí quiere una Ley de Servicio Profesional Docente, pero bien hecha, no como ésta. Sí queremos que participen en ella los actores fundamentales, entre ellos el magisterio”. El PAN avaló la minuta proveniente de la Cámara de Diputados, pero adelantó que presentará dos reservas enfocadas a hacer transparentes los resultados de las evaluaciones de los maestros. Puntos polémicos La minuta que llegó de San Lázaro incorporó más de 30 cambios a la iniciativa original, aprobada el 19 de agosto. La mayoría de las modificaciones, realizadas antes de que se votara el pasado domingo 1, flexibilizan las medidas de evaluación, pero otras aún generan la oposición del PRD y del PT. Uno de los artículos que cambió por completo fue el 7, relacionado al Servicio Profesional Docente y al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Se enumeraron 10 funciones del INEE en relación con la evaluación, lo cual generaría un “problema operativo”, dicen algunos legisladores, ya que se coloca por encima de la autoridad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el artículo 22 se incorporó la figura de “nombramiento definitivo” para aquellos docentes, después de seis meses de servicios, sin nota desfavorable en su expediente. Se creó en el mismo artículo la figura del “tutor” que tendrán los maestros durante un periodo de dos años. Este “tutor” será designado por la autoridad educativa o el organismo descentralizado. “Las autoridades educativas y los organismos descentralizados realizarán una evaluación al término del primer año escolar y brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del docente”, afirma la nueva redacción aprobada. La figura del “nombramiento definitivo” para los docentes se agrega también en el artículo 27. Cuando en la evaluación se identifique la insuficiencia en el desempeño de las funciones de dirección, “el personal volverá a su función docente en la escuela”. Los sistemas de “promoción” de los maestros se modificaron en el artículo 41 de la misma ley. En el artículo 44 se estableció que quienes participen en alguna forma de promoción distinta a lo establecido en la ley, “incurrirán en responsabilidad y serán acreedores a sanciones correspondientes”. El tema de las polémicas “promociones” –incluyendo cuando sean delegados sindicales– se retomó en los artículos 71, y 72 y 78. Se redactó un nuevo artículo 59, dedicado a “la formación continúa, actualización y desarrollo profesional” de los docentes. Se establece la posibilidad de que las autoridades educativas firmen convenios de colaboración con instituciones dedicadas a la formación pedagógica “nacionales o extranjeras”, para ampliar las opciones de formación, actualización y desarrollo profesional. El PAN impugna la redacción del artículo 79. Considera que la información que se genere de los exámenes de evaluación debe ser transparente y no sujeta “a las disposiciones federales en materia de información pública, transparencia y protección de datos personales”. Este mismo artículo considera que “los resultados y recomendaciones individuales que deriven de los procesos de evaluación serán considerados datos personales”.