A partir del domingo 1 de septiembre, el priista Raúl Cervantes Andrade preside la Mesa Directiva del Senado y será quien encabece las discusiones y la eventual aprobación de la reforma energética. Cercano a Enrique Peña Nieto, al Consejo Coordinador Empresarial y a hombres de negocios del ramo gasero –estuvo casado con Angélica Fuentes, La Reina del Gas–, Cervantes presentó ya en 2007 una iniciativa en la que abogaba por la participación de la iniciativa privada en Pemex. Hoy vuelve a la carga, con todo el apoyo de Los Pinos... MÉXICO, D.F. (Proceso).- El priista Raúl Cervantes Andrade –abierto promotor de la privatización de Pemex y de los contratos de exploración a particulares– será a partir de este domingo 1 el presidente de la Mesa Directiva del Senado, precisamente la cámara donde se procesará la reforma constitucional en materia energética del presidente Enrique Peña Nieto, además de la fiscal y hacendaria, ambas prioridades de su gobierno. Desde el 26 de abril de 2007, como integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LX Legislatura, Cervantes Andrade presentó una iniciativa que apoyó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los magnates del gas de Chihuahua. En ella propuso reformar tres artículos de la Ley Reglamentaria del 27 constitucional para permitir a Pemex celebrar contratos “compartidos” en producción y utilidades en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, así como modificar la Ley Orgánica de Pemex para crear un nuevo consejo de administración en el cual participara la iniciativa privada y la paraestatal pudiera abrir hasta en 20% las acciones a los inversionistas (Proceso 1636). Para Francisco Rojas Gutiérrez, presidente de la Fundación Colosio y director de Pemex durante el salinismo, la iniciativa de su correligionario constituía, dijo, “la estrategia más peligrosa” para privatizar el sector energético. Hoy, Rojas Gutiérrez está al frente de la Comisión Federal de Electricidad y Cervantes preside el Senado en el proceso más ambicioso de la reforma energética. Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales durante el primer año de la actual legislatura, a Cervantes se le identifica como uno de los senadores más estrechamente vinculados al coordinador de la bancada priista, Emilio Gamboa Patrón, y con “derecho de picaporte” en Los Pinos. El vínculo entre Peña Nieto y el senador se fortaleció durante la campaña electoral de 2012. Cervantes ha sido asesor jurídico de poderosos grupos empresariales, como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Cervantes también jugó un papel clave en la defensa jurídica del candidato presidencial priista durante el escándalo del Monexgate. Fue el responsable de entregar a la Procuraduría General de la República la documentación y la argumentación jurídica para rechazar la compra de votos y la triangulación ilegal de dinero a través de Monex. Y aun cuando admitió que el PRI utilizó 7 mil 851 tarjetas de prepago para distribuir 66.32 millones de pesos a su estructura electoral, negó que fuera por un monto superior a los 250 millones de pesos y que ese partido hubiera realizado la transacción directamente. Como coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la campaña de 2012, contratacó también al empresario mexicano-estadunidense José Aquino, quien denunció públicamente un supuesto intento de extorsión en la compra-venta de espacios publicitarios a favor de Peña Nieto en televisoras de Estados Unidos. Y aunque se le mencionó como posible consejero jurídico de la Presidencia de la República, terminó en la LX Legislatura del Senado, donde se le asignó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Desde esa posición ha desempeñado un rol protagónico en la aprobación de las reformas constitucionales emanadas del Pacto por México: la educativa, la de telecomunicaciones y, ahora, la energética. En ellas ha favorecido la posición de los grupos empresariales. Consultados por Proceso, senadores que dictaminaron la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión sostienen que Cervantes trató de desechar las propuestas consensuadas en las consultas públicas para aminorar el sesgo que la iniciativa presidencial tenía a favor de las televisoras, especialmente de Televisa. La cercanía de Cervantes con el consorcio de Emilio Azcárraga Jean data de hace años. Durante la discusión en la Suprema Corte de Justicia sobre la Ley Televisa, en 2006, el entonces diputado federal consideró que la decisión de los ministros de declarar inconstitucional el refrendo automático de las concesiones ponía en riesgo “la seguridad jurídica, financiera y de inversión de todas las concesiones del Estado”, no sólo las de radiodifusión. En marzo de 2008, como integrante de la LX Legislatura en San Lázaro, formó parte de la comisión investigadora de los contratos con Pemex Refinación, firmados por Juan Camilo Mouriño, entonces secretario de Gobernación y accionista de la empresa Ivancar, que recibió más de 100 millones de pesos en contratos sin licitar. Las “investigaciones” de aquella comisión sólo duraron dos meses. En ese lapso sólo citaron a comparecer al director de Pemex Refinación, el ingeniero José Antonio Ceballos Soberanis; al titular de la Secretaría de Función Pública, Salvador Vega Casillas, y al presidente de la Canacar, Tirso Martínez. –Díganos, ingeniero –intervino Cervantes durante la comparecencia del director de Pemex Refinación–, ¿Mouriño les habló por teléfono para pedirles algún contrato? –¡De ninguna manera! –respondió Ceballos. Cervantes terminó su intervención exonerando a Mouriño y apoyando las reformas energéticas de Felipe Calderón. “Si se aprobaran las reformas de Pemex que plantea el presidente Calderón, nos ahorraríamos todas estas suspicacias”, comentó Cervantes, en clara referencia a la participación de inversionistas privados en la paraestatal.   El apoyo de los gaseros   Doctor en derecho corporativo por la Universidad Panamericana, exdirector de CEA Abogados, Raúl Cervantes ha sido un exitoso litigante cercano a grupos empresariales como Estrella Blanca, de Salvador Sánchez Alcántara, y también a la poderosa Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), en la cual se agrupan los magnates más importantes del ramo que apoyan la apertura de Pemex, sobre todo la inversión privada en gas shale. En 2005 Cervantes se casó con la empresaria de origen juarense Angélica Fuentes Téllez, directora general por más de una década de Grupo Imperial, bautizada como la Reina del Gas por las revistas de negocios. La unión civil no duró mucho tiempo, pero los intereses del sector gasero y la posición del futuro presidente del Senado sí. Desde 2008, Fuentes Téllez es esposa de Jorge Vergara, dueño de Omnilife y del club de futbol Chivas. Fuentes Téllez fue presidenta de la AMGN durante dos periodos consecutivos entre 1996 y 2000 y es integrante de Natural Gas Council y la American Gas Association, organismos vinculados a los poderosos consorcios estadunidenses interesados en invertir en la explotación del gas natural y del gas shale en México. En su iniciativa que presentó en abril de 2007, Cervantes propuso transformar Pemex “en un organismo público descentralizado bajo el régimen de sociedad de interés público, cuyo capital estaría conformado por las acciones de la serie A (80% de capital social) y acciones de la serie B (20%). “Los títulos de esta serie podrán aportarse a un fideicomiso para que el público (únicamente personas físicas mexicanas) adquiera derechos fideicomisarios sobre los mismos. Las acciones serie B otorgarían derechos corporativos limitados y dividendos.” También propuso reformar los artículos 5 y 6 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional para abrir los yacimientos transfronterizos a la inversión privada, otorgándole facultades a la Secretaría de Energía para que, de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, negociara y suscribiera con empresas extranjeras contratos para el aprovechamiento de los hidrocarburos localizados en regiones transfronterizas, principalmente las del Golfo de México. Con respecto a las reformas al artículo 6 de la Ley Reglamentaria del artículo 27, el entonces ­diputado insistió en otorgarle a Pemex la facultad de celebrar “contratos de obras y de prestación de servicios para explorar y desarrollar yacimientos y demás actividades que requieran para poder explotar el petróleo y los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos en tres modalidades”. Una de esas modalidades, los “contratos de exploración y desarrollo compartidos”, es muy similar al modelo de “contratos de utilidad compartida” que propone la iniciativa actual del presidente Peña Nieto. El entonces ­diputado federal describió estos contratos “para ejecutar con sus propios medios y por su exclusiva cuenta y riesgo las actividades de exploración y desarrollo. A cambio, podrá preverse una cierta remuneración determinada”. La propuesta –que permaneció en la “congeladora” ante la modificación del proyecto calderonista– era muy similar a la iniciativa de apertura impulsada por Angélica Fuentes Téllez desde que presidió la AMGN y recibió el respaldo del CCE. En octubre de 1997, en Nuevo México, Fuentes Téllez animó a sus homólogos de Estados Unidos a invertir en conjunto con compañías mexicanas, “como ya se hace con el gas natural”. Fuentes Téllez pertenece a una de las familias más acaudaladas de Ciudad Juárez. Su padre, Valentín Fuentes Varela, fundó el Grupo Imperial; su tío Miguel Zaragoza Fuentes es propietario de Hidrogás y de Z Gas. En octubre de 1990, la agencia federal antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) investigó a estas empresas por el ingreso de 3 mil 957 kilogramos de cocaína a territorio estadunidense en un tráiler de gas LP (Proceso 1201). Sus primos –de apellidos Zaragoza Fuentes y Fuentes Zaragoza– han sido mencionados en escándalos como la investigación de Amigos de Fox y en los casos relacionados con los feminicidios en Ciudad Juárez. Uno de los hermanos de Angélica, Valentín Fuentes Téllez, se casó con Karla Korrodi, hija de Lino Korrodi, cerebro financiero de la campaña del panista Vicente Fox en el año 2000. En los documentos elaborados por Pemex para promover la inversión privada en la explotación de gas shale en México, identifica cinco grandes reservas geológicas ubicadas precisamente en Chihuahua, en la Cuenca de Burgos (Tamaulipas), en Tampico-Misantla, en Sabinas-Burro-Picachos y en Veracruz. Según la paraestatal, se trata de “la cuarta reserva más grande a nivel mundial de este tipo de gas”.   La agenda del Senado   En el próximo periodo ordinario de sesiones, desde el Senado el gobierno federal y el PRI pretenden concretar los temas pendientes de las reformas educativas y de telecomunicaciones, así como las de transparencia y la político-electoral, pero sobre todo la energética y la fiscal. Durante el primer año del gobierno de Peña Nieto, el procedimiento ha sido impulsar cambios constitucionales (sobre todo en educación y telecomunicaciones) y posteriormente modificaciones a las legislaciones secundarias. El mismo procedimiento pretende aplicarse al rubro energético. Hasta ahora sólo se conoce la iniciativa de reformas a los artículos 27 y 28, enviada al Senado por el Ejecutivo federal. Este mecanismo de aprobación y procesamiento de las reformas se encuentra estancado a raíz del descontento entre los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) por la aprobación fast track de las leyes secundarias en materia educativa: la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; la Ley del Servicio Profesional Docente –que también debió aprobarse en el periodo extraordinario de sesiones por ambas cámaras– se pospuso. El Instituto Belisario Domínguez del Senado realizó una consulta para incorporar observaciones a las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, promulgada el 26 de febrero de 2013, pero ninguna de las propuestas, sobre todo en materia de la Ley del Servicio Profesional Docente, fue incorporada. Así consta en el documento Puntos clave para la legislación reglamentaria de la reforma constitucional en materia educativa, elaborado por el propio instituto y cuya copia tiene Proceso. Algo muy similar podría ocurrir con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Los senadores aprobaron cambios a cinco artículos y dejaron 17 transitorios, pero los puntos fundamentales quedaron pendientes para la legislación secundaria, así como la integración de los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). Hasta ahora sólo se conocen los nombres de los siete aspirantes a dirigir el Ifetel enviados por el Ejecutivo federal, aun cuando no se han presentado las iniciativas en legislación secundaria, en particular la llamada Ley Convergente, que sustituiría a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones. Ahí se espera “revisar con lupa” todas las posibles trampas en contra de la reforma constitucional, según advierten especialistas consultados por el reportero. Cervantes será quien encabece este proceso de discusión en el Senado.