MÉXICO, D.F. (apro).- Familiares de los 12 tepiteños secuestrados en el bar Heaven, cuyos cadáveres fueron localizados en una fosa del rancho La Negra en Tlalmanalco, Estado de México, el pasado 22 de agosto, exigieron a las autoridades que les sean entregados los resultados de los dictámenes forenses que se practicaron a las víctimas. En conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Comunicación Social (Cencos), madres y padres de los jóvenes secuestrados el 26 de mayo afirmaron que tienen conocimiento de que la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó los estudios de identificación de los cadáveres y no les han dado información alguna, lo que consideraron como una revictimización hacia ellos. "Exigimos que los resultados de los 13 expedientes completos e integrados de los dictámenes multidisciplinarios forenses sean entregados a nosotros, los familiares, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), con el fin de tener certeza sobre los procedimientos", solicitaron las víctimas mediante un comunicado leído por María de Jesús Fonseca, hermana de Eulogio Fonseca, una de las víctimas. La petición de los familiares se debe a que después de tres semanas del hallazgo de los cuerpos, hasta ahora no han podido verlos. Asimismo, lamentaron que la PGJDF se comprometiera a entregar entre el 26 y el 31 de agosto pasado los cadáveres que presuntamente corresponden a los tepiteños secuestrados, pero a la fecha no lo ha hecho. En días pasados, la PGR informó en un comunicado que ya había concluido los trabajos periciales de identificación de las 13 personas secuestradas en el bar Heaven, y que el Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo había determinado remitir los restos humanos y todos los indicios relacionados a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pero no fue así. Los familiares de las víctimas insistieron que ya solicitaron a la PGR los resultados del análisis, pero no se los han querido proporcionar, por lo que también solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Además, adelantaron que buscarán entrevistarse con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que les explique por qué quiere cerrar la investigación que inició la Fiscalía Antisecuestros, y para que les informe de manera formal los avances y acciones a realizar en el caso. También quieren pedirle que asuma el compromiso de dar seguimiento puntual a las acciones de la Procuraduría capitalina, que haya resultados y que se reanuden las reuniones semanales con el titular de la dependencia, Rodolfo Ríos Garza. Por su parte, Ricardo Martínez, abogado de las víctimas, alegó que hay "una serie de indicios" que apuntan a que los asesinatos de los tepiteños fueron perpetrados por miembros de la delincuencia organizada, por lo que reprochó que la PGR no haya tomado el caso. También se quejó de que no se esté aplicando en el caso ningún precepto de la Ley General de Víctimas, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 9 de enero. "Ahí está la norma, se debe de aplicar y no lo están haciendo. Pareciera que es una ley muerta", lamentó. Los familiares de las víctimas pidieron también "medidas de protección" por temor a que puedan sufrir algún tipo de agresión mientras exigen la defensa de sus derechos. Una de las líneas de investigación que sigue la autoridad capitalina en el plagio y asesinato de los tepiteños es que fue un acto de venganza del grupo delictivo La Unión de Insurgentes, por el asesinato –el 24 de mayo– de Horacio Ángel Vite, El Chaparro, uno de sus distribuidores de droga en la Zona Rosa y la Condesa.