La guerra de Ernesto

Ernesto era un niño de dos años cuando presenció cómo soldados del regimiento Arica de La Serena asesinaron a mansalva a sus padres: Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos; argentino él, mexicana ella. Juan Emilio Cheyre, subteniente de ese regimiento, entregó al menor a unas monjas. Ernesto inició en el 2000 una batalla judicial en contra de los responsables del asesinato; en 2002 el militar se convirtió en comandante en jefe del ejército. En vísperas del 40 aniversario del golpe, la historia de Ernesto se divulgó en los medios chilenos y él pudo confrontar en un programa de televisión al propio Cheyre, quien –escándalo de por medio– se vio obligado a renunciar a su cargo de presidente del Sistema Electoral de Chile.

VALPARAÍSO, CHILE (Proceso).- El “cara a cara” entre Ernesto Lejderman Ávalos y el excomandante en jefe del ejército de Chile Juan Emilio Cheyre fue uno de los ejercicios periodísticos más impactantes que se hayan realizado en la televisión de este país.

Lejderman es hijo de María del Rosario y Bernardo, quienes fueron asesinados por militares del regimiento Arica de La Serena, y Cheyre, que actualmente preside el consejo directivo del Servicio Electoral (Servel), era teniente de dicho regimiento cuando se perpetró el doble crimen.

La noche del 20 de agosto, en el programa de entrevistas El informante, de Televisión Nacional de Chile (TVN), que conduce el periodista Juan Manuel Astorga, por primera vez se enfrentaban dos personajes que, como pocos, simbolizan las dos caras de la historia de violaciones a los derechos humanos vividas en Chile bajo la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet.

Por una parte estaba el hombre que cuando era muy niño presenció cómo acribillaban a sus padres; por otra, el oficial que, en su condición de asistente principal de Ariosto Lapostol, comandante del regimiento Arica, llevó a Ernesto en sus brazos a un convento. Al momento de entregarlo a las religiosas, Cheyre les dijo que sus padres se habían suicidado.

En entrevista con Proceso, Lejderman sostiene que Cheyre aceptó hablar públicamente por primera vez de su tragedia y de su participación en ella porque “ya veía su imagen muy opacada”. Ernesto alude a la publicación de una columna del rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, el 18 de agosto último, en el diario El Mercurio, en la que criticó duramente el silencio de Cheyre en torno al caso Lejderman-Ávalos.

“Es probable que Cheyre racionalice ese recuerdo pensando que la entrega de ese niño habla bien de él y de su bondad, y que cuando calla da una muestra de modestia moral. Pero alguien debe decirle que no es así. El hecho del que participó ni es digno de estima ni su actitud encomiable ni su silencio aceptable ni su memoria algo que le pertenezca sólo a él”, escribió Peña.

Cinco días antes, en el noticiario principal de TVN se había difundido un reportaje en el que por primera se narró la tragedia de la familia argentino-mexicana. “Es por esto que Cheyre, quien nunca quiso hablar en público respecto de la participación que tuvo al llevarme a las monjitas, aceptó este cara a cara”, dice Ernesto.

El hijo de Rosario Ávalos y Bernardo Lejderman revela que Cheyre pretendió ir al programa El informante acompañado de un abogado que presentaría argumentos con la finalidad de demostrar la inocencia del militar. “Por supuesto que no cedí ante tales presiones y planteé que tenía que ser un cara a cara con Cheyre”, expone Lejderman.

De todos modos, Cheyre se las arregló para llegar con ventaja. Pidió que se mostrara una nota editada elegida por él. “Yo acepté –dice Lejderman–, pero me sorprendí al ver (en dicha nota) a Héctor Salazar, quien fuera mi abogado hasta 2009”.

A pesar de la triquiñuela, Lejderman despedazó a Cheyre.

Luego de una nota introductoria, Ernesto abrió fuego: “Estoy aquí por la memoria de mi papá y mi mamá. Estoy aquí porque sigo planteando que tiene que haber justicia y todavía no la hay. No le deseo ni a Cheyre ni a ningún militar genocida ni a nadie lo que mis padres vivieron. Tampoco lo que viví yo al tener que presenciar el crimen”.

Y se lanzó directo: “¿Por qué cuando fue jefe del ejército (de 2002 a 2006, durante el gobierno de Ricardo Lagos) no dijo dónde estaban los restos de los detenidos desaparecidos? (…) “Yo invito a Cheyre a que rompa los pactos de silencio y cuente de verdad dónde están. Que diga qué pasó con mi mamá y con mi papá, de verdad”.

Cheyre intentó justificarse: “Ese dolor tan profundo que él sintió, también yo lo sentí. Quiero decir que a mí eso me conmovió y me sigue cruzando mi vida. Pero también quiero decir que a los 40 años es necesario… no olvidar, pero sí construir futuro a partir de esa experiencia…”.

El periodista Astorga lo interrumpió pidiéndole que se ciñera en específico al cuestionamiento que se le hacía.

“Con respecto a la pregunta que él me hace –prosiguió Cheyre–, el compromiso con la verdad que yo asumí fue integral. Si yo hubiese sabido algo más en relación al caso de Ernesto, sin duda lo habría dicho. No sé más de lo que dije en los tribunales y no es del caso analizarlo ahora, porque creo que nuestra conversación no va por el tema de los tribunales, sino que va por el tema humano, por el tema del dolor (…) yo no omití nada en relación a temas tan tremendos como los lanzados al mar (…) yo no omití nada con respecto a asumir la responsabilidad del ejército que ningún comandante en jefe del ejército ha hecho en el mundo, en cuanto a la responsabilidad que teníamos en los crímenes del pasado (…) no omitimos nada.”

Pero Lejderman insistió en que no se ha dicho toda la verdad del caso. Le recordó la versión dada por el ejército respecto de la muerte de sus padres: que se habían suicidado en la precordillera haciéndose estallar con dinamita. También le trajo a la memoria que en 2004 –cuando Cheyre era jefe del ejército– le escribió una carta haciéndole esta pregunta: “¿Qué le pasó a mi mamá y mi papá?”. Pero Cheyre no respondió.

“¿Por qué tantos años de silencio?”, le preguntó ahora Lejderman con enojo.

“Esa mentira a la que alude Ernesto –res­pondió el general en retiro– es la misma mentira de la cual soy víctima yo (…) Hay una verdad oficial que se nos comunica a nosotros y que creemos (…) Yo nunca dudé, porque nunca tuve un antecedente para dudar.”

Explicó que él se dio cuenta de la falsedad de la versión oficial una vez que comenzó el juicio, en el 2000. Entonces el periodista le recordó que el crimen de los Lejderman-Ávalos se dio a conocer en 1991, cuando se publicó el Informe Rettig. Este reporte fue preparado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el presidente Patricio Aylwin, que investigó e informó respecto de los crímenes de la dictadura militar.

Cheyre, acorralado, expresó: “Cuando se conoce el Informe Rettig, en Chile, el ejército lo niega. Yo nunca lo leí. El general Pinochet sacó un informe propio y ese es el que conocemos los oficiales. Ahora, es cierto que podría haber sido más acucioso”.

Este fue el peor momento del militar, que hablaba sin convicción.

Cuando el programa estaba finalizando y aún acababan la música y los créditos de cierre, Ernesto se paró y se fue. Nada de despedidas.

Un día después de la emisión del programa, y como resultado del vendaval de críticas recibidas, Cheyre renunció a la presidencia del Servel, la instancia encargada de organizar y sancionar las elecciones en Chile, aunque se mantuvo como vocal del Consejo Directivo de la institución.

A Lejderman se le pregunta cuáles son sus reflexiones respecto de lo vivido en el debate con Cheyre.

“Creo que fue altamente positivo para la sociedad chilena. Por mi parte, se vio una historia terrible: contar cómo matan a mi mamá y a mi papá no fue nada sencillo”, responde.

Ernesto subraya el hecho de haber sostenido “que toda la sociedad chilena fue víctima” de la dictadura. Puntualiza: “La gente, además de solidarizarse con mi historia, se vio emparentada con mis palabras, palabras que a 40 años del golpe ningún familiar había tenido la posibilidad de plantear en la TV masiva y abierta en Chile, porque siempre los que transmitieron fueron los poderosos”.

Y añade: “La sociedad chilena, a 40 años del golpe, pide a gritos verdad, memoria y justicia. Esta es una de las razones por las cuales tuvo mucha repercusión e impacto este cara a cara.

“Al plantear que su dolor (el de Cheyre) es semejante al mío, subestimó a los televidentes chilenos. Yo creo que esta comparación que él hace es realmente inmoral, y eso la sociedad chilena no lo perdonó, ni perdonará a Cheyre, que era un referente académico y político.”

Impacto social y batalla legal

Las consecuencias del encuentro televisivo entre Lejderman y Cheyre no acabaron con la renuncia del militar a su cargo público. En los días subsiguientes las emisoras de televisión desempolvaron sus registros históricos. Se incrementó el número de programas especiales alusivos a los 40 años del golpe de Estado. Se invitó a personas que fueron torturadas por agentes de la dictadura para que contaran su drama, hasta ahora oculto. En fin, se descorrió la cortina que cubría los crímenes más horrendos ocurridos en la historia de Chile. Y en eso ayudó mucho la gesta de Ernesto.

Luego del asesinato de Rosario Ávalos y de su cónyuge Bernardo Lejderman las gestiones judiciales fueron asumidas por las representaciones diplomáticas de México y Argentina. Los restos de María del Rosario Ávalos fueron exhumados en abril de 1974 y trasladados al Cementerio General de Santiago. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile le informó entonces al encargado de Negocios de México en Chile que ella se suicidó haciendo estallar un cartucho de dinamita que llevaba consigo.

Algo muy similar se le informó a la legación de Argentina en cuanto a Lejderman padre. El 3 de enero de 1974, Enrique Carvallo Díaz, subsecretario de Relaciones Exteriores de la dictadura, le notificó que Lejderman “era un peligroso activista que estaba siendo buscado por una patrulla militar en la zona cordillerana. Cuando se le encontró, en la localidad de Gualliguaica, y, al verse éste sorprendido, intentó huir. Como no lo lograra, hizo estallar un cartucho de dinamita que llevaba entre sus ropas. Dado que su muerte se produjo por su propia voluntad, no procede establecer responsabilidades por el hecho”.

Once días después, la cancillería chilena ampliaba esta información señalando que, debido a que los restos de Bernardo Lejderman “quedaron diseminados por el lugar, el piquete debió juntarlos y darles sepultura, sin que fuese posible hacerle una autopsia”.

Esta explicación mostró toda su falsedad el 1 de agosto de 1990, cuando se exhumó el cuerpo de Bernardo: estaba entero y no evidenciaba mayores fracturas. Esta diligencia se hizo por orden del juez del pueblo de Vicuña, David Salazar, quien le dio trámite a una denuncia por inhumación ilegal presentada por organizaciones de derechos humanos de La Serena. Sin embargo, la justicia militar intervino en el caso y consiguió quitarle la causa a Salazar para luego sobreseerla en 1992.

El 4 de diciembre de 2000 Ernesto Lej­derman presentó una querella penal contra el exdictador Augusto Pinochet y otros seis oficiales de ejército por los delitos de “homicidio, asociación ilícita genocida e inhumación ilegal”. Tras una larga batalla judicial, que implicó varias decenas de viajes de Buenos Aires –donde reside– a Chile, cientos de gestiones, protestas solitarias y el abandono de su propia vida, Ernesto consiguió justicia, aunque no de manera cabal.

En mayo de 2009 la Segunda Sala de la Corte Suprema dictó sentencia definitiva en torno al caso. En fallo dividido, este tribunal determinó condenar al jefe de la patrulla asesina, Fernando Polanco Gallardo, a cinco años y un día de prisión. El mismo castigo recibieron los soldados Héctor Vallejos Birtiola y Luis Fernández Monjes. Ariosto Lapostol y Cheyre quedaron absueltos porque supuestamente no participaron en el crimen. El máximo tribunal rechazó indemnizar a Lejderman por el daño que se le causó.

En diciembre de 2007 la Corte de Apelaciones de Santiago impuso a los tres condenados 10 años de cárcel. Además, dispuso el pago de una indemnización equivalente a unos 600 mil dólares, medida que fue revocada.

Se le pregunta a Lejderman qué sensación le dejó la citada sentencia de la Corte Suprema. “Amargura y desconcierto”, responde, y agrega: “Estaba esperanzado en obtener una sanción más significativa. El impacto mayor fue enterarme que la Corte Suprema dejó sin castigo al principal mentor del crimen de mis padres, al jefe del regimiento Ariosto Lapostol. Con ese fallo, la justicia chilena está diciendo,, por un lado, que reconoció el crimen como de lesa humanidad; que comprobó que mis padres no se suicidaron con dinamita frente a su hijo de dos años, sino que fueron acribillados a balazos de metralleta. Pero, por otro lado, dejó afuera del proceso a los militares de alto rango. Éstos ni siquiera fueron llamados a declarar (…) La Corte Suprema está diciendo con este fallo que cedió ante las presiones de los militares que todavía gozan de mucho poder en Chile y sancionó a tres militares de bajo rango. Además, por arte de magia, se aplicó la figura de la media prescripción, dando solamente cinco años de cárcel a los tres subalternos”.

En rechazo a la decisión, y toda vez que los derechos de Ernesto a la protección judicial y al debido proceso, fundados en los artículos 63 y 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “no han sido debidamente respetados por el Estado de Chile”, el 18 de noviembre de 2009 él solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se abriera una causa para sancionar a Chile por su proceder en el caso. Esta acción jurídica fue patrocinada por el abogado Tomás Ojea Quintana.

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