PUEBLA, Pue. (apro).- Los legisladores de Movimiento Ciudadano Ricardo Monreal Ávila y Ricardo Mejía Berdeja presentaron un punto de acuerdo para exigir al gobierno de Rafael Moreno Valle que esclarezca las violaciones a los derechos humanos cometidas contra tres jóvenes, a quienes acusó de pretender sabotear el desfile del 5 de Mayo. El integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) René Sánchez Galindo informó que además se pide al gobernador poblano que detenga el acoso jurídico que persiste contra estos jóvenes, a quienes se implicó en “actos terroristas” sólo por mensajes que enviaron a través de Facebook para una manifestación contra el presidente Enrique Peña Nieto. En la rueda de prensa, en la que dio a conocer este punto de acuerdo que presentarán los diputados, estuvieron presentes Néstor López Espinoza, de 22 años, y Eduardo Salazar Velázquez, de 19, dos de los jóvenes que fueron detenidos previo al Desfile de la Batalla de Puebla, que fue el primero presidido por Peña Nieto como presidente. En el escrito, se hace referencia a que ambos jóvenes, junto con Iván Ismael Guizasola Vázquez, de 20 años, fueron secuestrados “con lujo de violencia” el 3 de mayo de este año por sujetos vestidos de civil y encapuchados que los sometieron a torturas físicas y psicológicas. Refiere que los tres jóvenes fueron detenidos por difundir en las redes sociales invitaciones a manifestarse en contra de Enrique Peña Nieto durante el desfile del 5 de Mayo. “Fueron esposados y trasladados a un lugar que no podían identificar”, explica el punto de acuerdo, “durante el trayecto los amenazaban con violarlos y matarlos. Fueron obligados a firmar documentos que no les dejaron leer. Fue hasta el sábado en la noche que supieron que se encontraban detenidos por autoridades estatales, que los secuestradores y torturadores eran policías ministeriales”. Recuerda que a partir de una supuesta denuncia anónima, los tres jóvenes fueron acusados de organizar una página de Facebook titulada “Revolución 2013 Puebla” de la cual se divulgó una invitación para “asistir” a una manifestación pacífica, llamada “#Op5deMayo”. Después de que los jóvenes fueron detenidos por el supuesto delito de “conspiración de motín”, ya cuando estaban encarcelados la Procuraduría de Justicia de Puebla, al no encontrar elementos para sostener este cargo, los consignó por los delitos de resistencia de particulares, portación de instrumento peligroso y por cohecho. “Todos estos delitos tienen una característica: la única prueba es la declaración de los policías estatales. Alcanzan fianza, pero como consta en la Comisión Estatal de Derechos Humanos este beneficio fue negado hasta el lunes 6 de mayo por la tarde”, precisa. En el punto de acuerdo también se hace referencia al manejo de información en que incurrieron algunos medios de comunicación que tildaron a los jóvenes de “terroristas” y de “urdir un plan para atentar contra la vida de Peña Nieto”. “Inclusive en un programa de televisión conducido por Pablo Hiriart, Cadena 3, se utilizaron fotografías de los jóvenes que fueron tomadas por los policías estatales después de haberlos desaparecido por varias horas”, agrega. A pesar de que la autoridad ha reconocido que no han encontrado ningún elemento que les permitiera suponer que pretendían alguna acción violenta el 5 de mayo, el proceso jurídico contra los jóvenes continúa, luego de que los policías ministeriales que los detuvieron no han acudido a declarar ante el juzgado. “La visita de Enrique Peña Nieto el pasado 5 de mayo al estado de Puebla fue muy mal manejada por el gobierno estatal. Cometieron excesos y abusos. Utilizaron el aparato represor que debiera ser erradicado. La Secretaría de Gobierno estatal ha estado ausente en toda esta secuela de violaciones a los derechos humanos, salvo por el momento de ordenar el uso de los instrumentos represivos con los que todavía cuenta”, puntualizan los legisladores.