MÉXICO, D.F. (apro).- El director para América de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, aseguró que la estrategia impulsada por el expresidente Felipe Calderón, quien ordenó a las fuerzas militares ejecutar la política de guerra contra el narcotráfico, resultó “absurda” y “fracasada”. No sólo no resolvió el problema, dijo, sino que cobró la vida de 70 mil personas, sin contar las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por soldados. Durante su participación en el Foro Tricameral "De la prohibición a la regulación: nuevos enfoques en políticas de drogas”, Vivanco lamentó que en la jurisdicción penal militar existan 5 mil 500 investigaciones abiertas por presuntos abusos de elementos del Ejército Mexicano. De esas investigaciones, añadió, sólo hay cuatro causas "cerradas con una condena" por "hechos atroces", de las cuales dos están en apelación. Añadió: "Ese es el récord que deja una política que impuso el abuso y la arbitrariedad (...) Todo eso como resultado de una guerra elegida, absurda, fracasada, como fue la guerra impulsada por Calderón". El director para América de HRW, quien admitió que la respuesta de mano dura de los gobiernos no sólo existe en México, sino en otras partes de la región, como en Colombia y varias ciudades de Brasil, consideró que los gobiernos no deben imponer sanciones penales por consumir droga, sino fomentar campañas de prevención y atención a adicciones, como sucede actualmente con el consumo del alcohol y tabaco. Luego de pronunciarse por la despenalización del consumo de la mariguana, Vivanco subrayó, no obstante, que las sanciones penales son legítimas cuando hay conductas inapropiadas bajo el influjo de las drogas que pongan en riesgo a un tercero o a un menor. En junio pasado, en el marco de la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), realizada en Antigua, Guatemala, HRW afirmó que los gobiernos de las Américas debían promover políticas para despenalizar el consumo personal de drogas, a fin de reducir la violencia y los abusos de las fuerzas de seguridad contra la población. "Las políticas nacionales sobre control de drogas que prevén sanciones penales para el consumo personal de drogas atentan contra derechos humanos fundamentales", puntualizó en un comunicado. En esa ocasión añadió: "A fin de disuadir el consumo nocivo de drogas, los gobiernos deberían aplicar, en cambio, políticas en materia reglamentaria y de salud pública que no tengan carácter penal". HRW también sugirió a los gobiernos de las Américas adoptar medidas para reducir las "graves consecuencias" a los derechos humanos de las políticas actuales sobre producción y distribución de drogas. "El temor a ser objeto de sanciones penales disuade a quienes consumen drogas de utilizar servicios de salud y recibir tratamiento, e incrementa el riesgo de que se expongan a actos de violencia, discriminación y enfermedades graves", detalló en su comunicado. "La 'guerra contra las drogas' ha tenido efectos nefastos en las Américas, que incluyen desde matanzas perpetradas por despiadadas organizaciones de narcotráfico hasta abusos aberrantes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad que las combaten", dijo entonces José Vivanco. Subrayó: "Son muchas las medidas que los gobiernos pueden y deben adoptar para disuadir, prevenir y remediar el uso nocivo de drogas (...) Sin embargo, no deberían hacerlo castigando a las personas cuya salud se pretende proteger".