Y el país no avanza…

En memoria de Álvaro Mutis,

poeta enraizado en el mundo.

 

Deja vu. La polarización ocasionada por la iniciativa de reforma energética que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto recuerda lo ocurrido hace apenas cinco años con la reforma petrolera propuesta por la administración panista. En aquella ocasión, el PRI se opuso a lo que, corregido y aumentado, pretende ahora con el beneplácito del PAN. Esta vez, la aritmética legislativa indica que la reforma puede ser aprobada por mayoría con los votos del PRI, el PAN y el Verde, lo cual responde a la lógica de la democracia representativa.

No obstante, el inconcluso tránsito del autoritarismo hacia un régimen democrático ha ocasionado un grave déficit de representatividad aunado a una crisis de credibilidad. Ello ha conducido a plantear el uso de los métodos de la democracia participativa para resolver un tema tan controvertido y trascendente como el de la industria petrolera.

Cuauhtémoc Cárdenas ha propuesto que en 2015 se realice una consulta nacional vinculatoria en caso de que la reforma sea aprobada en el Congreso. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador quiere que la consulta tenga lugar antes de que la propuesta del Ejecutivo se someta al Legislativo. La primera opción podría resultar extemporánea, y la segunda parece ser jurídicamente improcedente o, al menos, poco factible.

La fracción octava del artículo 35 constitucional establece que las consultas públicas sobre temas de trascendencia nacional serán convocadas por el Congreso, a petición del presidente de la República, por el 33%  de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, o por al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores (equivalente a un millón y medio de personas, aproximadamente). El resultado de la consulta sólo será vinculatorio si la participación total correspondiera, por lo menos, al 40% de los electores. Además, las consultas deben realizarse el mismo día de la jornada electoral federal; en este caso, el primer domingo de julio de 2015. Para efectuarla antes, como lo busca la Asamblea Nacional en Defensa del Petróleo y de la Economía Popular, sería necesario modificar la Constitución.

Al igual que hace un lustro, el espacio de negociación es mínimo (o nulo). El Senado ha montado otro foro de monólogos ante oyentes programados para votar de acuerdo con el interés partidario, haciendo caso omiso de la conciencia, el raciocinio o el interés nacional. El pasado lunes 23, Cárdenas fue el primero en participar; inmediatamente después, los legisladores del PRD abandonaron el foro por considerar que no hubo equidad en la selección de los ponentes. López Obrador se negó a concurrir con el argumento de que el debate era una mera simulación. En medio de la rebatinga política, nuevamente se diluye (o anula) la posibilidad de sacar a Pemex de la baja productividad y el pantano de corrupción en que se encuentra.

Y el país no avanza…

Hoy, como ayer, las izquierdas se han unido para oponerse a lo que califican de privatización de la industria petrolera. El gobierno asegura que Pemex no se privatiza. ¿A quién creerle? Unos recurren a la manipulación mediática y otros abrazan con fervor la raída bandera del nacionalismo revolucionario. Ambas simplificaciones eluden el análisis, la argumentación y el diálogo. Abrazados a sus creencias e intereses, privilegian la dimensión simbólica sobre el razonamiento económico.

Por un lado, se ignora el contexto internacional, no se examinan casos de éxito en el mundo, como Statoil o Petrobras, y se niega la posibilidad de aplicar las experiencias fructíferas de todos los países petroleros –con excepción de Kuwait y Arabia Saudita– para la exploración y perforación en aguas profundas o para explotar las reservas de gas y aceite de lutitas que puedan estar en el subsuelo patrio. Según ciertas estimaciones, en México existen 681 billones de pies cúbicos de gas natural y 13 mil millones de barriles recuperables de shale oil. (3 dilemas. Un diagnóstico para el futuro energético de México, CIDAC, 2013, página 7.)

En el extremo opuesto, son magnificadas las cualidades de la inversión privada, olvidando los abusos e ineficiencias de las privatizaciones promovidas durante el salinato. Al mismo tiempo, se esquivan las medidas de transparencia y anticorrupción indispensables para que la riqueza petrolera beneficie primordialmente a la nación y a los mexicanos, en lugar de quedar en manos de empresas trasnacionales o de un puñado de políticos aspirantes a jeques.

A política revuelta, ganancia de demagogos. Por un lado, los conceptos de nacionalismo y patriotismo adquieren visos de autarquía. Por el otro, el patrimonio y la dignidad nacional se ofrecen al mejor postor.

Y el país no avanza…

La realidad ha alcanzado a la virtualidad mediática del proyecto del gobierno. El descontento social obligó a la administración a rectificar el rumbo trazado. Fue cancelada la aplicación del IVA a medicinas y alimentos; se dio un enfoque asistencialista a la reforma hacendaria; no aumentó la base tributaria, por lo cual fue necesario elevar el déficit presupuestario para 2014, equivalente al 1.5 del PIB, sin considerar la inversión de Pemex.

Es improbable que en esas circunstancias disminuya la dependencia de las finanzas públicas de la renta petrolera (32.8%), como se había ofrecido. La situación es aún peor si se toma en cuenta que Estados Unidos, al le vendemos el 80% de nuestras exportaciones petroleras, pronto dejará de comprar unos 100 mil barriles diarios de petróleo a México. (CIDAC, página 27.)

La reforma energética es fundamental para el gobierno, más aún en la actual coyuntura. Tiene los votos para lograrlo. Ante esa posibilidad, la oposición de izquierda haría una gran aportación si consiguiera introducir en la reforma constitucional y en la legislación secundaria las medidas de transparencia, rendición de cuentas y auditoría, así como de prevención, combate y sanción de la corrupción en Pemex. Esto sí podría impedir la expoliación petrolera y propiciar el avance del país.

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