El campo, ahogado por la ineptitud
A México se le vino encima un alud de incompetencia que se fue acumulando durante 30 años. Sin políticas efectivas para mantener limpios los ríos y omiso ante la especulación inmobiliaria, el gobierno vio impotente cómo la destrucción llegó de la mano de dos ciclones. A los aproximadamente 150 muertos y a los centenares de miles de damnificados se agrega otro afectado: el campo mexicano, que ahora enfrenta una carrera contra el tiempo pues si en tres semanas no se distribuyen las partidas de emergencia se perderán las cosechas en varios estados, como Sinaloa y Veracruz.
Desde los años ochenta el gobierno federal no ha desarrollado programas de inversión para reforzar y desazolvar la infraestructura hidráulica del país. En una sola semana esa omisión costó al menos 147 vidas, centenares de miles de damnificados, casas destruidas, desgajamientos de cerros, kilómetros de carreteras arrasadas y grandes afectaciones a la agricultura.
Una semana después de que Manuel e Ingrid devastaran amplias zonas en 18 entidades de la República, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorización para ejercer 300 millones de pesos. Con esa suma realizará estudios en las presas a fin de poner en marcha alternativas para mejorar su seguridad. El organismo informó que en México existen 115 presas y bordos con fallas que representan un gran riesgo, toda vez que pueden ocasionar decenas de muertes, destrucción de poblaciones, daños a la infraestructura carretera y eléctrica e incluso parálisis económica.
Según el director general de la Conagua, David Korenfeld, la dependencia mantiene vigilancia especial en 57 presas y 67 ríos con niveles de alerta. También indicó que se trabaja con particulares que operan 70% de las más de 5 mil 100 presas existentes en México.
A una semana de los embates de Manuel e Ingrid, los estragos ocasionados son incalculables. “De no realizarse los estudios descritos anteriormente y las obras necesarias que de ellos emanen, las afectaciones por la falla de las presas se verán reflejadas en la pérdida de vidas humanas, centros de población urbanos y rurales, infraestructura existente (vías de comunicación o electricidad), zonas productivas (agrícolas, ganaderas, pesqueras, avícolas o industriales), así como desabasto en el suministro de agua potable y parálisis económica”, apunta Korenfeld.
Y abunda: “Durante la temporada de lluvias o incluso en su operación normal, las presas y bordos pueden representar situaciones de peligro por la falla en sus estructuras y, en consecuencia, daños a la población, a sus bienes e infraestructura ubicada aguas abajo, susceptibles de resultar afectadas en caso de un desbordamiento por insuficiencia de la obra de excedencias, ruptura o falla total de la cortina. El envejecimiento de las estructuras, el diseño inadecuado y la falta de conservación aumentan el peligro”.
Durante los últimos 20 años, informa Conagua, se han reportado 187 presas con fallas o en riesgo de sufrirlas. La mayoría de los malfuncionamientos se debe a rebases de la cortina por insuficiencia del vertedor, deslizamientos y tubificación del cuerpo de la cortina (un tipo de erosión).
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1926, ya en circulación)
Desde los años ochenta el gobierno federal no ha desarrollado programas de inversión para reforzar y desazolvar la infraestructura hidráulica del país. En una sola semana esa omisión costó al menos 147 vidas, centenares de miles de damnificados, casas destruidas, desgajamientos de cerros, kilómetros de carreteras arrasadas y grandes afectaciones a la agricultura.
Una semana después de que Manuel e Ingrid devastaran amplias zonas en 18 entidades de la República, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorización para ejercer 300 millones de pesos. Con esa suma realizará estudios en las presas a fin de poner en marcha alternativas para mejorar su seguridad. El organismo informó que en México existen 115 presas y bordos con fallas que representan un gran riesgo, toda vez que pueden ocasionar decenas de muertes, destrucción de poblaciones, daños a la infraestructura carretera y eléctrica e incluso parálisis económica.
Según el director general de la Conagua, David Korenfeld, la dependencia mantiene vigilancia especial en 57 presas y 67 ríos con niveles de alerta. También indicó que se trabaja con particulares que operan 70% de las más de 5 mil 100 presas existentes en México.
A una semana de los embates de Manuel e Ingrid, los estragos ocasionados son incalculables. “De no realizarse los estudios descritos anteriormente y las obras necesarias que de ellos emanen, las afectaciones por la falla de las presas se verán reflejadas en la pérdida de vidas humanas, centros de población urbanos y rurales, infraestructura existente (vías de comunicación o electricidad), zonas productivas (agrícolas, ganaderas, pesqueras, avícolas o industriales), así como desabasto en el suministro de agua potable y parálisis económica”, apunta Korenfeld.
Y abunda: “Durante la temporada de lluvias o incluso en su operación normal, las presas y bordos pueden representar situaciones de peligro por la falla en sus estructuras y, en consecuencia, daños a la población, a sus bienes e infraestructura ubicada aguas abajo, susceptibles de resultar afectadas en caso de un desbordamiento por insuficiencia de la obra de excedencias, ruptura o falla total de la cortina. El envejecimiento de las estructuras, el diseño inadecuado y la falta de conservación aumentan el peligro”.
Durante los últimos 20 años, informa Conagua, se han reportado 187 presas con fallas o en riesgo de sufrirlas. La mayoría de los malfuncionamientos se debe a rebases de la cortina por insuficiencia del vertedor, deslizamientos y tubificación del cuerpo de la cortina (un tipo de erosión).
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1926, ya en circulación)
