MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recopiló en un Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional el conjunto de leyes que regulan los temas migratorios en el país, con el objetivo de “exigir” a los jueces y a las autoridades migratorias que conozcan y apliquen las fuentes normativas de origen nacional e internacional. Durante la presentación del documento este lunes 30, el ministro presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, sostuvo que mediante este protocolo el máximo órgano jurídico mexicano demuestra su “compromiso ante la sociedad” ya que “el Poder Judicial tiene la facultad de supervisar la actuación del resto de los poderes públicos”. Si bien el protocolo reconoce que en 2011 México aprobó la Ley de Migración –el 25 de mayo– así como la reforma constitucional en materia de derechos humanos –el 10 de junio siguiente–,  denuncia que “el acceso a la justicia de las personas migrantes y sujetas de protección internacional (refugiados y demandadores de asilo) aún enfrenta barreras y obstáculos de facto”. Uno de estos obstáculos es de carácter económico: la falta de recursos –y de tiempo– aleja a los migrantes de las cortes de justicia, debido a los gastos derivados de un juicio. Además, muchos migrantes desconocen sus derechos y las modalidades judiciales en vigor en el país. Al encontrarse en un lugar ajeno –sin lazos familiares, con diferencias culturales, sociales o económicas– las poblaciones migrantes se encuentran en una situación particularmente vulnerable, agregó Tomas Weiss, representante de la Organización Internacional para los Migrantes (OIM). Por estas razones los migrantes requieren una “atención especial”. Sentenció que “es necesario transformar los derechos formales en derechos reales”. El informe señala que los indocumentados en tránsito desconfían de las autoridades migratorias, responsables de 8.9% de los secuestros de indocumentados en 2011, según el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. Además, “existe una tendencia hacia el endurecimiento de las políticas migratorias y a vincular este tema al de seguridad nacional, lo que ha ocasionado que las personas migrantes tengan que huir de los puntos de verificación migratoria para evitar ser detenidas en estaciones migratorias y, posteriormente, deportadas a sus países”. Por lo tanto, durante su tránsito por México los indocumentados huyen de las autoridades legales, pese que se exponen a un “sinnúmero” de violaciones a sus derechos humanos. Entre éstas, destacan los robos, secuestros, asesinatos, reclutamientos forzosos en grupos criminales, explotación laboral o sexual y tráfico de personas. Obligaciones de México A través de su corpus de leyes y de los convenios internacionales que firmó, México reconoció el “derecho a migrar”, por lo que discriminalizó oficialmente la migración en 2008 y amplió el acceso a la justicia a los indocumentados en 2010. En el país se considera el hecho de viajar de forma indocumentada como una falta administrativa. Sin embargo, la SCJN critica en su documento el recurso a la detención de los migrantes y su privación de libertad “cualquiera que sea su forma de denominación” –ya que el Instituto Nacional de Migración (INM) suele emplear el eufemismo “alojamiento”. La detención, señala a los jueces, debe ser excepcional y no seguir una finalidad punitiva. Exhorta a las autoridades a respetar a la dignidad de los migrantes detenidos –como su derecho a la intimidad– e informarles de todos los recursos que les proporcionan las leyes mexicanas. Los indocumentados que sufrieron extorsiones, secuestros o tráfico humano por parte de la delincuencia organizada, así como los que han sido detenidos por las autoridades migratorias, suelen quedarse más tiempo de que marca el término legal en los llamados “centros de alojamiento”. Los primeros tienen el derecho de obtener una “visa humanitaria”, que les permite quedarse en el país con el estatuto de residente temporal. La SCJN critica la discriminación de la cual sufre los indocumentados en el país, por lo que recuerda a las autoridades que éstos también gozan de la presunción de inocencia. Los grupos migrantes más vulnerables, como los niños y las mujeres embarazadas, gozan de una mayor protección, sobre todo ante la privación de libertad. Las autoridades administrativas y judiciales deben, por ejemplo, designar un tutor o una tutora de manera gratuita a los menores de edad, con la consigna de ayudarlos en la resolución de su suerte. La justicia, abundó Silva Meza, se aplica para todos, cualquiera que sea su origen. “El tema migratorio representa uno de los mayores retos en términos de derechos humanos: implica superar el concepto de ciudadanía”, declaró. De hecho, la SCJN indica que los tribunales mexicanos deben garantizar al migrante que su decisión le ofrezca “en todo tiempo la protección más amplia”, con respecto al principio “pro persona” y de igualdad. La reforma constitucional en materia de derechos humanos otorga a los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— la capacidad de adoptar normas que amplifiquen la protección de los derechos humanos, agrega. “Después del primer paso que representa la elaboración de este protocolo, el reto será que esta herramienta sea apropiada e implementada por los y las impartidores de justicia”, sentenció en un comunicado la organización de defensa de migrantes Sin Fronteras.