Investigan a exediles de Acapulco por construcción de viviendas en zonas irregulares

MÉXICO, D.F., (apro).- Las desarrolladoras Homex, Ara y Casas Geo, junto con funcionarios y exfuncionarios de los tres órdenes de gobierno, entre ellos cuatro exalcaldes de Acapulco, Guerrero, están en la mira del gobierno de Enrique Peña Nieto por su presunta participación en la construcción de viviendas de interés social en zonas irregulares.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, son muchos los casos de corrupción en todo el país en los que las autoridades concedieron permisos de construcción de viviendas en zonas riesgosas.

Y entre las personas que autorizaron de manera irregular las licencias de construcción se encuentran los exalcaldes de Acapulco, Zeferino Torreblanca, Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve Baños, de acuerdo con investigaciones preliminares.

En la cadena de corrupción también están inmobiliarias como Casas GEO, Desarrolladora Homex, Ara y Sare.

Todos ellos serán sujetos a investigación por instrucciones de Peña Nieto para deslindar responsabilidades por las víctimas y daños que dejaron los meteoros Manuel e Ingrid en el puerto de Acapulco.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río en Excélsior Televisión, el titular de la Sedatu aseguró que se llegará al fondo para determinar y castigar a los responsables.

Asimismo, precisó que más de 6 mil casas afectadas por las lluvias tendrán que reconstruirse, pero muchas no se instalarán en las mismas zonas porque son de alto riesgo.

Ramírez Marín señaló que luego de las investigaciones sobre asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo en el país, seguramente saldrán casos de corrupción de autoridades locales.

“Creo que no es un solo caso. Son muchos casos de corrupción en todo el país, en zonas en las que evidentemente no debieron establecerse viviendas. No debieron concederse permisos, no solamente en términos de riesgos, sino del número de viviendas que se aceptan, de las condiciones de servicios que muchas veces no son suficientes para atender todas las residencias”, apuntó.

Añadió:

“Lo más sorprendente es que está en estados donde la promoción de asentamientos irregulares, de invasiones como les llamamos, están inclusive tipificados como delitos penales. Ahí estamos ante un caso muy evidente de omisión del cumplimiento de la ley”.

Explicó, además, que el programa de reubicación de las personas que perdieron sus casas no terminará en un año, debido a que “no solamente se trata de las viviendas afectadas por esta condición meteorológica, sino en general una política permanente y cambiar definitivamente a quienes están en zonas de riesgo”.

El pasado 28 de septiembre, el titular de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld, manifestó que las inundaciones ocurridas en Guerrero, principalmente en el puerto de Acapulco, están relacionadas con los permisos de construcción que se dieron para edificar vivienda sobre cauces de ríos.

Un día después, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal investigará el otorgamiento de permisos sin sustento legal para construcciones que favorecieron las inundaciones en Guerrero.

En conferencia de prensa, Peña Nieto también solicitó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, hacer lo propio en el ámbito local y que se deslinden responsabilidades.

En la reunión de evaluación que realizó en su sexta visita a esa entidad, el Ejecutivo exigió conocer cuáles fueron las zonas en las que de manera inapropiada, y con permisos seguramente también sin sustento legal, se construyeron viviendas.

Ello porque “se edificaron construcciones, lo que impidió que drenara adecuadamente el agua que se acumula por los ríos en esta región”, apuntó.

El Ejecutivo federal también solicitó al gobernador estatal que “realice las investigaciones y se deslinden responsabilidades que competan al ámbito local, como el gobierno de la República hará las propias investigaciones de aquellas afectaciones o de aquellos permisos sobre zonas federales que fueron otorgados indebidamente”.

Advirtió que es evidente que hay una zona de la población que está prácticamente en terrenos que corresponden a la laguna y son asentamientos que tienen varios años.

De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de los Asentamientos Humanos ante el Riesgo de Desastres, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cada año 250 mil terrenos se incorporan al suelo urbano de forma irregular y 90 mil hogares se asientan en zonas de alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales.

Esa última cifra ha sido reconocida por el titular de la Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien en días pasados detalló que 68% de la vivienda se edifica de manera irregular y suele contar con el aval de autoridades.

“Son muy pocos los estados que llevan a los tribunales a quien promueve las invasiones”, dijo en una entrevista radiofónica.

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