MÉXICO, D.F. (apro).- Los hechos de violencia registrados la tarde noche de ayer en esta ciudad en la marcha conmemorativa del 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco volvieron a poner sobre la mesa de debate la necesidad de regular las marchas y de ajustar el marco de acción de la fuerza púbica y de los servidores públicos vestidos de civil que participa en la mismas con detenciones ilegales, como quedó en evidencia en la jornada del pasado miércoles. En el Senado, los grupos parlamentarios del PRD y del PAN se confrontaron, luego de que los segundos propusieron una contrarreforma que sancione severamente a los manifestantes que agredan a las autoridades, amén de que exigieron al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que aplique mano dura contra los grupos que salen a la calle a manifestarse. La senadora Gabriela Cuevas recordó que tiene lista una iniciativa para regular las movilizaciones sociales que faculta a la autoridad a disolver aquellas manifestaciones contrarias “a las buenas costumbres”, a las normas de orden público, así como aquellas en que los manifestantes “profieran insultos o amenazas o apliquen la violencia contra las personas o autoridades”. El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, protestó de inmediato y dijo que dicha iniciativa se trata de una reforma “propia de la derecha más retrasada”. Pérdidas por actos vandálicos Por separado, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco) subrayó que “la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no puede ser omisa ante actos vandálicos y que, con motivos del cambio de la ley, son cada vez más comunes en cada marcha o manifestación que se realiza". En un comunicado, el organismo empresarial dijo que sólo con esta acción se evitará que los inconformes reincidan en estas prácticas. Los empresarios también informaron que los ataques de anarquistas dejaron 14 establecimientos perjudicados, con daños totales por 3 millones de pesos. Además, indicó que las pérdidas por ventas no realizadas de los comercios que bajaron sus cortinas ascendieron a 83 millones de pesos. El organismo empresarial acusó que pese a que los cuerpos de seguridad pública mantuvieron una actitud disuasiva y de contención, fueron atacados con petardos y bombas incendiarias. Asimismo, lamentó que pese a que hay detenidos, éstos no serán procesados por la justicia y tampoco pagarán por los daños ocasionados. Ayer, la Cámara llamó a los comerciantes a presentar denuncias por los daños realizados a sus establecimientos por parte de grupos de provocadores que se suman a manifestaciones. "La Cámara de Comercio hace una exhorto a todos los comerciantes que resultaron afectados a que presenten las denuncias correspondientes, a fin de que se dé celeridad a las investigaciones para dar cuanto antes con el paradero de los culpables de los saqueos y agresiones", dijo en una misiva.