VALPARAÍSO (apro).- La decisión del presidente Sebastián Piñera —comunicada el 26 de septiembre— de cerrar el lujoso Centro Penal Cordillera (ubicado en la precordillera de Santiago), supuso un duro golpe para los criminales de la dictadura de Augusto Pinochet, que ven con gran preocupación que la relativa impunidad en que vivían se está terminando. En ese recinto, conocido popularmente como “La cárcel de cinco estrellas”, se mantenían privados de libertad algunos de los mayores responsables de los asesinatos, desapariciones y torturas que sufrieron decenas de miles de chilenos tras el golpe militar de 1973. Entre ellos, el más importante de todos, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Manuel Contreras, quien acumula más de 300 años en condenas. Piñera fundamentó su decisión apelando a tres principios: la igualdad ante la ley, la seguridad de los internos, y el normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería (servicio de prisiones). El cierre del penal Cordillera afectó tanto la moral de uno de los afectados por la medida, el general y exdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Odlanier Mena, que terminó por suicidarse con un disparo en la sien. Lo hizo en su casa de Las Condes (gozaba del beneficio de la libertad por los fines de semana), dos días después de ser informado de su traslado y uno antes de que éste se hiciera efectivo. Mena cumplía condena por el fusilamiento de tres militantes socialistas, realizado el 20 de octubre de 1973 en Arica (extremo norte de Chile). Este crimen fue realizado por militares que actuaban bajo sus órdenes. Además, tuvo participación en otros asesinatos que oscurecían su futuro judicial. A pesar de la conmoción mediática originada por el suicidio de este militar retirado, Piñera no echó pie atrás en su decisión de cerrar la citada prisión de lujo. Los reos fueron trasladados en la madrugada del domingo 29 a la cárcel de Punta Peuco, ubicada 30 kilómetros al norte de Santiago. Esta tiene características especiales, pero no goza de las comodidades de Cordillera. El penal Cordillera contaba —ya fue clausurado— con cabañas para dos personas, televisión por cable, internet, teléfonos, biblioteca, canchas de tenis, piscina, además de jardines donde los presos organizaban barbacoas y festejos con invitados. Fue creado —mediante decreto 956, del 22 de noviembre de 2004— por el presidente Ricardo Lagos. Se construyó aceleradamente ante la inminente puesta en prisión de Contreras y la cúpula de la DINA, lo que se concretó el 28 de enero de 2005. El hecho de que un gobernante del Partido Socialista —como Lagos— haya creado está prisión especial; y uno de derecha —como Piñera— la haya cerrado, ha motivado comentarios y críticas de víctimas de la represión, respecto del rol que han jugado los gobiernos de la Concertación en materia de derechos humanos. Actualmente hay en todo Chile 250 exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, pero de ellos sólo 60 están cumpliendo penas en prisión. En entrevista con Apro el destacado abogado de derechos humanos Nelson Caucoto señaló que en el corto plazo va a aumentar el número de represores que van a tener que cumplir sus condenas, “más aún ahora que la Corte Suprema en alguna medida ha ido mejorando el nivel de la cuantía de las condenas, porque digamos que hubo un periodo en que simplemente se aplicaban condenas para ser cumplidas en libertad”. Ahondando en esta materia, informa que “estamos próximos al cierre de muchos otros procesos como el ‘Caso Conferencia’ (exterminación de la cúpula del Partido Comunista ocurrida en 1976), en donde son cerca de 100 los procesados, muchos de los cuales no están cumpliendo condenas”. Por lo mismo, vaticina que pronto los violadores a los derechos humanos “van a colmar las cárceles”. Así lo comprende el propio gobierno. En reunión del Comité Político de La Moneda, realizada el lunes 30 de septiembre, el ministro de Interior Andrés Chadwick informó a los presidentes de los partidos de la oficialista Alianza por Chile que el Ministerio de Justicia ordenó a las unidades técnicas de Gendarmería elaborar un plan para la ampliación de cupos en el penal de Punta Peuco, ante la inminente llegada de nuevos condenados. La capacidad del penal se duplicará para poder albergar 110 reclusos.   Por la boca muere el pez A pesar de que las condiciones especiales en las que vivían los presos del Penal Cordillera habían provocado reclamos por parte de las agrupaciones de familiares de víctimas de la represión, hasta hace poco nada hacía peligrar su privilegiada posición. Sin embargo, una entrevista realizada por CNN Chile a Manuel Contreras —difundida el 10 de septiembre— provocó un clamor generalizado por castigo efectivo contra él y sus pares. En dicha entrevista, realizada por los periodistas Mónica Rincón y Daniel Matamala, Contreras negó toda responsabilidad en los crímenes cometidos. Afirmó que la DINA no torturó a los prisioneros: “Eso estaba terminantemente prohibido”, aseguró. Además, sostuvo que no dio “órdenes de hacer desaparecer a nadie, (…) vean los procesos. No me han probado nada”, expresó desafiante. Pero, quizás, lo que provocó más irritación en la opinión pública es que haya afirmado que sus guardianes de Gendarmería estaban “para afirmarle el bastón” y que él “dormía con la conciencia tranquila”. Daba a entender que recibía trato de rey y no estaba en una verdadera prisión. Estas declaraciones aparecían en un contexto de recuperación de la memoria como el que nunca antes había ocurrido en Chile y que surgió con ocasión de la conmemoración del 40 aniversario del golpe militar. Este ambiente se expresaba —entre otros aspectos— en que los canales de televisión abrieron importantes espacios para mostrar los crímenes cometidos por la dictadura. Además, a fines de agosto apareció el libro El despertar de los cuervos (Ceibo ediciones), del periodista Javier Rebolledo, que detalla lo que ocurrió en el regimiento Tejas Verdes, de San Antonio (ciudad puerto distante 140 kilómetors de Santiago), donde Contreras era el comandante. Tejas Verdes —según se evidenció en dicha investigación— fue una especie de academia donde se formaron los torturadores y asesinos de la DINA, y donde miles de personas sufrieron torturas. El conocimiento de estos crímenes y el repudio hacia sus autores —especialmente Contreras—, se volvió algo generalizado. Como nunca antes esto se percibió en las conversaciones que ocurren en lugares públicos, en las redes sociales y en la propia cobertura que hacen los medios.   Ola de justicia Las causas de derechos humanos comenzaron a acelerarse luego que el general golpista Augusta Pinochet retornó a Chile el 3 de marzo de 2000 tras su estadía forzada en Londres. Permaneció detenido allí debido a que el juez español Baltasar Garzón cursó una orden internacional de captura —que se hizo efectiva el 16 de octubre de 1998— por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mandato, entre ellos el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ejecutado el 16 de julio de 1976. Gracias a la férrea defensa del gobierno chileno encabezado por el presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, Pinochet logró volver. Sin embargo, tras su retorno debió enfrentar un duro panorama judicial: en diciembre de 2000 fue procesado por su participación en el secuestro y posterior asesinato de 75 personas en el episodio conocido como “Caravana de la Muerte”. Aunque nunca fue condenado, su menoscabada situación (que lo llevó a simular locura para escapar de la cárcel) motivó la presentación de cientos de querellas y detonó que los tribunales agilizaran su labor y comenzaran a procesar y condenar a militares por crímenes de lesa humanidad. Esta ola de justicia no ha parado de crecer desde entonces, a pesar de los esfuerzos en sentido contrario realizados por los partidos de derecha, los grandes medios de información y algunos gobernantes de centroizquierda, como el presidente Ricardo Lagos. Este patrocinó diversas iniciativas que apuntaban a poner fin a las causas de violaciones a los derechos humanos, e indultó —en agosto de 2005— al exagente de la CNI Manuel Contreras Donaire, quien degolló (el 25 de febrero de 1982) al dirigente sindical y líder de la oposición a la dictadura Tucapel Jiménez. Pero ahora todo ha cambiado. El abogado Caucoto dice a Apro que en Chile se ha “llegado a un punto tal de reconocimiento de la obra criminal de la dictadura que ha llevado a que el propio presidente de la República haya ordenado el cierre del penal Cordillera, porque las condiciones estaban maduras para que ello ocurriera”. Este abogado consiguió en enero de 2005 que la Corte Suprema condenara por primera vez a Contreras y a la cúpula de la DINA por su participación en el secuestro del sastre Miguel Ángel Sandoval, ocurrido el 7 de enero de 1975. De esta manera logró derrotar en los hechos el decreto ley de amnistía, emitido en abril de 1978 por el dictador Pinochet y que había permitido mantener en la impunidad los atroces crímenes contra los derechos humanos ocurridos bajo su mandato. Caucoto fundó su argumentación en que este tipo de crímenes son imprescriptibles e inamnistiables. En su diagnóstico sobre la situación actual, Caucoto señala que “este aniversario número 40 del golpe militar fue relevante porque hubo una verdadera explosión y liberación de la verdad, a través de los medios de comunicación, influidos por todos estos libros que se lanzaron, de una serie de documentales y reportajes, que fueron ampliamente difundidos”. Señala que “la efervescencia que hubo en estos 40 años fue tan grande que nadie podía habérsela imaginado siquiera en el pasado”. Asegura que esta recuperación de la memoria supuso “un aumento en la conciencia ciudadana de lo que fueron las violaciones a los derechos humanos lo que indudablemente marca un hito para un futuro más promisorio”. Caucoto afirma que actualmente en Chile “hay un reconocimiento transversal de toda la sociedad, que los hechos que ocurrieron son repudiables y que nunca más debieran repetirse”. Señala que lo anterior “es producto de una lucha que ha sido incesante, que ha sido muy tesonera, larguísima en el tiempo, pero que ido consolidando sus frutos, y que habla bien de este país y que nos señala también un futuro distinto”. Este defensor de los derechos humanos cree que Chile es el único país de América Latina que tiene tal cantidad de actividad judicial, subrayando que después de 40 años de ocurridos los crímenes existan cerca de mil 400 procesos abiertos. “Cada día, cada semana —señala— se están dictando nuevos autos de procesamiento y nuevas condenas, y eso va pavimentando el camino del ‘nunca más’ que todos debiéramos edificar”.