La radio y la tele del gobernador

En el Congreso local se discute el proyecto de convertir el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en un organismo público descentralizado a fin de otorgarle independencia editorial, autonomía para generar recursos y hacerlo transparente. No suena mal. Sólo que al frente de esa transición está Sergio Ramírez Robles, quien como director de prensa del gobierno de Puebla se ganó la repulsa de la prensa por amenazar con 19 demandas a reporteros críticos. Por si fuera poco, el organismo “descentralizado” se integraría al gusto de Aristóteles Sandoval.

 

Convertido en enemigo de la libertad de expresión al promover demandas civiles del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, contra 19 periodistas, Sergio Ramírez Robles, su director de Comunicación Social hasta 2012, fue rescatado por el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval como director del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (Sjrtv) y ahora participa en la transformación de esta dependencia en organismo público descentralizado (OPD).

En marzo pasado, Ramírez Robles (quien según la página de transparencia gana 62 mil pesos pero según él 49 mil) llegó a la dirección del Sjrtv a pesar de los señalamientos en su contra por el paquete de demandas civiles contra los comunicadores en Puebla.

Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto de la oficina legal de la Fundación Artículo 19 en México, un centro defensor de periodistas, indica que el funcionario no es apto para estar al frente de un medio de comunicación público.

Señala que Ramírez Robles fue punta de lanza de la estrategia diseñada desde antes de agosto de 2011 en Puebla y puesta en marcha el 23 de octubre de 2012, cuando se procedió por la vía civil contra Fabián Gómez, reportero de la revista electrónica Contraparte Informativa, y de Adrián Ruiz, de El Heraldo de Puebla, acusados de daño moral por criticar a funcionarios de Moreno Valle.

Maldonado recuerda que las demandas se mantuvieron hasta el 22 de noviembre de 2012, cuando la administración poblana decidió retirarla, no sin condiciones: “Los comunicadores se vieron obligados a ofrecer una disculpa pública (…) Nos parece un exceso en contra de quienes ejercen la libertad de expresión y en detrimento de los comunicadores que asumen una actitud crítica”, dice.

En entrevista vía telefónica, desde la Ciudad de México el defensor de periodistas destaca que Moreno Valle es un político muy cercano a la maestra Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), actualmente presa por el presunto uso ilegal de recursos públicos y de las cuotas de los sindicalizados.

Cuando la Fundación Artículo 19 y otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión se enteraron de la demanda que se preparaba contra 19 reporteros en aquel estado, “se dio una reacción en cadena ante ese grave hecho por parte de diferentes medios” y eso obligó al gobierno poblano a parar esa acción, ante la animadversión que estaba generando en la opinión pública, relata Maldonado.

El 24 de octubre de 2012, la revista electrónica Animal Político reportó que las denuncias de Ramírez Robles fueron en contra de Fabián Gómez y Adrián Ruiz, pero estaban a punto de incluir al reportero Álvaro Delgado, de Proceso. El propio director de Comunicación Social de Moreno Valle aclaró que las primeras demandas sólo eran “la primera tanda”.

El funcionario afirmó que las denuncias incluían a periodistas que llamaban a los funcionarios “rata, perro, cerdo, homosexual, chacha o mascota”, según el medio citado.

En entrevista con Proceso Jalisco, Ramírez Robles rechaza esas críticas y dice que no existió la lista de 19 periodistas ni que tuviera la intención de demandar a Delgado.

El año pasado el propio Ramírez escribió en su cuenta de Twitter: “Las demandas que hoy (23 de octubre) presenté son civiles, no penales y sólo pido se les condene por daño moral y que publiquen la sentencia. No se pide dinero”.

Ante este reportero, indica que la legislación en Puebla permite presentar demandas civiles ante la posible conformación del delito de “daño moral”, y es el director de Comunicación Social quien tiene la facultad de promoverlas.

En cuanto a las críticas de Artículo 19, asegura que existe buena relación con esa fundación y que incluso recibió de ella una felicitación cuando el gobierno poblano dio a conocer públicamente sus gastos de publicidad.

Por ello, dice, no es cierto que sea percibido como perseguidor de reporteros y destaca que su perfil es el de un socialdemócrata libertario al que le “tocó abrir un nuevo paradigma de la relación prensa-gobierno en Puebla”, donde algunos representantes de medios pasaban de la “estricta libertad de expresión” al libertinaje. “Hay excesos de la libertad de expresión que deben ser acotados”, enfatiza. Y prosigue su defensa:

“Yo llegué a Puebla a cambiar la lógica de la inversión publicitaria. Allí había convenios generales y yo promoví pautas. Te puedo decir que en el sexenio de Mario Marín crecieron 400% los medios de comunicación, cualquier periodista serio y reconocido abría su portal y tenia financiamiento publico, hay medios en Puebla que recibieron 104 millones de pesos en tres años, otros 60 millones, por portales o por periódicos sin circulación real o certificada.”

Ramírez argumentó motivos de salud para dejar el cargo en diciembre de 2012. Tres meses después reapareció en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, tras formar parte de su equipo de transición.

El funcionario se presenta como comunicador con posgrado en administración pública y ciencias políticas, así como funcionario con la especialidad de cabildero.

También fue vocero de la Secretaria del Medio Ambiente y de la Secretaria de Economía, representante comercial de México en la Unión Europea, autor del libro Políticas públicas del mercado interno de México 2000-2006 y excatedrático de licenciatura y maestría de la UNAM, el CIDE, el ITESM y la UdeG.

Lo cierto es que su currículum, disponible en la página de internet del Canal 7, contiene graves errores de redacción y una combinación sin sentido de palabras en inglés y español.

Los antecedentes del funcionario se cuestionan ahora que el Congreso estatal analiza un decreto para transformar el Sjrtv en organismo público descentralizado, según la información oficial, para garantizarle mayor independencia editorial y autonomía financiera.

El pasado 24 de septiembre la Comisión de Vialidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso dio el visto bueno al dictamen en donde se establece que el OPD contará “con independencia editorial, autonomía de gestión financiera, con participación ciudadana y reglas claras para la rendición de cuentas”. Así se lee en el texto que consultó Proceso Jalisco y que será discutido, y en su caso aprobado, por el pleno de la LX Legislatura.

Sin embargo, todos esos postulados quedan en entredicho si a la cabeza del nuevo OPD permanece un funcionario que no muestra  respeto por la independencia editorial:

“Nos parece que el nombramiento de Ramírez (como director del SJRyT) es un premio a una persona que muestra abierta animadversión hacia periodismo critico y un reconocimiento a un funcionario capaz de a salir en contra de quien afecta la imagen de un gobierno, como ocurrió en Puebla”, reitera Leopoldo Maldonado, de Artículo 19.

 

En manos de Aristóteles

 

En el proyecto que el Ejecutivo al Congreso para conformar el nuevo OPD se indica que el Sjrtv será dirigido por una junta de gobierno encabezada por el gobernador o quien él designe, y en ella se dispondrá al menos de lugares para los representantes de las secretarías de Cultura, de Educación, Planeación y Administración, la Contraloría del Estado y la dirección de Comunicación Social.

En dicha junta, el director general del OPD fungirá como secretario técnico y será removido por libre decisión del mandatario estatal.

En cambio, la participación ciudadana queda restringida al consejo consultivo, encabezado por el titular de la Secretaría de Cultura (actualmente Myriam Vachez Plagnol) o por quien designe, y el director del OPD, más cinco lugares para consejeros ciudadanos con experiencia en comunicaciones y escogidos por el gobernador.

Al respecto, el investigador de la UdeG Enrique Sánchez Ruiz opina que debe concederse el beneficio de la duda al gobierno en su propósito de  promover grandes transformaciones en el sistema, que en enero pasado cumplió 22 años y maneja un presupuesto anual de 30 millones de pesos.

Sánchez Ruiz, quien fue ómbudsman de Radio Universidad de Guadalajara por 30 días y renunció cuando el exvicerrector Gabriel Torres pretendió obligarlo a retractarse de su primera recomendación como defensor del escucha de esa emisora, en 2008, advierte que no se debe manejar políticamente el Sjrtv ni mercantilizarlo en la supuesta búsqueda de la autonomía financiera.

Francisco Aceves González, también investigador de la UdeG y miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso de la Unión cuestiona:

“Lo primero que hay que preguntarse es quién gana con esto; si el estado, el auditorio, la sociedad o el sistema. Queda claro que es el representante del Ejecutivo quien designará a todas las personas en ese OPD y en el consejo consultivo. La verdad, no sé qué quieran hacer de ese sistema. Quizá me falta información, pero bien o mal el sistema ha logrado consolidar su propio perfil, su propio auditorio, y ahora no se ve de qué se trata.”

Le parece grave que el gobernador de Jalisco concentre tantas facultades directas sobre el OPD, que “es un medio del Estado con funciones específicas para la atención a las necesidades de la sociedad”.

Por lo tanto, dice, debe dirigir el Sjrtv “un profesional que en forma probada demuestre su respeto a los derechos elementales de la información y la comunicación públicas, que se traducen en la libertad de expresión y de derecho a ser informado. Se requiere de un perfil especializado y fuera de toda sospecha”.

De otra forma, apunta Aceves, el sistema corre el riesgo de convertirse en una empresa paraestatal que se enfoque en actividades de tipo mercantil, cuando no fue concebido para eso.

Sánchez Ruiz cuestiona, a su vez, la llegada al Sjrtv de colaboradores de los medios comerciales que, por ejemplo, hacen programas sobre el toreo (se refiere a uno que conducía Genaro Amador, que antes trabajó en la estación de radio Triple A y fue director de Fiestas de Octubre, aunque Sergio Ramírez afirma que ese espacio salió del aire hace meses).

Otro ejemplo que pone el investigador es el espacio de Canal 7 conducido por Mary Bolaños y Jaime Muñoz, con el patrocinio de marcas de alimentos para mascotas, y que se transmite también por el Canal 8 de Telecable.

 

Los símbolos del PRI

 

Una de las nuevas adquisiciones de la barra noticiosa del Sjrtv es El Charro Asqueado, personaje caracterizado José Refugio Durán. Representa a un ranchero que cuestiona a los entrevistados en forma burda y utiliza un lenguaje escatológico, que a muchos les parece ajeno a un medio público preocupado por la difusión cultural.

“Ese personaje es la réplica de Brozo en una interpretación tapatía. Se quiere hacer lo mismo que los medios privados”, observa Sánchez Ruiz.

José Refugio Durán es un empleado del área de Comunicación Social del Congreso de Jalisco que aparece en dos programas del Sjrtv; en uno de ellos acompaña a Antonio Ceja Mercado, exvocero del alcalde priista de Zapopan, Héctor Vielma, y en otro aparece al lado de Alfonso Javier Márquez, quien dirige los noticieros de la estación DK 1250, del Grupo Radiorama, y conduce uno de los tres noticieros del sistema jalisciense.

El investigador universitario menciona asimismo que existen quejas del público por la reducción de los espacios para la música de concierto y la constante cobertura noticiosa de asuntos relacionados con Televisa,  como un reciente homenaje a la cantante Yuri del que se colgó el Canal 7.

“El director de ese organismo argumentó que los inconformes eran muy poquitos y que las protestas nunca llegaron a él. Recomendaba a los inconformes que escucharan la música clásica a través de internet”, comenta Sánchez Ruiz.

Por razones similares, para el investigador Francisco Aceves es vital que el Sjrtv retome la vocación con la que fue creado: un medio público al servicio de la sociedad. “Cuando se transgreden las fronteras entre medios públicos y privados algo se envilece en el sistema de la comunicación y la difusión”, advierte.

“Los medios públicos deben ser muy celosos de su identidad y valores. Una empresa de esta naturaleza no puede hacer uso de personajes estrechamente ligados a la empresa privada, se corre el riesgo de que con los cambios se disipara esa barrera que, bien o mal, hasta ahora se ha mantenido.”

El entrevistado cuestiona de igual forma que se contrate en los medios públicos a amigos y conocidos de los funcionarios, sin tomar en cuenta la “meritocracia”, ya que esto ocasiona que esas personas terminan por trabajar y cobrar en dos lugares.

En lo que coinciden plenamente los dos investigadores consultados es en una crítica del sistema jalisciense por cambiar el azul-verde en los cintillos y banners por el rojo como color corporativo, con la clara intención de que se le relacione con el PRI (deplorable práctica en la que también caen panistas y perredistas cuando llegan al gobierno).

Para Sánchez Ruiz, todas las personas ligadas al sector cultural deben presionar a las autoridades para obligarlas a diseñar políticas claras y de orientación social, de modo que le ofrezcan a la audiencia opciones que no les ofrecen los medios comerciales.

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