MÉXICO, D.F. (apro).- La aprobación de la reforma fiscal, que incluye un impuesto especial a bebidas azucaradas y comida chatarra, provocó una frontal guerra mediática entre empresarios y organizaciones promotoras de la salud. A través de desplegados, empresas y organizaciones fijaron su postura frente a la reforma aprobada el pasado jueves 17 con el voto mayoritario del PRI, PRD, PVEM y Nueva Alianza. En uno de los textos, la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (UNPCA), la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes y la Industria Refresquera Mexicana, puntualizan que la obesidad “no se combate con impuestos” “y sí pone en riesgo el empleo y las inversiones”, además de que –subrayan– pagarán más los que menos tienen. De acuerdo con los empresarios, no hay evidencia internacional que haya comprobado la eficacia de un impuesto en el combate a la obesidad, e, incluso, en Maine, Estados Unidos, y Dinamarca, ya hubo impuestos similares que fueron derogados porque no modificaron patrones de conducta alimentaria y en cambio sí generaron efectos económicos colaterales. En otro desplegado, firmado por algunas de las organizaciones empresariales mencionadas, además de la Asociación Mexicana de Restaurantes, la Federación Nacional de Asociaciones Sindicales Autónomas y la Alianza Sindical Mexicana, anuncian su unión contra el impuesto a las bebidas en defensa de sus puestos de trabajo y la economía de sus familias, y piden a la sociedad rechazar el gravamen. “¡Di NO al impuesto a las bebidas azucaradas! ¡Ayúdanos a salvar miles de empleos!”. En el mismo sentido se pronunciaron la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (Conmexico). “El sector privado mexicano expresa su rechazo a la adopción de impuestos especiales a bebidas saborizadas con azúcares añadidos y alimentos no básicos de alta densidad calórica, basado en un supuesto argumento de salud pública”, subraya el desplegado dirigido a la presidencia, las Secretaría de Hacienda (SHCP) y de Economía (SE), así como al Congreso de la Unión. La medida, afirman, vulnera los principios de certidumbre jurídica, proporcionalidad y generalidad de la ley. “Sería un atentado contra la competencia justa y la libertad de comercio y una manifiesta violación a los acuerdos internacionales en materia de comercio e inversión extranjera”, añaden. Los empresarios destacan que los impuestos aprobados son “desproporcionados, inequitativos, regresivos y discriminatorios”, y sostienen que la industria mexicana de alimentos y bebidas no alcohólicas es una de las más “dinámicas e innovadoras” del país, pues tiene una producción de 124 mil millones de dólares, equivalentes a 4.1% del PIB total, lo que hace de México el noveno productor de alimentos industrializados del mundo y genera 800 mil empleos directos. En un desplegado aparte, el CCE dice a los diputados que lo importante es hacer crecer la economía, no aplicar más impuestos. Crear nuevos impuestos que dañan a la economía formal y erosiona el poder adquisitivo, afirma, sólo hará crecer la informalidad. “Los ajustes impositivos deben sustentarse en datos sólidos sobre el impacto de cada gravamen en la economía y el empleo. Por ello nos oponemos a una reforma meramente recaudatoria que, a través de impuestos, inhiba la competitividad, la productividad, la inversión, el ahorro y, por ende, la generación de empleos formales”, señala el CCE. En contraparte, la Organización Contrapeso y la Alianza por la salud alimentaria agradecieron a los diputados los impuestos aprobados a refrescos y comida chatarra. “¡Gracias! Con tu voto demostraste que la salud de los mexicanos es primero. Señores diputados: México les agradece su voto a favor del impuesto a los refrescos”, señala en una inserción pagada la organización Contrapeso. Por su parte, la Alianza por la Salud Alimentaria publicó un desplegado en el que explica con detalle las implicaciones que tiene en la salud el consumo de refrescos. Destaca que alto consumo de azúcar es una de las principales causas de diabetes y síndrome metabólico, y que para ello no es necesario tener sobrepeso. “Un alto porcentaje de las personas con peso normal tiene síndrome metabólico a causa de los altos consumos de azúcares y puede desarrollar diabetes, entre otras enfermedades”, sostiene. Además, refiere que los costos de la diabetes, sobrepeso y obesidad son muy altos, y las familias más pobres son las más afectadas, pues gastan hasta 35% de sus ingresos para atender esas enfermedades. De no hacer nada, advierte, para 2050 la prevalencia de la obesidad será de 22%, lo que representará más de 24 millones de personas. Según cálculos de la alianza, un impuesto de 20% en el precio del refresco disminuiría 20% el consumo promedio, y la reducción en la prevalencia de sobrepeso y obesidad sería del 2%, mientras que los ahorros alcanzarían los 13 mil millones de pesos. “Basta de la guerra sucia de las refresqueras, discutamos con base científica y siguiendo las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales”, reclama el organismo civil.